El
encarecimiento de la energía no es un fenómeno únicamente español; está
afectando a todo el planeta con graves consecuencias para la mayoría de
la población, que cada vez tiene más dificultades para tener acceso a
este bien básico. En China, por ejemplo, está habiendo racionamiento de
la energía, y el gobierno ha decidido incrementar las importaciones de
carbón de Australia relajando las medidas que reducían su uso en
beneficio de las renovables2. En Europa está
alcanzando precios récord y se teme el riesgo de desabastecimiento de
gas este invierno. ¿Cuáles son las razones de fondo?
El
precio de la energía, como el funcionamiento de la economía, parece un
misterio sólo apto para iniciados. Desde el ámbito de la izquierda
necesitamos hacer un esfuerzo para explicar porqué está disparándose el
precio de la energía y cuáles son las alternativas. Para la inmensa
mayoría de las familias es una cuestión vital. En el estado español un
41% de la población, algo más de 19 millones de personas, tiene
dificultades para hacer frente al pago de la factura energética
doméstica3. Y eso era en 2018, antes de la situación de subida de precios actual y el impacto económico de la pandemia sobre las familias.
Y
sus consecuencias van más allá de la propia subida de la luz, el gas o
la gasolina, ya de por sí bastante graves. La energía determina el coste
de casi todos los productos o servicios. Es un componente básico de
prácticamente toda la actividad económica. Por ejemplo, la subida del
gas ha provocado la paralización de factorías de fertilizantes en varios
países, y los expertos se preguntan cuáles van a ser las consecuencias
en la producción de alimentos4 y su inmediata incidencia sobre la alimentación de la población.
¿Por qué está subiendo el precio de la energía en todo el planeta?
No
hay un solo factor. La especulación en los mercados es uno muy
importante. La desregulación de los mercados de materias primas y de
energía a finales de los años 90 del siglo pasado, abrieron las puertas a
una especulación rampante de los grandes fondos de inversión con todo
aquello que es vital para la sociedad, incluida la energía5.
«La
escasez de combustibles fósiles es algo que las grandes compañías
energéticas saben desde hace décadas, que los científicos y el
movimiento ecologista han denunciado durante el mismo tiempo y que,
ahora, revela sus consecuencias sociales.»
En
el caso de la energía eléctrica, el sistema llamado marginalista, que
se emplea en la Unión Europea, paga toda la energía contratada en el
mercado al precio del último Megavatio hora (MWh) aceptado. Esto permite
a las compañías energéticas vender energía de origen hidroeléctrico a
precios de gas, cuando su coste de producción es muy inferior. Este
perverso mecanismo de precios es una pieza más de un sistema que trata
de convencernos de que es posible la competencia en un mercado
oligopólico, en el que tres compañías producen, distribuyen y
comercializan la gran mayoría de la electricidad6, como es el
caso español. Eso lo estamos conociendo más ahora, porque lo estamos
sufriendo especialmente. Habría que añadir que estas compañías llevan
décadas recibiendo decenas de miles de millones del erario público en
multitud de conceptos. Pero la razón última de que este negocio sea tan
rentable es que se trata de una necesidad vital para cualquier familia
y, aunque se encarezca, somos consumidores “cautivos”, la energía se
trata de pagar por todos los medios, como la vivienda (es lo que los
economistas llaman, una “demanda inelástica”, ya que no tiene bien
sustituto en el corto plazo). Eso se suma a que la producción energética
a gran escala requiere de enormes inversiones, a las que sólo pueden
hacer frente grandes empresas o los Estados. No es de extrañar que sea
tan rentable y que peleen con uñas y dientes contra cualquier
“injerencia pública” en este negocio.
En última instancia, sin
embargo, el factor decisivo para entender qué está pasando con la
energía reside en que cada vez hay menos combustibles fósiles
disponibles, a lo que se suma su inevitable y urgente sustitución por
energías renovables, ante la grave amenaza del cambio climático. La
escasez de combustibles fósiles es algo que las grandes compañías
energéticas saben desde hace décadas, que los científicos y el
movimiento ecologista han denunciado durante el mismo tiempo y que,
ahora, revela sus consecuencias sociales.
¿Qué está sucediendo con los combustibles fósiles?
La producción de petróleo convencional, el
que es más accesible y eficiente, alcanzó su cénit en 2005-2006, con 70
millones de barriles diarios. Desde entonces, ha ido cayendo
paulatinamente. En 2018, la producción fue de 67 millones de barriles7. Son datos de la Agencia Internacional de la Energía ( AIE).
Los petróleos no convencionales,
no son una alternativa viable (bitumen, fracking, biocombustibles…).
Las empresas norteamericanas de fracking, aunque han repartido
dividendos, no son rentables (gastan más de lo que ingresan) y están
extraordinariamente endeudadas8. Su Tasa de Retorno
Energético (TRE) es muy pequeña: se gasta casi tanta energía en
extraerlo como la que se obtiene del proceso. Y son extraordinariamente
contaminantes. Algo similar sucede con los petróleos extrapesados, como
el bitumen. En el caso de los biocombustibles, además de una bajísima
TRE, detraen tierras para la producción de alimentos e inciden sobre el
precio de algunos alimentos básicos (el maíz, por ejemplo), y deterioran
gravemente la biodiversidad.
El gas natural
también empieza a aproximarse a su pico. En Europa, los dos principales
países suministradores de gas, Rusia y Argelia, han llegado a su pico de
producción y la tendencia de la misma empieza a ser descendente. Rusia,
posiblemente, lo ha alcanzado en 2020, año desde el que ha empezado a
declinar su producción. La puesta en marcha del nuevo gaseoducto Nord
Stream 2, por el fondo del mar Báltico, no cambia esa realidad. A corto
plazo, hay que contar con que Rusia tiene poco gas almacenado para hacer
frente al invierno, igual que Europa, —en un contexto que la demanda
asiática ha crecido un 19% los ocho primeros meses del año— lo que
implica que, aunque llegara el gas suficiente a Europa este invierno,
los precios seguirán subiendo muy probablemente9. Argelia también muestra un descenso de la producción de gas en 202010.
Europa ha tratado de paliar la disminución de la llegada de gas de los países productores cercanos, con gas licuado.
Pero el gas licuado sigue un proceso mucho más costoso económica y
energéticamente, pues hay que licuarlo enfriándolo y llevarlo almacenado
en tanques especiales, para posteriormente realizar el proceso inverso.
Todo eso da más motivos para que el precio del gas siga subiendo11.
El carbón
tampoco es una solución. Aunque esperaban que el pico de producción se
alcanzase entre 2040 y 2050, la realidad es que es muy posible que éste
ya se haya alcanzado. A partir de ahora, extraerlo será más costoso.
Además, no puede reemplazar al petróleo, aunque es imprescindible para
la producción de materiales esenciales como el acero12.
Estas
son las razones por las que, en última instancia, sube el precio de la
gasolina, del gas y de la electricidad: hay menos energías fósiles
disponibles y son más costosas de obtener. Hay que aceptar que la
energía disponible se irá reduciendo. Además, si queremos evitar que el
cambio climático sea aún más desastroso social y ecológicamente, debemos
reducir drásticamente el consumo energético de dichos combustibles. Y
eso no es fácil, pues entre el 70 y el 80% de toda la energía que hoy
utilizamos, son de origen fósil.
