MANIFIESTO MANIFESTACIONES 7 DE OCTUBRE
2012
Buenos
días a todas y a todos.
Las
organizaciones sociales, profesionales y sindicales que constituimos la Cumbre Social os agradecemos vuestra presencia en esta
multitudinaria manifestación.
La Cumbre Social, que agrupa a 150 organizaciones en representación de
más de 900 entidades sociales y sindicales de los más diversos ámbitos de la
sociedad civil, hemos valorado la acción llevada acabo el pasado 15 de
septiembre, las últimas medidas de recorte del Gobierno y hemos establecido la respuesta social necesaria para
conseguir un cambio en profundidad de las políticas que se están llevando acabo
por parte del Ejecutivo.
La Cumbre Social considera un éxito la marcha-concentración celebrada
el pasado 15 de septiembre en
Madrid, tanto por la participación registrada, como por la oportunidad de hacer
visible la convergencia de una amplísima pluralidad de sectores y colectivos
perjudicados por la acción de gobierno.
Centenares
de miles de personas de todos los rincones de la península y representativas del diverso malestar social, se
dieron cita en la plaza de Colón de Madrid. Hoy queremos expresar nuestro más
sincero reconocimiento a todas ellas por el esfuerzo realizado y el acto de
civismo que protagonizamos.
Al
mismo tiempo, queremos denunciar el burdo intento de los representantes
gubernamentales, de algunos medios de comunicación, así como del Ministerio del
Interior, de intentar despreciar el seguimiento real de la convocatoria,
manipular a la opinión pública y convertir cualquier expresión del conflicto
social en un problema de orden público.
Basta
recordar que, en ese mismo lugar y con una asistencia menor, los que ahora
pretenden descalificarla habían asegurado reunir a millones de personas, cuando
la convocatoria era organizada por el entorno del partido que ahora nos
gobierna.
La Cumbre Social también ha manifestado su repulsa ante los hechos
acaecidos en las manifestaciones celebradas los pasados 25, 26 y 29 en Madrid, en las que se registraron cargas policiales
de extrema dureza y un importante número de detenciones y heridos.
Hemos
denunciado la estrategia del Gobierno expresada a través de su delegación en
Madrid y del Ministerio del Interior, consistente en descalificar y
desprestigiar ante la opinión pública las manifestaciones de rechazo a las
políticas antisociales promovidas por el Ejecutivo, convirtiéndolas en un
problema de orden público.
Hemos
denunciado las órdenes dadas a las fuerzas de seguridad que generaron unas
intervenciones de inusitada agresividad, una tensión del todo innecesaria, y que
dieron una imagen de manifestación violenta cuando se trataba de una
convocatoria pacífica.
Hemos
exigido que se depuren responsabilidades políticas que, en todo caso, deben
suponer el cese o dimisión de la Delegada del Gobierno (que se atreve a “sugerir” que se
“module el derecho a manifestarse”) y que los procesos judiciales en curso fuesen
archivados, como así ha sucedido finalmente.
Hemos
expresado nuestra profunda preocupación ante la deriva autoritaria que está
adoptando el Gobierno.
La
represión de las manifestaciones debe ponerse en relación con la actitud
arrogante y prepotente que se adopta desde los máximos responsables políticos
del ejecutivo, con la ausencia de diálogo social y político, con el ocultismo
con el que se abordan temas fundamentales para el país, como es el posible
rescate de la economía española, con los intentos de manipulación de la opinión
pública,…Todo ello está suponiendo una involución en nuestro sistema de derechos
y libertades, que amenaza con poner en riesgo las reglas de convivencia de las
que nos dotamos en el inicio de la transición política.
Hoy
tenemos que volvernos a hacer eco del que fue el grito más unánimemente coreado
el pasado 15S: Referéndum ya!
No
hay duda de que estamos ante un flagrante fraude electoral, como no hay duda de
que el Gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran
trascendencia para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia
y un ocultismo deliberado.
