El gobierno legisla para concentrar más el poder y alejarlo del pueblo.
Grupo Antimilitarista Tortuga
Una más de las felonías que los
políticos al mando del estado español cometen cada semana. Entre tantas
y tantas decisiones que perjudican a la gente y benefician a las
élites, esta anunciada el viernes, de gran trascendencia política: La
reforma de la
Ley
de Bases de Régimen Local, una iniciativa que tiene el objetivo de
despojar de decisión política a los pequeños municipios en beneficio de
una institución opaca, lejana, de no elección directa de sus integrantes
y proclive al chanchulleo mafioso con los poderes económicos. Nos
referimos a las diputaciones provinciales.
En resumidas cuentas los cambios anunciados hoy por la trinca Montoro, Guindos y Santamaría consisten en lo siguiente:
Las competencias de los pequeños municipios pasarán a las diputaciones provinciales
El
gobierno podrá despojar de todas sus competencias a los municipios de
menos de 20.000 habitantes que no cumplan los “baremos de calidad”
fijados por el propio gobierno. Será asimismo el gobierno quien
interprete si el municipio cumple o no cumple dichos baremos. Las
competencias recaerán en la diputación provincial.
En Tortuga somos partidarios/as de la
democracia directa y asamblearia y de ninguna otra. Por ello no nos
parece ni más ni menos democrático en el sentido teórico del término que
la gestión de un municipio de, por ejemplo, 15.000 habitantes esté en
manos de un pequeño grupito local de políticos profesionales o esté en
las manos de otros políticos que gobiernan desde “la capital”. Sin
embargo en términos prácticos pensamos que alejar el centro de decisión
con respecto a las personas gobernadas siempre contribuye a convertir al
poder –precisamente- en más lejano y poderoso y a que se pierdan cauces
y oportunidades de presionar e intervenir sobre él.
Eso por un lado. Por el otro pensemos en
qué situación quedan ahora algunos pequeños municipios en los que sí
hay una participación popular realmente democrática. Pequeñas
localidades gobernadas por la izquierda abertzale en Euskal Herria, o
Marinaleda, por ejemplo, o algunas ecoaldeas, o los pocos municipios que
han aguantado la presión y se siguen gestionando con las últimas
migajas del tradicional Concejo Abierto. Todas estas inciativas de
municipalismo democrático quedan ahora a las expensas de que lleguen los
políticos del sistema a “baremar” si se cumplen los criterios “de
calidad” para poder suspender todos sus derechos competenciales en
beneficio de la mafia política provincial
Se eliminarán mancomunidades y pedanías
Se
eliminarán órganos intermedios «que no contribuyen a una eficaz
gestión», como las mancomunidades, y las de orden menor, como las
pedanías. Son demasiado opacas y no rinden cuentas», ha dicho Montoro,
bajo la premisa que ha defendido Mariano Rajoy en varias ocasiones: «Una
administración, una competencia».
Como uds. sabrán las pedanías son
órganos políticos menores cuyos gestores –los alcaldes pedáneos- rara
vez son remunerados y su función es poco más o menos que facilitar la
comunicación entre la gente de las zonas periféricas de las ciudades
grandes y los “atareados” políticos que gobiernan estas urbes. Los
políticos del PP tienen claro que la gente no ha de tener facilidades
para “molestar” a sus gobernantes y han decidido cargarse este órgano.
Bastante más grave es lo de las
mancomunidades. Pequeños municipios geográficamente vecinos se agrupan
para dotarse de servicios que a cada uno por separado le costaría tener.
Abastecimiento de aguas, gestión de residuos, temas forestales,
culturales etc. Una organización bastante eficiente y no especialmente
onerosa en su administración, que responde a las necesidades de los
habitantes de esos lugares y a sus particularidades. Ahora de estas
cosas no se encargarán los regidores de cada localidad sino unos señores
de la capital.
Y lo de los señores de la capital, es
decir los diputados provinciales también es grave. El debate sobre las
diputaciones provinciales se daba no hace casi nada en términos de
eliminarlas por ser una administración cara y poco operativa. Podemos
añadir que es una institución –esta sí y no tanto las otras- opaca donde
las haya, cuyos miembros no han sido elegidos directamente para ese
cargo sino que emanan de complejos cálculos de la ley
electoral. Por si fuera poco las diputaciones son el espacio perfecto
para el negocio mafioso. Por su opacidad como decimos y por la cantidad
de dinero que gestionan que ahora será mayor. En Alacant por ejemplo
tenemos a varios diputados provinciales, entre ellos su ex presidente,
imputados por corrupción a la hora de adjudicar servicios (en este caso
relacionados con la basura) a empresarios mafiosos a cambio de presuntos
sobornos. Es de creer que los servicios que gestionaban las
mancomunidades cuando pasen a manos de sus señorías los diputados
aumentarán en coste (hay que pagar las comisiones y los sobornos),
bajarán en calidad y no responderán a la demanda de las personas
usuarias.