«Las
ilusiones que existen en las organizaciones sindicales del sector del
automóvil en el futuro del coche eléctrico son un espejismo.»
De
hecho, las energías renovables no pueden sustituir a las energías
fósiles de un modo tal que permita mantener un nivel de gasto energético
equivalente. Son renovables, pero también tienen limites físicos en
cuanto a su disponibilidad, además del carácter intermitente en su
generación. No se podrán instalar aerogeneradores de forma indefinida,
pues el viento necesario para producción solo está disponible en
determinados emplazamientos13 y los recursos minerales para construirlos, incluida la energía, tampoco son infinitos14. Lo mismo sucede con las placas solares.
El
sistema tiende a reproducir los modelos existentes, pero eso ya no será
posible. No es viable replicar un parque automovilístico similar al que
tenemos con vehículos eléctricos. Las baterías utilizan minerales como
el litio (Li) y el cobalto (Co), cuyas existencias son limitadas. No hay
metales suficientes, al menos con las tecnologías actuales, para
permitir un parque automovilístico de dimensiones similares al actual,
además de la ingente cantidad de energía eléctrica que requeriría para
su funcionamiento. Según la propia AIE, de aquí a 2040, para poder
llevar a cabo los planes previstos para la llamada transición energética
se necesita que la extracción anual de litio se multiplique por 42, la
de grafito por 25, la de cobalto por 21, la de níquel por 19 y la de
tierras raras por 7. Hoy por hoy, las reservas conocidas de estos
materiales son mucho menores15 de las que harían falta para alcanzar ese nivel de producción16. Además, su producción es extraordinariamente contaminante y consume muchos recursos (agua, por ejemplo).
Las
ilusiones que existen en las organizaciones sindicales del sector del
automóvil en el futuro del coche eléctrico son un espejismo. Igual que
las del Gobierno que está cediendo a los planes de las grandes compañías
energéticas y automovilísticas, y compromete una enorme cantidad de
recursos públicos (muchos más que en Sanidad o Vivienda) a unos
proyectos que son un callejón sin salida y un despilfarro de recursos
que necesitaríamos para otro modelo de desarrollo. Hoy, dar una
alternativa al sector del automóvil exige un replanteamiento sostenible
del modelo de transporte, apostando por alternativas colectivas como el
ferrocarril, además de un análisis más amplio que aborde tanto la
reducción de jornada, sin disminución salarial, para repartir el empleo,
como la creación efectiva de puestos de trabajo alternativos en otros
ámbitos. Es la única forma que tendrían los trabajadores y trabajadoras
del sector para disponer de una plataforma reivindicativa potente que
permitiese defender sus derechos ante los planes de despido de la
patronal, y ganar apoyo social. Ignorar esa realidad es enfrentar la
lucha sindical que se avecina con las manos atadas a la espalda.
Entonces ¿no hay solución?
No
hay una solución fácil, el problema es muy grave, pero sí hay un camino
posible que recorrer para salir de esta situación. Lo primero es
reconocer la realidad. Lo segundo aceptar que vamos a disponer de menos
energía y que, sin embargo, eso no implica que tengamos que vivir peor,
sino de otra forma.
Hace un año, en el Reino Unido, un estudio de
la Universidad de Leeds planteaba que en 2050, con una población mundial
de 10.000 millones de seres humanos, se podría vivir con un 40% de la
energía que empleamos hoy. Y bien, con “servicios altamente eficientes
para cocinar, mantener los alimentos o lavar la ropa; 50 litros de agua
por persona al día con 15 litros de agua caliente para el baño, una
temperatura en los hogares de 20° todo el año, acceso a ordenadores
conectados a las tecnologías de la información, y una red de transporte
que proveería entre 5.000 km y 15.000 km al año por persona, además de
un servicio de sanidad universal y una educación gratuita para todos
entre 5 y 19 años»17.
Los autores plantean que, para
lograrlo, es necesario un uso mucho más eficiente de la energía, una
reducción drástica del consumo global y acabar con las desigualdades.
Esto último es una condición social decisiva. No es posible resolver el
problema social y ecológico que sufrimos sin poner fin a las
desigualdades sociales que vivimos. Algo que hemos aprendido con la
pandemia, que salud y desigualdad social están íntimamente relacionados,
está plenamente vigente en otros ámbitos de la vida.
La energía tiene que ser un servicio público
Se
podría pensar que, dado que la subida de los precios de la energía es
producto de la inexorable declinación de los combustibles fósiles, no es
posible culpar a las compañías energéticas de los altos precios. Pero
ahí está el quid de la cuestión, precisamente porque los recursos
energéticos son cada vez más escasos, es imprescindible una
planificación energética que no podemos dejar en manos de las grandes
compañías privadas. Éstas actúan con el mismo criterio que cualquier
otra empresa capitalista: obtener la mayor rentabilidad posible. Por eso
están exprimiendo el negocio petrolero hasta la última gota disponible,
aunque nos estén llevando a una catástrofe ecológica y social.
La
conclusión es que la energía, que es un bien social de primera
necesidad, no puede quedar ni en manos privadas ni del mercado. Tiene
que recuperar su esencia como servicio público.
En la mayoría de los países desarrollados la producción eléctrica ya está en manos de empresas públicas18.
Se trata de dar un paso más en esa dirección. La producción energética
debería tratarse como un bien público, igual que el agua, el aire, la
sanidad…
«La
creación de empresas públicas energéticas es un paso adelante que, como
demuestran múltiples ejemplos, está dando buenos resultados. Pero no
deberíamos sembrar esperanzas en que el objetivo es competir en el
mercado con el oligopolio y, así, poder “perfeccionarlo”, sino que su
objetivo es avanzar hacia la conversión completa del sector mediante la
nacionalización de los grandes monopolios.»
Pero
no basta que sea público. Esa es una condición imprescindible para
romper la lógica de la competencia por el máximo beneficio. Hace falta,
además, que esas empresas públicas sean administradas democráticamente
(hacia adentro, con la participación de sus trabajadores y trabajadoras
en las decisiones de funcionamiento, y hacia fuera, con la participación
democrática de la ciudadanía). Y que sean administradas con un criterio
que prime el interés social y el reconocimiento de los límites
ecológicos que nos marca la naturaleza. Pedir a una compañía capitalista
que trabaje para reducir sus beneficios, que es lo que se les pide
ahora a las compañías energéticas, es una contradicción en un mundo
capitalista. Siempre buscarán la forma de contravenir ese objetivo.
Algunos
nos objetarán, con razón, que convertir en públicas las compañías
energéticas, no hará brotar más petróleo de donde no hay, ni una
transición energéticamente sostenible. Y es cierto, pero precisamente
por eso, hemos de garantizar la mejor administración posible de un bien
tan preciado.
Además, la generalización de las energías renovables
no puede hacerse sin una combinación con los grandes medios de
producción energéticos. Es un proceso de reemplazo que tiene que ir
coordinado.
