Tras el paréntesis del año pasado, vuelve el Mundialito Antirracista!
Con normas adaptadas a estos tiempos, y el cupo de equipos cubierto (a 31/08).
Fantástica iniciativa que se celebra en nuestro barrio anualmente desde el año 2006.
Tras el paréntesis del año pasado, vuelve el Mundialito Antirracista!
Con normas adaptadas a estos tiempos, y el cupo de equipos cubierto (a 31/08).
Fantástica iniciativa que se celebra en nuestro barrio anualmente desde el año 2006.
Jordi Escuer y Juanjo Vallejo*
Los logros alcanzados en el acuerdo sobre las pensiones obedecen a dos razones: la movilización de los pensionistas y la dependencia de Unidas Podemos que tiene la dirección del PSOE para poder gobernar. Se demuestra, una vez más, que merece la pena luchar y, desde la movilización, lograr la máxima representación posible en las instituciones hasta conquistar la mayoría en ellas. Pero el acuerdo, además de luces tiene sombras, que se proyectan sobre lo que queda por negociar, que es lo más peliagudo. Y desde la izquierda transformadora toca dar alternativa.
El pacto recoge pasos adelante sobre la contrarreforma del PP de 2013: incrementa las pensiones conforme al IPC medio; deroga el factor de sostenibilidad, que pretendía bajar las pensiones en proporción al aumento de la esperanza de vida y que hubiera supuesto una caída de las pensiones de casi el 40%1; blinda la cláusula de salvaguarda, que protege los derechos de los trabajadores de mayor edad que perdieron su empleo en la crisis de 2013, que no encuentran trabajo, y que les permite acogerse a la legislación más favorable para su jubilación; equipara las parejas de hecho a los matrimonios en materia de pensión de viudedad; y establece que quienes trabajen como becarios coticen a la Seguridad Social.
La derecha ha criticado el acuerdo, pero la patronal lo ha firmado. Para los empresarios es positivo, aunque «desde luego no con la profundidad que se requiriere para conseguir que en el futuro podamos tener un sistema que sea sostenible y que sea pagable»2, refiriéndose a las medidas que van a terminar determinando la cuantía de las pensiones del futuro, el “mecanismo de equidad intergeneracional” o la posibilidad de ampliar el periodo de años computados para calcular la pensión. Igual que el PSOE tiene que hacer concesiones a UP, porque es su principal apoyo para poder gobernar, la patronal debe llegar a acuerdos con el Gobierno, por mucho que el PP y Vox se indignen.
A pesar de los logros, el acuerdo anticipa los problemas pendientes que amenazan con agravarse en la segunda parte de la negociación, que abordará la parte del león del asunto. La patronal lo firma porque espera que las concesiones de ahora tengan su recompensa en esos aspectos. Son conscientes de que, ahora, no hay mayoría absoluta de la derecha y que deben buscar otra vía para aplicar la política que desean.
El primer problema del acuerdo es que supone la aceptación tácita de que hay que atrasar la edad de jubilación. Y así lo remarca la propia patronal cuando dice que «se da un paso para conseguir alargar la edad de jubilación real, pero creo que las medidas en profundidad están por llegar»3.
El pacto sobre pensiones de CCOO y UGT con el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, acordó elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. El acuerdo actual da por hecho que esta medida se va mantener y va a incentivar tanto la jubilación a edades más avanzadas, como penalizar la jubilación anticipada, todo orientado al “acercamiento voluntario de la edad efectiva a la edad legal de jubilación”.
Es más, no hay ninguna garantía de que los 67 años sean el punto final. El propio Gobierno en su propuesta España 2050 afirma: “España ya ha establecido el incremento progresivo de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027. Aunque no es un umbral bajo en el contexto europeo, constituye un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad”4 (el subrayado es nuestro).
Es muy llamativo que se hable de “solidaridad intergeneracional” reiteradamente, cuando lo que ya se da por válido es que las próximas generaciones se jubilarán dos años más tarde que nuestros padres. Eso es la aceptación de un recorte del salario diferido del conjunto de la clase trabajadora.

También está la cuestión de cuál va a ser la cuantía de las pensiones futuras. El Gobierno es el primero que contempla la posibilidad de reducir la “tasa de sustitución”5 mediante cambios legales,6 es decir, que la pensión que finalmente se pague sea menor que las actual. En el Reino de España dicha tasa es de las más altas de la Unión Europea, pero no podemos perder de vista que el salario medio español es de los más bajos de la zona euro7, y eso se refleja en que la pensión media supera por muy poco los 1.000 euros8.
