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Pedro Montes (iz) y Henrique Illueca (dcha) al lado de Alberto Garzón, ayer en el Congreso.- MARIANO ASENJO
En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual
¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son algunas de las razones que el
Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar
la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La
ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto
ahorro de 33.000
millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022.
El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la
ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto,
quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la
población.
Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en
Madrid un manifiesto en el quedesmenuzan una a una lo que consideran
"las falacias del grupo de expertos" de Rajoy y que propone
un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones,
sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100%
público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y
una traición contra los intereses de la mayoría", denunció Héctor
Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el
Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto
Garzón.
Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que
la reforma "es una barbaridad", "una vergüenza" y "un
asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de
pensiones". Ese es uno de los puntos que trata de desenmascarar el
manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende
la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo
mejor es optar por los fondos privados. El joven diputado de IU anunció que
la federación que dirige Cayo Lara está preparando un calendario de
movilizaciones para el otoño que tendrá como uno de los temas principales las
pensiones.
Gasto excesivo
La coartada inicial del Gobierno para plantear la
reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad
son dos problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento
que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de
turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, "el tiempo
ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se
cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron
en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al
mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho
encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la
población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de
las pensiones".
"Lo insostenible del sistema es la caída de
ingresos por la recesión, así que lo verdaderamente insostenible es la
recesión"
En el momento actual de crisis es muy sencillo que la
gente asuma que el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias
a las recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante
el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas.
Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso
despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado en las
pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda vienen
insistiendo en un dato claro:seguimos invirtiendo menos que la media europea (el
10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el
que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del
PIB.
Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social
quiebre. Según los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra
son mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación de
suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás
y que buena parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene
de la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de
Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a
través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. "Lejos
de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la
Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y
aislado económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como
social por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos
del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese
Estado, también las pensiones", sostienen.
Más ingresos
Desde este punto de vista, los trabajadores y los
salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para
ellos "no hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de
capital y a las empresariales". Lo afirman además amparándose en el artículo
50 de la Constitución, que sostiene que "los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Esto les
lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe procurarse de los
recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si,
como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son
suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos
Generales del Estado.
"Son todos los recursos del Estado los que
tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las
pensiones"
Y la manera de
conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El hecho de que los
ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en
pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida
a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es
la propia recesión", reza el texto, y es aquí donde entra en juego el
paro y el consumo: "Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es
adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del
PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema
de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la
crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica
seguida".
Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de
vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no deben
ser las únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y
ponen como ejemplo la renta per capita, que "en los últimos treinta años
casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución
similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las
prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la
sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera
política redistributiva".
Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más
justo, el peligro sería evitable: "El riesgo viene de una ideología
liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la
más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y
a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho
con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que
prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la
reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que
habría de llevarse a cabo".
Infórmate
El manifiesto completo, titulado En defensa
del sistema público de pensiones se puede leer en la web documentopensiones.org.
Los firmantes son: Francisco Álvarez Molina, Lourdes
Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando
Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio
González González, Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan
Francisco Martín Seco, José Luis Monereo, Pedro Montes, Rafael Muñoz de
Bustillo, Vicenç Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio,Julio
Rodríguez y Amat Sánchez.