Las energías renovables no son eficientes a gran
escala, por eso es decisivo su uso de forma descentralizada y
distribuida por el territorio, lo más cercana posible a los puntos de
consumo. La autoproducción y las comunidades energéticas son un ejemplo
de modelo a seguir, que permite ahorrar en el consumo de importantes
cantidades de energía, y por tanto, reducir la producción y distribución
de energía eléctrica. Además, hay que investigar en el desarrollo de
otras formas de uso, más eficientes, que la solar y eólica, como
proponen los expertos. Eso es un problema para las grandes compañías,
que esperan conservar el monopolio a base de vendernos la gestión
centralizada de su uso, con las nuevas tecnologías digitales.
Por
el contrario, las energías renovables, por sus características, son una
ocasión única de democratizar la producción y gestión energética,
ponerlas en manos de sus usuarios. Pedirle a un oligopolio privado
capitalista que haga eso pensando en el interés social, es una quimera y
está condenado al fracaso.
La creación de empresas públicas
energéticas es un paso adelante que, como demuestran múltiples ejemplos,
está dando buenos resultados19. Pero no deberíamos sembrar
esperanzas en que el objetivo es competir en el mercado con el
oligopolio y, así, poder “perfeccionarlo”, sino que su objetivo es
avanzar hacia la conversión completa del sector mediante la
nacionalización de los grandes monopolios.
«…hoy
no se puede dar una alternativa al problema del precio de la energía
sin considerar su esencia como bien público, el problema de la escasez
de recursos energéticos, la transición energética hacia un sistema
basado en energías renovables, el decrecimiento del consumo, y la
propiedad social de las grandes empresas productoras.»
Por
eso, la izquierda necesita debatir a fondo estas cuestiones,
organizando encuentros entre los expertos y las organizaciones sociales y
sindicales, para discutir cómo debe hacerse la transición energética
para que sea justa socialmente y sostenible ecológicamente. Es una
discusión de plena actualidad en cualquier empresa y en cualquier
barrio. Así, por ejemplo, parte del vecindario de Villaverde, un
distrito de Madrid, ha podido llevar a cabo una rehabilitación
energética de sus casas que les ha permitido comprobar cómo es posible
ahorrar hasta un 60% en calefacción y vivir en mejores condiciones20.
Ese modelo es exportable: la inmensa mayoría de las viviendas en los
distritos y ciudades obreras periféricas a las grandes urbes fueron
construidas entre los años 60 y 70, y necesitan reformas (energéticas,
ascensor…). Además, en los próximos años, se repartirán más de 6.000
millones de euros de fondos europeos en ayudas a la rehabilitación21
¿por qué no crear empresas públicas que, en colaboración con empresas
sociales, realicen esas reformas? Eso permitiría crear empleo estable y
de calidad en los propios barrios. Pero si no se pelea y se plantean
alternativas, lo normal es que ese suculento negocio acabe en manos de
las grandes compañías energéticas y constructoras, que lo subcontratarán
en condiciones penosas para sus trabajadores. Como se ve, estamos ante
una discusión de mucho calado práctico para la vida de la clase
trabajadora.
En conclusión, hoy no se puede dar una alternativa al
problema del precio de la energía sin considerar su esencia como bien
público, el problema de la escasez de recursos energéticos, la
transición energética hacia un sistema basado en energías renovables, el
decrecimiento del consumo, y la propiedad social de las grandes
empresas productoras. Hay que exigir que se garantice a toda la
población el acceso a la energía suficiente para vivir con dignidad,
para lo cual es urgente movilizarse para defendernos del oligopolio
energético. El Gobierno ha dado un primer paso para frenar el precio de
la electricidad, pero ya estamos viendo que es insuficiente —los precios
siguen subiendo— y las grandes compañías se han rebelado contra las
medidas en un auténtico pulso al Ejecutivo, que empieza a mostrar su
debilidad. Las medidas se muestran claramente insuficientes. Por eso,
hay que intensificar la movilización contra el oligopolio, nacionalizar
las empresas energéticas, planificar el sistema energético futuro y
convertir la producción y distribución de energía en un auténtico
servicio público.
Notas
1
Jordi Escuer y Jorge Martínez son miembros de la Coordinadora de IU
Madrid. Jorge es Profesor Titular del Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid.
4
Los precios mundiales de los alimentos ya están en máximos de una
década. Ahora se teme que la situación empeore a medida que China lucha
por gestionar sus cultivos de maíz, soja, cacahuete o algodón.
En
las últimas semanas, varias plantas se han visto obligadas a cerrar o
reducir la producción ante la presión de unos gobiernos regionales que
intentan cumplir con los objetivos de emisiones marcados por Pekín. Este
ha sido el caso de las procesadoras de soja que trituran los granos
para producir harina para la alimentación animal y aceite para cocinar.
Los precios de los fertilizantes, uno de los elementos más importantes
de la agricultura, se están disparando, golpeando a los agricultores que
ya se tambalean bajo la presión de los crecientes costes. https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11424190/10/21/La-crisis-energetica-de-China-ya-afecta-al-mundo-desde-la-comida-a-los-iPhone-sufren-las-consecuencias.html
7
Turiel, Antonio. Petrocalipsis: Crisis energética global y cómo (no) la
vamos a solucionar (Spanish Edition) (p. 22). Editorial Alfabeto.
Edición de Kindle.
12
En resumen, aunque el carbón seguramente vaya a seguir siendo un
combustible importante durante las próximas décadas, el principio de su
decadencia queda cerca (si no es que se ha superado ya) y en modo alguno
va a poder sustituir al petróleo, sino tan solo proporcionar cierta
ayuda momentánea. Además, a largo plazo, el retroceso del carbón va a
traer consigo otros problemas asociados, tales como el encarecimiento
—incluso la disminución— de la producción de electricidad y la falta de
acero de nueva fundición. Turiel, Antonio. Petrocalipsis: Crisis
energética global y cómo (no) la vamos a solucionar (Spanish Edition)
(p. 63). Editorial Alfabeto.
18
“Según la OCDE, las empresas con participación pública suponían el 62%
de toda la producción global de electricidad mundial en 2016. Y hasta en
11 países de la OCDE más del 50% de la electricidad se genera en
empresas con distintas fórmulas de participación pública”. Eléctrica
pública: ¿Una utopía?, Pere Rusiñol, Alternativas Económicas, nº 95,
octubre de 2021
19 La comercializadora pública Barcelona Energía,
impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, “ha supuesto un ahorro de
costes para el Ayuntamiento de 1,36 millones desde julio de 2018” y “el
recibo de la luz de los particulares (hogares y empresas) también está
entre el 10 y el 15% más barato”. Su director explicaba que su “misión
no es aumentar los beneficios para repartir dividendos, con lo que
podemos ajustar los márgenes para dar un servicio más barato y, además,
enfocado a la transición verde, con fuentes renovables y el objetivo de
reducir el consumo”. Eléctrica pública: ¿Una utopía?, Pere Rusiñol,
Alternativas Económicas, nº 95, octubre de 2021
Pacientes en los pasillos de las Urgencias del hospital de Alcorcón. Imagen cedida
Los sindicatos denuncian la renuncia de una decena de facultativos, la
baja por presiones de seis médicos y la aperturas de expedientes
disciplinarios para “callar voces” en las urgencias de este centro, que
se llenan de pacientes en los pasillos.
