#16M en Madrid, una oportunidad frente a la deriva autoritaria
Por Jaime Pastor. Coportavoz de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir
“Hay que dejar de aceptar las cosas que no podemos cambiar, para cambiar las cosas que no podemos aceptar”.
Angela Davis (citada por Jordi Cuixart, Epílogo a ‘Jo acuso’, de Benet Salellas)
Angela Davis (citada por Jordi Cuixart, Epílogo a ‘Jo acuso’, de Benet Salellas)
Este sábado 16 de marzo a las 18 horas nos manifestaremos desde
Atocha a Cibeles decenas de miles de personas procedentes de Catalunya,
Madrid y otras Comunidades Autónomas, dispuestas a gritar bien alto que
“La autodeterminación no es delito” y que “Democracia es decidir”. Esta
iniciativa es resultado de un esfuerzo conjunto de organizaciones
catalanas y madrileñas que estamos convencidas de que, como se dice en
uno de los documentos difundidos estos días, “el juicio político que ha
comenzado en el Tribunal Supremo no es solo contra las personas que se
sientan allí como acusadas, sino contra todo el pueblo de Catalunya,
también contra todas las personas republicanas de los pueblos del Estado
y contra todas aquéllas que somos demócratas”.
En efecto, a la vista del desarrollo que está teniendo el juicio
hasta ahora (en el que se pide desde la fiscalía del Estado un total de
177 años de condena a las personas procesadas, la mayoría injustamente
en prisión desde hace ya más de un año), hemos podido comprobar que no
sólo se ha judicializado erróneamente un conflicto político, sino que
además se busca un castigo ejemplar contra quienes simplemente actuaron
como representantes políticos y sociales de más de dos millones de
personas que siguen reclamando el derecho a decidir su futuro, como se
pudo demostrar de nuevo en las elecciones del 21 de diciembre de 2017
pese a las condiciones en que se desarrolló bajo la aplicación abusiva
del artículo 155 de la Constitución.
La mayor prueba de esa voluntad criminalizadora se encuentra en la
insistencia en la acusación por la fiscalía del Estado de ejercicio de
la violencia a quienes se manifestaron delante del Consell de Economía
el 20 de septiembre de 2017 o participaron en el referéndum celebrado el
1 de octubre del mismo año. Confundir el poderoso movimiento de
desobediencia civil a favor de un referéndum que se expresó durante esos
días con la calificación penal de rebelión, supone una burda
tergiversación de los hechos, con mayor razón cuando sobran pruebas
documentales de que no fue así y de que, por el contrario, la violencia
que se practicó el 1 de octubre procedió únicamente de las fuerzas
policiales del Estado. Descalificar ese movimiento como “tumulto” o
“murallas humanas”, asimilándolo a un “alzamiento” violento, refleja una
tendencia clara a aplicar el derecho penal del enemigo contra el
legítimo ejercicio de la resistencia no violenta por parte de la
ciudadanía.
Esa confusión interesada entra en contradicción, además, con el
reconocimiento que en el pasado, tras la enorme movilización de una
juventud insumisa al servicio militar obligatorio, hizo el Tribunal
Supremo en su sentencia de mayo de 2009, en la cual afirmaba: “La
desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de
disidencia contra el Estado, esta forma de pensamiento e ideología ha de
ser admitida en el seno de una sociedad democrática”.
Es más, a lo largo del proceso también está quedando patente la
voluntad de criminalizar derechos fundamentales como los de expresión,
reunión, manifestación y participación política cuando se ejercen por
quienes disienten políticamente frente a este régimen monárquico. Por
eso comparto plenamente lo escrito en un artículo reciente: “Si, como ha
dicho el rey, sólo es democracia lo que es legal, si lo que no es legal
es delito, si las leyes y su interpretación son cada vez más
restrictivas de las libertades, si las manifestaciones son tumultos y la
desobediencia es rebelión, entonces todos los movimientos sociales
transformadores están amenazados”.
Debemos ser, por tanto, conscientes de que lo que está en juego en
este juicio y en su desenlace final no tiene que ver con si estamos a
favor o no de la independencia de Catalunya, o si nos alineamos con uno u
otro nacionalismo. Afecta a la democracia y a nuestros derechos y
libertades frente a la deriva autoritaria de este régimen monárquico.
Más concretamente, nos emplaza a confluir en un bloque común, capaz de
frenar la ofensiva de un bloque reaccionario dispuesto a acabar con la
cada vez más precaria autonomía de Catalunya y de todos los pueblos del
Estado, sometidos al dictado de un neoliberalismo ultracentralista, así
como con los derechos conquistados hasta ahora por las mujeres, las
personas migrantes y las capas más vulnerables de la sociedad.