Se reducirá un tercio de los concejales
Se
reducirán en un 30 por ciento el número de concejales en las próximas
elecciones —como avanzó el presidente del Gobierno en el Congreso el
pasado miércoles— lo que permitirá «favorecer la toma de decisión
política». Ello significa pasar de los 68.578 concejales actuales a
47.240. Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en
los municipios más grandes.
Poco que decir sobre esto, más que ese
“favorecer la toma de decisión política” de la que hablan los portavoces
del gobierno, se refiere a más bipartidismo por la vía de aumentar el
número de votos necesario para alcanzar una poltrona de concejal. Lo
cual, unido al resto de disposiciones restrictivas como la Ley d’Hont pondrá muy difícil el acceso a los ayuntamientos a partidos pequeños o independientes.
Otros cambios
Nos parece de menor trascendencia el
anuncio de la medida de que se homologarán los sueldos de concejales y
alcaldes según criterios que por ahora no nos han quedado claros.
España / consejo de ministros
Las diputaciones asumen las competencias de los municipios pequeños que no cumplan
El Gobierno presenta el proyecto de una «reforma estructural» de la Administración local.
m.r.c / madrid
Tras el Consejo deliberante, «meramente
informativo», presidido por Su Majestad el Rey esta mañana en la
Zarzuela, los miembros del Gobierno se han trasladado hasta el Palacio
de La Moncloa para celebrar la reunión del Consejo de Ministros
decisorio.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, ha dado cuenta de las medidas de ajuste
«importantes, necesarias e inaplazables» que han sido aprobadas por el
Consejo de Ministros de este viernes, y de las que se han preparado para
reuniones posteriores. La vicepresidenta se ha referido a la actual
coyuntura como «uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia
reciente», con el tono de sobriedad y solemnidad que requieren las
medidas que ha anunciado.
«El Gobierno tiene que actuar con rigor y
realismo», ha apuntado, por lo que se han adoptado medidas «que no son,
ni sencillas, ni fáciles, ni populares, porque estamos pidiendo
esfuerzos adicionales, sacrificios importantes, para sacar adelante el
país». Dada la situación, el Consejo de Ministros ha de hacer un
«esfuerzo de consolidación fiscal por la vía del gasto y del ingreso»
para «tapar el agujero de las cuentas públicas», pero también «reformas
estructurales» para crecer y crear empleo.
En el próximo semestre, el Gobierno aprobará hasta veinte leyes,
que tienen como objetivo fundamental «reformar las Administraciones,
ganar en competitividad y mejorar nuestra economía para crecer».
«Una administración, una competencia».
La primera de estas medidas —cuyo
anteproyecto ha sido aprobado hoy—, se encuentran el Proyecto de Ley que
modifica la Ley de bases de régimen local, una reforma estructural que ha sido presentada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El proyecto de ley pretende que las
corporaciones locales acometan «las funciones para las que tienen
presupuesto y no aquello que exceda de la definición competencial» que
contemple esta nueva ley. Además, se eliminarán órganos intermedios «que
no contribuyen a una eficaz gestión», como las mancomunidades, y las de
orden menor, como las pedanías. Son demasiado opacas y no rinden
cuentas», ha dicho Montoro, bajo la premisa que ha defendido Mariano
Rajoy en varias ocasiones: «Una administración, una competencia».
Se reducirán, además, en un 30 por
ciento el número de concejales en las próximas elecciones —como avanzó
el presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles— lo que
permitirá «favorecer la toma de decisión política». Según ha explicado
posteriormente la vicepresidenta, el motivo de retrasar la aplicación de
esta medida hasta los próximos comicios es que «los concejales que hay
ahora mismo los han puesto ahí los españoles». Además, los sueldos serán
homogéneos; el mismo para el concejal que para el alcalde.
La Administración General del Estado
será quien bareme la calidad del servicio público local —en concreto, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—. Así, las
competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes «que no
cumplan esos baremos de calidad», pasarán a ser asumidas por las
diputaciones, que serán así gestoras de los ayuntamientos de orden
menor. Se refuerza el papel de estos organismos tan cuestionados por
otros partidos políticos.
«La eliminación de las mancomunidades puede suponer un ahorro de 700
millones de euros», ha apuntado, por su parte, la vicepresidenta.
ABC