@SPlazaque Coordinadora de sanidad en El Salto. 31 ago 2021
12:24
Pacientes esperando a ser atendidos
por los pasillos durante este verano. La estampa, que se ha repetido
durante el mes de agosto en el Hospital Universitario Fundación de
Alcorcón (HUFA), es la consecuencia de un conflicto laboral por el que
se ha producido la “huida” de profesionales del servicio de urgencias, tal y como denuncian los sindicatos.
Desde
el sindicato médico Amyts cifran en una decena de médicos los que han
renunciado a una plaza fija para trabajar en este centro tras
conseguirla en una Oferta Pública de Empleo (OPE) y desde CCOO alertan
de que seis facultativos han sido dados de baja por presiones en el
hospital. Así, el servicio de urgencias funciona actualmente con solo
dos tercios de la plantilla, lo que ha dificultado la atención a
pacientes, especialmente en verano.
“Han estado cambiando
los turnos de un día para otro, no dejan librar a la gente y ante la
protesta del personal la gerencia ha respondido abriendo un expediente
disciplinario al exjefe de urgencias”
“Han estado cambiando los turnos de un día para otro,
no dejan librar a la gente y ante la protesta del personal la gerencia
ha respondido abriendo un expediente disciplinario al exjefe de
urgencias, al que consideran cabecilla, dejándole sin empleo y sueldo
durante un año”, explica José Antonio Crespo, portavoz de CCOO Sanidad
Madrid en este hospital. Este sindicato ha interpuesto ya seis demandas
contra la gerencia del hospital por acoso laboral, despidos o
irregularidades en los procesos de selección de personal.
“Hay dos
médicos que llevaban 16 y 17 años trabajando en la urgencia y se
presentaron a la OPE. Durante la fase de entrevistas las dos jefas de
urgencias les excluyeron y han seleccionado a residentes con
experiencia de uno o dos años, que han sido a su vez alumnos de ellos”,
explica Crespo, para quien estas exclusiones han sido motivadas “por
su forma de reclamar las conciliaciones”.
La consecuencia: una
merma en la calidad asistencial con una plantilla insuficiente. “Tendría
que haber 12 médicos por la mañana y en el día de hoy solo hay 8. Como
no contratan sustitutos, bajan sanitarios de otras especialidades. En
urgencias puedes ver a un médico otorrino viendo a pacientes con
problemas de traumatología”, explica el portavoz de CCOO.
El
modo de proceder de la jefatura está salpicado por “la dificultad para
conseguir días libres, el desastre en la organización de las planillas y
la culpabilización que sufre quien solicita una reducción de jornada”
Desde el sindicato médico Amyts alertan de que el modo
de proceder de la jefatura está salpicado por “la dificultad para
conseguir días libres, el desastre en la organización de
las planillas y la culpabilización que sufre quien solicita una
reducción de jornada”. “Una jefatura de Urgencias que, para más inri,
parece haber descubierto en la apertura de expedientes
disciplinarios su única forma de actuar” y todo para “silenciar las
voces discordantes”. Desde este sindicato exigen el cese de las dos
jefas de urgencias, así como la dimisión del director asistencial del
centro.
Y todo durante una quinta ola y además con unas 64 camas
cerradas durante la época estival. “Han tenido que abrir algunas deprisa
y corriendo y no encuentran enfermeras ni auxiliares. El punto
neurálgico del hospital, que es la urgencia, está destrozado”, concluye
Crespo.
Hay que tomar la iniciativa en la defensa de las pensiones públicas
Jordi Escuer y Juanjo Vallejo*
Los
logros alcanzados en el acuerdo sobre las pensiones obedecen a dos
razones: la movilización de los pensionistas y la dependencia de Unidas
Podemos que tiene la dirección del PSOE para poder gobernar. Se
demuestra, una vez más, que merece la pena luchar y, desde la
movilización, lograr la máxima representación posible en las
instituciones hasta conquistar la mayoría en ellas. Pero el acuerdo,
además de luces tiene sombras, que se proyectan sobre lo que queda por
negociar, que es lo más peliagudo. Y desde la izquierda transformadora
toca dar alternativa.
El pacto recoge pasos adelante
sobre la contrarreforma del PP de 2013: incrementa las pensiones
conforme al IPC medio; deroga el factor de sostenibilidad, que pretendía
bajar las pensiones en proporción al aumento de la esperanza de vida y
que hubiera supuesto una caída de las pensiones de casi el 40%1;
blinda la cláusula de salvaguarda, que protege los derechos de los
trabajadores de mayor edad que perdieron su empleo en la crisis de 2013,
que no encuentran trabajo, y que les permite acogerse a la legislación
más favorable para su jubilación; equipara las parejas de hecho a los
matrimonios en materia de pensión de viudedad; y establece que quienes
trabajen como becarios coticen a la Seguridad Social.
La derecha
ha criticado el acuerdo, pero la patronal lo ha firmado. Para los
empresarios es positivo, aunque «desde luego no con la profundidad que
se requiriere para conseguir que en el futuro podamos tener un sistema
que sea sostenible y que sea pagable»2, refiriéndose a las
medidas que van a terminar determinando la cuantía de las pensiones del
futuro, el “mecanismo de equidad intergeneracional” o la posibilidad de
ampliar el periodo de años computados para calcular la pensión. Igual
que el PSOE tiene que hacer concesiones a UP, porque es su principal
apoyo para poder gobernar, la patronal debe llegar a acuerdos con el
Gobierno, por mucho que el PP y Vox se indignen.
A pesar de los
logros, el acuerdo anticipa los problemas pendientes que amenazan con
agravarse en la segunda parte de la negociación, que abordará la parte
del león del asunto. La patronal lo firma porque espera que las
concesiones de ahora tengan su recompensa en esos aspectos. Son
conscientes de que, ahora, no hay mayoría absoluta de la derecha y que
deben buscar otra vía para aplicar la política que desean.
Se acepta el atraso de la edad de jubilación de 2011
El
primer problema del acuerdo es que supone la aceptación tácita de que
hay que atrasar la edad de jubilación. Y así lo remarca la propia
patronal cuando dice que «se da un paso para conseguir alargar la edad
de jubilación real, pero creo que las medidas en profundidad están por
llegar»3.
El pacto sobre pensiones de CCOO y UGT con el
gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, acordó elevar la edad de
jubilación de los 65 a los 67 años. El acuerdo actual da por hecho que
esta medida se va mantener y va a incentivar tanto la jubilación a
edades más avanzadas, como penalizar la jubilación anticipada, todo
orientado al “acercamiento voluntario de la edad efectiva a la edad
legal de jubilación”.
Es más, no hay ninguna garantía de que los 67 años sean el punto final. El propio Gobierno en su propuesta España 2050 afirma:
“España ya ha establecido el incremento progresivo de la edad legal de
jubilación hasta los 67 años en 2027. Aunque no es un umbral bajo en el
contexto europeo, constituye un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad”4 (el subrayado es nuestro).