Buena
prueba de ello la tenemos en la “secreta” negociación que se está llevando
acabo para el rescate a la economía española. Esta actitud no hace otra cosa
que mermar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios
sectores de la ciudadanía y son una muestra de autoritarismo que puede acabar
amenazando seriamente la convivencia democrática. En este sentido la exigencia
de que se convoque un Referéndum, sobre el programa que se está aplicando por
parte del Gobierno, se convierte también en una exigencia de regeneración democrática.
La
ciudadanía puede, porque así lo
contempla la Constitución, y debe
ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por
la que atravesamos.
La
ciudadanía española está reaccionando.
Aquí
no hay mayoría silenciosa (concepto que recuerda la etapa más siniestra del
franquismo) con la que se pueda jugar según convenga.
En
nuestro país los ciudadanos y ciudadanas hemos alcanzado la madurez democrática
suficiente para saber lo que nos conviene y lo que no, para darnos cuenta de
cuando se nos pretende engañar.
Por
mucho que le pese al Presidente del Gobierno, aquí no hay unos ciudadanos que
se movilizan (según él lo menos) en contra de sus políticas y otros que no lo
hacen (según él los más) y por tanto, le apoyan.
El
Presidente del Gobierno no puede escudarse en las personas que no salen a la
calle a manifestarse para justificar sus apoyos. Porque la manera más sencilla de saber lo que piensan quienes se
manifiestan y quienes se quedan en casa es preguntándoles.
Sr.
Rajoy ¿porqué no pregunta al pueblo español que le parecen sus políticas?.
Es
que tiene miedo que lo que usted denomina mayoría silenciosa hable alto y claro
y le diga que no está de acuerdo con lo que su Gobierno está haciendo?
Referéndum
Ya!
La Cumbre Social ha tenido ocasión de valorar lo que en estos momentos
se puede conocer del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013 y hemos denunciado tanto la truculencia en su presentación como sus
contenidos.
En
efecto, el Gobierno ha vuelto a incurrir en un ejercicio de funambulismo
político, que no es otra cosa que un nuevo intento de manipulación de la
opinión pública, al presentar el proyecto, pues ha ocultado sus verdaderas
intenciones: por un lado transfiere a las CCAA la mayor parte de la
responsabilidad en el recorte del gasto social; por otro, oculta su verdadera
intención en temas tan sensibles como la revalorización de las pensiones
(medida contemplada en la legislación vigente que fue duramente criticada por
el PP cuando el anterior gobierno no la aplicó) y todo ello intentando, como ya
hizo en Andalucía, ganar tiempo para poder sortear las próximas citas
electorales en Galicia y País Vasco.
De
su contenido debemos denunciar que estamos ante unos Presupuestos que van a hundirnos más en la crisis e incrementar todavía más
nuestra tasa de paro.
No podemos olvidar que en el
último mes son casi 80.000 personas las que han perdido su puesto de trabajo y
que ya estamos sufriendo las consecuencias del decreto de 13 de julio, por el
cual se redujeron prestaciones por desempleo, dependencia y condiciones
salariales y laborales de las empleadas y empleados públicos.
El proyecto únicamente contempla recortes a la inversión, sacrifica los estímulos a la actividad económica y a la creación de
empleo y renuncia a una política fiscal que mejore los ingresos del Estado,
algo que está al alcance del Gobierno a través de una lucha decidida contra el
fraude, de exigir a los Bancos que paguen al menos parte de la factura de su
rescate, y a través de una reforma fiscal que apueste por la
suficiencia, la equidad y la solidaridad entre personas y territorios.
Esta
situación se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones
por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de
abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual. Pretender recortar
el gasto en desempleo en un 6,3% cuando 1.737.000 hogares no tienen ningún
ingreso, denota una gran insensibilidad y supone alimentar el ambiente
explosivo que ya se observa en la sociedad española.
Por
otra parte no hay que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa
más que un 1%, cantidad que no garantiza ni la revalorización de las pensiones.
En
unas condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión,
fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los
inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia.
En
el proyecto de Presupuestos también decrece de manera significativa la protección
social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la
ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, al medio ambiente, etc.
Estas partidas se verán aún más recortadas cuando las CCAA tengan que
elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a nuevos recortes en
educación y sanidad, servicios que dependen esencialmente de ellas (no podemos
olvidar que ya se están planteando medidas como el copago del transporte
sanitario). Esto será así porque el
Gobierno no ha dado a las Autonomías el margen de tiempo para reducir la deuda que
España ha ganado de la Unión Europea.