Es
muy llamativo que se hable de “solidaridad intergeneracional”
reiteradamente, cuando lo que ya se da por válido es que las próximas
generaciones se jubilarán dos años más tarde que nuestros padres. Eso es
la aceptación de un recorte del salario diferido del conjunto de la clase trabajadora.
La cuantía de las pensiones sigue en el alero
También
está la cuestión de cuál va a ser la cuantía de las pensiones futuras.
El Gobierno es el primero que contempla la posibilidad de reducir la
“tasa de sustitución”5 mediante cambios legales,6
es decir, que la pensión que finalmente se pague sea menor que las
actual. En el Reino de España dicha tasa es de las más altas de la Unión
Europea, pero no podemos perder de vista que el salario medio español
es de los más bajos de la zona euro7, y eso se refleja en que la pensión media supera por muy poco los 1.000 euros8.
Y
aquí, de nuevo, el acuerdo da por válida otra de las medidas que se
acordaron en 2011: el aumento de 15 a 25 años de los años computados
para establecer la cuantía de la pensión. Según el propio ministerio de
Seguridad Social, ampliarlo de 15 a 22 años ya supuso un recorte del
3,9% en la mitad de las pensiones de 2019. ¿Darán más pasos en esa
dirección? El ministro Escrivá tiene la voluntad de hacerlo. Y, con las
cifras de su ministerio de nuevo, ampliarlo a 35 años supondría otro
reducción del 6,3% en las pensiones resultantes9.
En
otras palabras, estamos ante la aceptación de un recorte de las
pensiones que se produjo en 2011, y todo indica que la mayoría del
gobierno, la patronal y las instituciones europeas quieren que se
profundice en ese camino.
La propia derogación del factor de
sostenibilidad va unida a su sustitución por un “nuevo mecanismo de
solidaridad intergeneracional”, que entraría en vigor en 2027. ¿En qué
consistirá? En las medidas enviadas a Bruselas a principios de este año
por el Gobierno, se planteaba reemplazarlo por un nuevo instrumento que,
además del aumento de la esperanza de vida, tuviera en cuenta otros
factores (como la relación entre el número de ocupados y el de
pensionistas, entre otros). El objetivo sería “evitar que un coeficiente
reductor automático –tal y como estaba diseñado en la reforma de 2013–
“cargue exclusivamente sobre los pensionistas el coste del aumento de la esperanza de vida”10 (el subrayado es nuestro). Como podemos ver, los planes siguen siendo reducir el gasto en pensiones.
A
pesar de que el acuerdo incluye las transferencias del Estado para
cubrir el incremento previsto del gasto en pensiones, éstas sólo van a
cubrir la mitad del mismo. Es mejor que antes, pero ¿de dónde va a venir
la otra mitad? Pues la otra parte vendrá, fundamentalmente, del retraso
de la edad de jubilación a 67 años y de que la edad efectiva de la
misma se acerque a esa edad legal11.
Cambiar el enfoque para dar alternativa y pasar a la ofensiva
Si
aceptamos la lógica del sistema, difícilmente podremos escapar de ella.
Con un nivel de paro que, desde finales de los años 70, oscila entre 2 y
6 millones de personas, ¿qué sentido tiene obligar a las trabajadoras y
trabajadores a jubilarse cada vez más tarde? En la práctica se condena a
muchos de quienes tienen más de 55 años a ser parados de larga duración
y, los más afortunados, a prejubilarse con recortes en la pensión. Y la
juventud, con la mayor tasa de paro de la UE, es la primera
perjudicada.
Entonces, si no nos falta fuerza de trabajo, ¿por qué
atrasar la edad de jubilación? Se puede entender si vemos quién se
beneficia de esta política: el conjunto de las grandes empresas, que
tienen garantizado un amplio mercado de mano de obra barata, en el que
la oferta siempre excede la demanda y permite mantener los salarios en
niveles cada vez más bajos y las condiciones laborales más precarias.
Ahí reside el secreto de la llamada “competitividad”, es decir, disponer
de mano de obra a “precios competitivos”.
Con un añadido, el
sector financiero espera captar cada vez más dinero del ahorro de los
sectores con mejores salarios mediante fondos privados de pensiones,
esta vez de empresa. El Pacto de Toledo ha dejado la puerta abierta de
par en par a la creación de fondos de pensiones de empresa,
complementarios de las pensiones públicas. Es un contrasentido: si
faltan recursos para pensiones, ¿por qué dirigir dinero a fondos
privados de empresa? ¿no sería mejor dedicarlos a fortalecer el sistema
público? Se abre la puerta a un sistema en el que cada vez el sistema
público pesará menos, y más irá al privado, facilitando a las grandes
corporaciones, tanto financieras como de otro tipo, el acceso al ahorro
de la clase trabajadora, como se hace en otros países como Estados
Unidos, Países Bajos o Gran Bretaña.
Los cambios que la crisis del
coronavirus está precipitando están teniendo como consecuencia el
despido de muchas personas en las grandes empresas (banca, industria…). Y
esto es sólo el principio de lo que va a suponer los cambios
tecnológicos y de otro tipo en los sectores viejos. Los avances en la
productividad, que permiten hacer más con menos tiempo de trabajo,
deberían transformarse en mejores condiciones de vida y trabajo. Pero
eso no es automático, pues el capitalismo tiende a convertirlo todo en
más rentabilidad, que implica más explotación. Sólo la lucha de la clase
trabajadora organizada puede oponerse a esa dinámica.
El sistema
siempre busca un trasvase de renta de la clase trabajadora a la
capitalista, recortando salarios o ampliando la jornada laboral con la
misma remuneración (o ambas cosas), recortando el salario indirecto
(sanidad y educación pública y el conjunto de servicios públicos) y
recortando el salario diferido (las pensiones). Si queremos ir en la
dirección contraria, un trasvase de renta de la clase capitalista a la
clase trabajadora, lo primero es cambiar la lógica con la que se está
abordando la situación.
El mes de junio había 3.614.339 de personas desempleadas12. Las personas que tienen entre 60 y 64 años son tres millones13. Si tenemos en cuenta que, de media, trabaja un 50% de las personas en esa franja de edad14, si la jubilación se anticipase a los 60 años, harían falta 1,5 millones de personas para sustituirlas utilizando el contrato de relevo.
Dar este paso costaría 24.575 millones de euros15,
el 1,97% del PIB de 2019. Es una cantidad muy grande, pero es poco más
de la tercera parte de lo que cada año se renuncia a cobrar en
impuestos, por tener una de las fiscalidades más bajas de la Unión
Europea, en beneficio de las grandes empresas16. Y también es
bastante menos que los dividendos distribuidos anualmente por las
compañías no financieras, más de 80.000 millones en 201917.
Por tanto, no es ningún disparate. Es una cuestión de elegir cuál es
nuestra prioridad: pensiones dignas o rentabilidad privada.
Una jubilación a los 60 años, con una pensión nunca inferior al SMI,
sería perfectamente compatible con la posibilidad de que, quien
quisiera, pudiera seguir trabajando, no por necesidad sino porque
realmente su trabajo le gusta y es útil a la sociedad. Y de esta manera
se daría una salida a muchas personas que sufren condiciones de
explotación penosas en sus empleos y que llegan con la salud muy
deteriorada a los 65 años. Eso, además de ser algo de justicia y
humanidad, generaría grandes ahorros en gasto sanitario mejorando la
calidad de vida de millones de personas.
Una parte de una alternativa integral
Esta medida debería combinarse con una reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, y un desarrollo del sector público y de la economía social
en todos los terrenos. No sólo en el de los cuidados y los servicios
públicos (sanidad, educación, transporte…), sino en el productivo. ¿Por
qué no se lidera la transición ecológica desde empresas públicas y
empresas sociales que trabajen desde los barrios y localidades, creando
empleo digno y fijando población en ellos? ¿Por qué no emplear los
fondos de la UE en proyectos de colaboración público-social? ¿Acaso no
crea riqueza una empresa pública cuando rehabilita o construye una
vivienda, o instala un sistema de energía renovable?
El desarrollo
de una economía no capitalista, basada en la cooperación y la
participación democrática, con salarios y condiciones de trabajo
decentes, cuya prioridad sea atender las necesidades sociales y hacerlo
de forma ecológicamente sostenible, es la única garantía de disponer de
un sistema de pensiones públicas digno en el futuro. Eso es defender una
alternativa socialista y democrática hoy.
El sistema capitalista
rechaza toda medida que merme la rentabilidad privada, aunque esa
política suponga un desastre social tras otro. Reducir la jornada
laboral sin disminución salarial, subir el salario mínimo hasta el 60%
del salario medio, anticipar la edad de jubilación a 60 años y procurar
unas pensiones que permitan vivir adecuadamente o una renta básica que
evite que nadie quede en la miseria cuando pierde su empleo, son medidas
que abrirían la puerta a una sociedad mejor que la actual, pero que no
son compatibles con la competencia capitalista por el máximo beneficio. Y
todo eso, conviene recordarlo cuando analizamos cómo afrontar esta
situación.
Pelear por un buen sistema publico de pensiones
demanda, en primer lugar, desenmascarar los intereses que hay detrás de
los planes que se pretenden. La correlación de fuerzas actual en el
Parlamento, no puede impedir hacer esa labor ni disuadir de la necesidad
de dar alternativa. Es la forma de combinar nuestra presencia en el
Parlamento y en el Gobierno, con alentar la movilización para
contrarrestar la presión de los poderes económicos y políticos al
gobierno.
La movilización de los pensionistas no puede quedar
aislada, sino que debe unirse a la de los jóvenes y a la de todos los
sectores y estratos de la clase trabajadora, así como a todas las partes
de la sociedad que sufren unas condiciones de vida cada vez peores.
Para eso debemos sumar reivindicaciones y convertirlas en una
alternativa articulada e integral. Hay que emplear tiempo en poner en
común estás ideas en el conjunto de la izquierda transformadora y
sindical, y llevar el debate a la gente, de forma que se entienda y
vincule a los problemas cotidianos. Para que un joven vea que, cuando se
lucha por las pensiones, se está peleando por la juventud, y viceversa,
cuando nos movilizamos por el empleo digno para los jóvenes, se está
peleando por unas pensiones decentes en el futuro.
2
Declaraciones del presidente de la patronal madrileña (CEIM), Miguel
Garrido
https://www.elcorreo.com/economia/pensiones/pensiones-20210629140346-ntrc.html
3 Ibídem.
4 ESPAÑA 2050, página 222.
5
La tasa de sustitución hace referencia a la relación entre la pensión y
el salario. En España es de un poco más del 70%, lo que implica que las
pensiones equivalen, de media al 70% del salario percibido antes de la
jubilación.
6 A su vez, una reducción de la tasa de sustitución,
debida a cambios legales sobre el cálculo de las pensiones o a un mayor
crecimiento de los salarios asociado a un mayor incremento de la
productividad, también podría reducir el gasto en pensiones sobre el
PIB. Por ejemplo, la reducción de dicha tasa de sustitución en 6 puntos
contendría el gasto en pensiones en más de 2 puntos”. España 2050,
página 225. (El subrayado es nuestro).
11
Unos 21.000 millones de euros al año, “la mitad de la cantidad
necesaria para mantener el sistema con un aumento del 50% en el número
de pensionistas que se producirá a partir de la década de 2040”, explica
el responsable de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.
Actualizar
las pensiones según suba la inflación supondrá, además, un aumento de
gasto de 2,5 puntos del PIB hasta 2050, explican fuentes del Ministerio
de Seguridad Social. Según sus cálculos, el aumento de ingresos que se
conseguirá con otra de las medidas del acuerdo, acercar la edad efectiva
de jubilación –64 años y seis meses– a la edad legal –66 años en 2021,
irá ampliándose gradualmente hasta llegar a 67 años en 2027–, permitirá
cubrir 1,3 puntos de ese gasto adicional. El resto, añade Carlos Bravo,
se sufragará con el aumento de las bases máximas de cotización o el
nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, dos
propuestas que deberán diseñarse en la segunda fase de la negociación de
la reforma. “También el crecimiento de la actividad económica, la
subida del SMI y el cambio de modelo productivo servirán para elevar los
ingresos por cotizaciones del sistema”, concluye.
17
Y esa cifra era solo la mitad del beneficio neto. Es decir, no es
casualidad que el número de millonarios y la cuantía de sus fortunas
lleve años creciendo ininterrumpidamente. De crisis a crisis: una década
perdida para los trabajadores
Lecciones económicas para la próxima reactivación. Abril de 2020. Servicios de Estudios de UGT
*
Jordi Escuer es miembro de la Coordinadora regional de IU Madrid y
Juanjo Vallejo es asesor jubilado de UGT y miembro de la Coordinadora
regional de Ezker Anitza.
Diputado en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos
Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Juanjo Martín / EFE
En Madrid se están produciendo importantes movilizaciones vecinales
contra los ataques del Gobierno del Partido Popular a la Sanidad Pública
y su intento de desmantelar la Atención Primaria. La reacción de muchas
personas en las redes sociales es: "Disfruten de lo votado" en las
elecciones autonómicas del 4 de mayo. Entiendo por qué lo dicen: los
actos tienen consecuencias y votar a Díaz Ayuso puede tenerlas y muy
negativas. Pero no puedo estar de acuerdo con una afirmación que me
parece injusta, parcial y paralizante.
Es injusta, porque podría equivaler a aquel "¡Que se jodan!"
que gritó la diputada del PP, Andrea Fabra, cuando Rajoy, que tenía
mayoría absoluta, anuncio un recorte de prestaciones a los parados.
Aquello me pareció tan repugnante que, como decía el emperador Marco
Aurelio, la mejor venganza es no ser como ellos. Probablemente, en esa
afirmación también hay un ribete de antimadrileñismo. Puede tener su
explicación porque, al histórico rechazo al centralismo, se suma la
imagen de chulería y prepotencia que ha transmitido Ayuso como si
también lo fueran la mayoría de los habitantes de Madrid. Créanme, nada
tiene que ver ese retrato rancio del cayetanismo, con la mayor parte de
esta ciudadanía que es un precipitado de diversidad, un tutti fruti amable y acogedor.