Debemos denunciar que, junto a tanto recorte en inversión y gasto social, el
proyecto de Presupuestos contemple lo que a la inmensa mayoría de la población
española nos costará, en forma de deuda, el dinero destinado a rescatar el
sistema bancario.
Más crisis, más desempleo, menos
protección social y menos servicios públicos es
una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que
solo se salvan las élites económico-financieras, que se cobijan al resguardo de
la acción de gobierno.
En
estas condiciones no nos queda otra opción que movilizarnos.
Por
eso estamos hoy aquí, porque queremos denunciar la política antieconómica y
antisocial que está llevando a cabo el Gobierno, ahora recogida en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
Estamos
aquí también porque queremos denunciar las formas autoritarias y
antidemocráticas que el Ejecutivo está empleando.
Estamos
aquí porque queremos reivindicar otra política, tanto en Europa como en España,
para enfrentar la crisis.
Hoy
sabemos que solo con austeridad no se sale de la crisis. Hoy sabemos que
Grecia, Portugal e Irlanda, países que han solicitado el rescate, están peor
que antes de hacerlo.
Reivindicamos
otra política que de prioridad a la reactivación económica y a la creación de
empleo, dedicando especial atención a los jóvenes a los que se está condenando
a la emigración o a la exclusión social, con lo que ello supone de lastre para
el futuro del país.
Si
todos y todas estamos de acuerdo en que en nuestra juventud está el futuro,
cabe preguntarse qué futuro nos espera si los jóvenes mejor formados se ven
empujados a buscar trabajo fuera de nuestras fronteras, o si los que permanecen
aquí no tienen ninguna expectativa ni formativa, ni laboral, ni de
emancipación.
Reivindicamos
otra política que haga compatible la lucha contra la crisis con el
mantenimiento de nuestro sistema de protección y de Estado de bienestar, que no
condene a los más desfavorecidos a la pobreza y la marginación.
La
situación es grave, nadie mejor que nosotros y nosotras lo sabemos, pues somos
los que más la sufrimos, pero hay que decir con todas nuestras fuerzas que la
deuda y el déficit se pueden combatir reduciendo gastos o incrementando ingresos, y
el Gobierno solo opta por reducir gasto social porque no quiere incomodar a las
élites económico-financieras a las que se pliega servilmente.
Sirva
como ejemplo la carta que hace pocos días remitieron destacados representantes
de las citadas élites al Ministerio de Economía para que en España no se
aplique una tasa a las transacciones financieras.
Estamos
aquí para denunciar el fraude que está cometiendo el partido en el Gobierno que
incumple su programa electoral.
Estamos
aquí para denunciar una forma de hacer política que oculta, calculada y
sistemáticamente, a la ciudadanía sus verdaderas intenciones como si los
ciudadanos de este país fuésemos una masa aborregada incapaz de darnos cuenta y
dispuesta a aceptar acríticamente lo que a ellos les venga en gana, sin
capacidad de reaccionar.
Estamos
aquí para volver a exigir que se de la palabra a la ciudadanía, que se convoque
un Referéndum ya!
Referéndum
ya!, Referéndum ya!, Referéndum ya!
Estamos
aquí para anunciar públicamente que las organizaciones que componemos la Cumbre Social estamos debatiendo sobre la posibilidad de que en
este país pueda haber una Huelga General
si el Gobierno no cambia significativamente de políticas y de actitud.
Una
Huelga General que aspiramos a coordinar con otros países de la Unión Europea y que puede ser la primera que se convoque al mismo
tiempo en más de un país.
Estamos
reaccionando, nos movilizamos por lo que consideramos justo, lo hacemos en uso
de nuestros legítimos derechos democráticos, conquistados con años de luchas y
sacrificios personales y colectivos.
Que nadie pretenda criminalizar las
manifestaciones ciudadanas, que nadie pretenda convertir el conflicto social en
un problema de orden público.
Con el ejercicio libre y responsable de
nuestros derechos también estamos fortaleciendo la democracia.