Los datos de las elecciones son claros, pero también complejos. Que
el PP haya quedado como primera fuerza en determinados barrios populares
que ahora se movilizan, no significa que haya ganado las elecciones en
ellos. Por ejemplo, en Puente de Vallecas, el PP sacó el 27,52% de los
votos, pero la suma de la izquierda fue del 61,63%. En Villaverde, el PP
obtuvo el 33,69% y el bloque progresista un 54,24% ¿Por qué van a
renunciar estos barrios a salir a la calle?
Y las causas de lo sucedido son aún más complejas. Seguro que la
izquierda ha cometido muchos errores. Y hará mal si no los analiza a
fondo, hace autocrítica y saca conclusiones que le permitan mejorar.
Pero hay que acertar al explorar su origen. Por ejemplo, se dice que la
izquierda no habló de propuestas en la campaña y eso que las tenía de
forma abundante. Ojalá se hubieran podido debatir, pero no hubo espacios
para ello una vez que Ayuso decidió no ir a los debates y era imposible
hacerlo con una ultraderecha vociferante. No olvidemos que Ayuso ha
ganado con un programa en blanco, porque no podía poner en él que su
propuesta era acabar con todo lo público y gobernar en favor de los
poderosos.
El colmo de la propaganda política es conseguir que se vote a
aquellos que gobiernan en contra tus intereses. No es nuevo. Ya desde la
conquista del sufragio universal masculino, la estrategia de las élites
burguesas era conseguir mantener el poder político, sabiendo que por
ley el dueño de la fábrica tenía un voto frente al de cientos de sus
trabajadores. Y se emplearon a fondo en ello. Desarrollaron la
manipulación ideológica, el poder de los medios de comunicación, la
importancia de tener los púlpitos a su favor, la compra de dirigentes
obreros y la desmoralización de la mayoría. Y en situaciones extremas,
se rompen las reglas democráticas y se reprime con dureza para inocular
un miedo que conduzca al "tú no te metas en política".
También tiene un papel muy destacado la inversión en adoctrinamiento y
en fomentar la ignorancia. ¿Por qué creen que la educación es un
importante campo de batalla para las derechas y la Iglesia? Porque saben
muy bien que la escuela pública forma ciudadanos informados, críticos y
comprometidos. Ellos prefieren controlar la transmisión de valores
conservadores, individualistas y de sumisión al sistema. Porque para que
nada cambie, tienen la necesidad de que haya un bajo nivel de cultura
política.
Quien piense que tienen lo que se merecen los que han votado al PP y a
Vox, deben recordar que los derechos humanos son universales, es decir
para todos y todas sin excepción. Lo que supone que toda persona, por el
hecho de serlo, debe poder disfrutar de una buena educación y sanidad
públicas, hayan votado a quien hayan votado. Que los votantes tengan
contradicciones, refleja que falta un escudo cultural y crítico en la
ciudadanía, y que habrá que seguir trabajando para neutralizar el
bombardeo de la propaganda que blanquea ideologías muy peligrosas para
la convivencia y la justicia social.
Que una fuerza política haya ganado unas elecciones no le da patente
de corso para actuar con total desprecio a los derechos de los demás.
Muchos madrileños no quieren recortes en Sanidad Pública y su
privatización, aunque hayan votado a Ayuso y a su programa en blanco. Lo
han hecho porque no han sabido poner el bocadillo de calamares y la
caña, en el contexto de lo que significan las políticas ultraliberales.
Dudo que muchos votantes del PP conozcan, por ejemplo, que en EEUU los
enfermos ingresados en el hospital por covid han pagado más de 23.000
dólares por su tratamiento y que en bastantes casos han acabado en la
ruina.
Decir "que apechuguen con lo votado", además de que suena a reproche
vengativo, resulta paralizante. Porque los derechos democráticos no se
acaban con el sufragio universal. También tenemos otros derechos
fundamentales como la libertad de expresión y de denuncia, el derecho de
reunión, de manifestación y de huelga para impedir que acaben con los
bienes comunes de todos. Ganar las elecciones no da derecho a atropellar
los derechos sociales, ni obliga a aceptar pasivamente los ataques a
conquistas históricas. Es una obligación moral y democrática movilizarse
cuando se convierte a los servicios públicos en un territorio para el
saqueo y se desprecia a la ciudadanía.
Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos, también las que
hayan votado opciones políticas contrarias a sus intereses. Y, por
supuesto, derecho a rectificar y a pensar más las cosas en futuras
elecciones. Está claro que el conjunto de la izquierda no consiguió el 4
de mayo el apoyo electoral para poder formar un Gobierno decente y de
progreso en Madrid. Pero no hay que agrandar lo que, por importante que
sea, es solo una derrota electoral. No olviden lo que decía José
Saramago: "La derrota tiene algo positivo: nunca es definitiva. En
cambio, la victoria tiene algo negativo: jamás es definitiva".
Habrá que seguir realizando propuestas, creando organización y unidad,
saliendo a la calle, sembrando flores y sueños. Y si les falta esperanza
o confianza en sus fuerzas, hagan lo que yo: cuando vean a Ayuso,
piensen en Trump.
Este año se cumplen 10 años del nacimiento del movimiento #15M, el movimiento que lleno las plazas de indignación, empoderamiento y alternativas ciudadanas
Este año se cumplen 10 años
del nacimiento del movimiento 15M, el movimiento que lleno las plazas de
indignación, empoderamiento y alternativas ciudadanas. Para
conmemorarlo y darle impulso te invitamos a participar en las
actividades de esta agenda.
En el 15M confluyen
aspiraciones profundas basadas en la creación de tejido social en el
que se entrecruzan dos ejes de acción, uno que defiende los derechos y
frena su pérdida y un segundo eje generador de nuevas realidades con
formas de vida basadas en la cooperación.
Llamamos a todas las personas indignadas que hacen otro mundo posible, a todos los ámbitos colectivos y
asamblearios, a todas las plazas de aquí y allá a participar en
redes, confluencias y movilizaciones para conseguir un mundo justo para
todas. Las actualizaciones y novedades aparecerán en http://mayoglobal.blogspot.com/
El PP da por
hecha la victoria y sueña con la mayoría absoluta mientras que la
izquierda defiende que el vuelco está a 50.000 votos en los barrios del
sur. 5.112.658 electores deciden este martes el Gobierno de Madrid y un
nuevo ciclo político con muchas incógnitas: si los indecisos dan una
oportunidad a la suma de las tres izquierdas, el papel de Vox si resulta
clave para la reelección de la presidenta madrileña, la supervivencia
de Ciudadanos, el rol de Pablo Iglesias en Unidas Podemos o la
consolidación de Más Madrid como partido
Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. elDiario.es
5.112.658 electores deciden este martes el Gobierno de Madrid –y
quién sabe si un nuevo ciclo político en España– tras la campaña más
estrambótica de la historia reciente: dos semanas con un único debate
electoral, amenazas de muerte a candidatos, sin apenas contraste de
programas y con abundante hipérbole para unas elecciones autonómicas.
"Socialismo o libertad", planteó Isabel Díaz Ayuso desde el día
en que puso fin a la legislatura y destituyó a todos sus socios de
gobierno. "Democracia frente a fascismo", respondió la izquierda cuando
entraron en juego los sobres con balas, amenazas de muerte a Pablo Iglesias, Fernando Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Excesos aparte, este 4M trasciende a unas elecciones autonómicas
por todo lo que está en juego: de entrada, decidir cómo sale de la
pandemia la región que acumula el mayor número de muertes y contagios en
términos absolutos, y qué camino toma para la recuperación económica.
Si Madrid estará alineada con el Gobierno en la gestión de los fondos
europeos, 70.000 millones de euros, la mayor inyección económica de las
últimas décadas, o si persistirá en la confrontación con todo lo que
suena a Pedro Sánchez. En esos debates, el sanitario y el económico, es
de suponer, está la mayoría de la sociedad que lleva viviendo un año de
pesadilla y que ve cómo todavía hay 2.700 personas ingresadas con
COVID-19 en los hospitales. Pero lo que salga de las urnas determinará
todavía más que la apuesta por los servicios públicos, o el reparto de
cargas del día después... Si Madrid consolida el giro a la izquierda
tras 26 años ininterrumpidos de gobiernos de la derecha. Que Vox gane
influencia o incluso entre a gestionar presupuestos y áreas sensibles
tras dos años ejerciendo de socio del PP desde fuera. La propia
supervivencia de Ciudadanos como partido, una formación en caída libre
desde hace más de año y medio que puede ser extraparlamentario en Madrid
tras perder 30 de sus 36 diputados en Catalunya. El papel que va a
jugar Pablo Iglesias en Unidas Podemos tras haber dado un primer paso
hacia la retirada y señalar a Yolanda Díaz como sucesora al frente de la
coalición. La consolidación de Más Madrid con el nuevo liderazgo de
Mónica García en la comunidad para que deje de ser "el partido de
Errejón".
Todo eso lo decidirán los madrileños este martes laborable en
que se van a celebrar unas elecciones previstas para 2023. De momento,
ya se han registrado 259.411 solicitudes de voto por correo, un 41% más que en mayo de 2019 cuando nadie ni en las peores pesadillas imaginaba la pandemia que estaba por venir.
Una amplia mayoría de encuestas dan por hecha una victoria clara
de la candidata del PP a la que otorgan el doble de escaños que tiene
ahora (30, con el 22% de los votos). Su escalada en los sondeos pivota
sobre la absorción de Ciudadanos (que ahora tiene 26 escaños y amenaza
con perderlos todos) pero también gracias a una candidata que ha frenado
el auge de Vox escorándose todo lo posible a la derecha. Tanto, que
para que Rocío Monasterio y Santiago Abascal encontrasen hueco en la
campaña tuvieron que cruzar unas cuantas líneas rojas más: poner en duda
las amenazas de muerte a los dirigentes de la izquierda y además,
contratar vallas de publicitarias para criminalizar a niños inmigrantes.
Nada de ello impedirá que la extrema derecha tenga garantizado
un hueco en el Gobierno de la Comunidad si sus votos son necesarios y
así lo reclama Vox. Díaz Ayuso prometió incluirlos en su futuro gabinete
incluso si no los necesita para sumar mayoría. Vox será su "socio
preferente" tras unos comicios que convocó para librarse de Ciudadanos. Y
eso que en las últimas horas el PP apela al voto útil deslizando que
acaricia la mayoría absoluta. En su campaña, sin apenas propuestas, que
trata de hacer ver que el Madrid que conocemos estaría amenazado si gana
la izquierda y que ella encarna "la libertad" de tener abierto el
interior de los bares en contra de todas las recomendaciones
científicas, ha utilizado todos los resortes, empezando por su propio
gobierno.
Que la Junta Electoral le hubiera sancionado dos veces no impidió programar un mitin político
camuflado como discurso institucional del 2 de mayo. Hasta el punto de
asumir el propio Gobierno de Ayuso la realización televisiva de un acto
en el que la presidenta se premió a sí misma reconociendo al Zendal como
"el mejor hospital de pandemias del mundo" y después recogió el
galardón a la cultura que le devolvió otro de los premiados, Nacho Cano,
cuya elegía "gracias y valiente" hizo saltar las lágrimas a la
presidenta candidata.
El PSOE no quiso pasarlo por alto y en plena jornada de reflexión denunció de nuevo ante la Junta Electoral "el uso torticero" de la institución al servicio del partido.
Su candidato, Ángel Gabilondo, responde a esa guerra psicológica del PP
según la cual todo el pescado está vendido antes de que se abran las
urnas, advirtiendo que el vuelco está a 50.000 votos y para ello ha
desplegado un batallón de ministros por los barrios del sur en la recta
final de la campaña, donde se descolgó con promesas para los jóvenes que
no estaban en su programa electoral: dos meses de abono transporte y uno de alquiler gratis para los menores de 30 años.
En las filas socialistas cunde cierta desazón por la estrategia
errática del partido, que primero intentó pescar en la hecatombe de
Ciudadanos hasta que en la última semana, desengañado por los sondeos,
ha apelado al voto más izquierdista.
También Unidas Podemos ha cargado contra el marco que ha
impuesto la demoscopia. Pablo Iglesias que ha hecho tándem con la
vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en muchos
mítines y ha tachado de "efecto óptico" la sensación general de victoria
de Ayuso, para llamar a "la clase trabajadora" a parar los pies a la extrema derecha.
Con menos decibelios Más Madrid ha logrado colar su discurso de
"lo que de verdad importa" con una candidata revelación que se había
bregado dos años ejerciendo de voz de los sanitarios contra Díaz Ayuso y
que, según las encuestas, ha rentabilizado toda esa oposición estos
últimos quince días hasta pisar los talones al PSOE, donde algunos
dirigentes temen el sorpaso.
Las minúsculas de los sondeos, esa letra pequeña que no cabe en
los titulares, dejan en el aire un importante porcentaje de votantes que
o bien no han decidido su voto o no quieren hacerlo público. El CIS del pasado 22 de abril computaba un 19,6% de indecisos, mientras que la última encuesta de Metroscopia para El País
hace una semana lo rebajaba al 9%. Las estimaciones sobre participación
también difieren entre sondeos: el CIS sitúa en un 80,2% el porcentaje
de encuestados que dice que "con toda seguridad" irá a votar, GAD3 para ABC lo rebaja al 76%, Key Data (Público) calcula un 70,2% y Metroscopia para El País la sitúa entre un 66 y un 68%.
El director de GAD-3 Narciso Michavila suele repetir que la
sociedad ha cambiado y que ya no existe ese país en el que el voto
pasaba de padres a hijos porque en este mundo nuevo la gente decide en
el último momento dónde se va de vacaciones o qué coche comprarse. Según
su tesis, en todo el mundo sucede que un 10% de los votantes deciden la
papeleta en el colegio electoral.
Todo lo anterior son eso: predicciones. El resultado que vale se
conocerá pasadas las diez de la noche de este martes. El PP, de
momento, ha vuelto a montar el balcón de las victorias en la sede de
Génova 13 en Madrid que Pablo Casaado ha prometido abandonar. Llevaba
muchas elecciones seguidas sin instalarlo.