Y aquí, de nuevo, el acuerdo da por válida otra de las medidas que se acordaron en 2011: el aumento de 15 a 25 años de los años computados para establecer la cuantía de la pensión. Según el propio ministerio de Seguridad Social, ampliarlo de 15 a 22 años ya supuso un recorte del 3,9% en la mitad de las pensiones de 2019. ¿Darán más pasos en esa dirección? El ministro Escrivá tiene la voluntad de hacerlo. Y, con las cifras de su ministerio de nuevo, ampliarlo a 35 años supondría otro reducción del 6,3% en las pensiones resultantes9.
En otras palabras, estamos ante la aceptación de un recorte de las pensiones que se produjo en 2011, y todo indica que la mayoría del gobierno, la patronal y las instituciones europeas quieren que se profundice en ese camino.
La propia derogación del factor de sostenibilidad va unida a su sustitución por un “nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que entraría en vigor en 2027. ¿En qué consistirá? En las medidas enviadas a Bruselas a principios de este año por el Gobierno, se planteaba reemplazarlo por un nuevo instrumento que, además del aumento de la esperanza de vida, tuviera en cuenta otros factores (como la relación entre el número de ocupados y el de pensionistas, entre otros). El objetivo sería “evitar que un coeficiente reductor automático –tal y como estaba diseñado en la reforma de 2013– “cargue exclusivamente sobre los pensionistas el coste del aumento de la esperanza de vida”10 (el subrayado es nuestro). Como podemos ver, los planes siguen siendo reducir el gasto en pensiones.
A pesar de que el acuerdo incluye las transferencias del Estado para cubrir el incremento previsto del gasto en pensiones, éstas sólo van a cubrir la mitad del mismo. Es mejor que antes, pero ¿de dónde va a venir la otra mitad? Pues la otra parte vendrá, fundamentalmente, del retraso de la edad de jubilación a 67 años y de que la edad efectiva de la misma se acerque a esa edad legal11.
Si aceptamos la lógica del sistema, difícilmente podremos escapar de ella. Con un nivel de paro que, desde finales de los años 70, oscila entre 2 y 6 millones de personas, ¿qué sentido tiene obligar a las trabajadoras y trabajadores a jubilarse cada vez más tarde? En la práctica se condena a muchos de quienes tienen más de 55 años a ser parados de larga duración y, los más afortunados, a prejubilarse con recortes en la pensión. Y la juventud, con la mayor tasa de paro de la UE, es la primera perjudicada.
Entonces, si no nos falta fuerza de trabajo, ¿por qué atrasar la edad de jubilación? Se puede entender si vemos quién se beneficia de esta política: el conjunto de las grandes empresas, que tienen garantizado un amplio mercado de mano de obra barata, en el que la oferta siempre excede la demanda y permite mantener los salarios en niveles cada vez más bajos y las condiciones laborales más precarias. Ahí reside el secreto de la llamada “competitividad”, es decir, disponer de mano de obra a “precios competitivos”.
Con un añadido, el sector financiero espera captar cada vez más dinero del ahorro de los sectores con mejores salarios mediante fondos privados de pensiones, esta vez de empresa. El Pacto de Toledo ha dejado la puerta abierta de par en par a la creación de fondos de pensiones de empresa, complementarios de las pensiones públicas. Es un contrasentido: si faltan recursos para pensiones, ¿por qué dirigir dinero a fondos privados de empresa? ¿no sería mejor dedicarlos a fortalecer el sistema público? Se abre la puerta a un sistema en el que cada vez el sistema público pesará menos, y más irá al privado, facilitando a las grandes corporaciones, tanto financieras como de otro tipo, el acceso al ahorro de la clase trabajadora, como se hace en otros países como Estados Unidos, Países Bajos o Gran Bretaña.
Los cambios que la crisis del coronavirus está precipitando están teniendo como consecuencia el despido de muchas personas en las grandes empresas (banca, industria…). Y esto es sólo el principio de lo que va a suponer los cambios tecnológicos y de otro tipo en los sectores viejos. Los avances en la productividad, que permiten hacer más con menos tiempo de trabajo, deberían transformarse en mejores condiciones de vida y trabajo. Pero eso no es automático, pues el capitalismo tiende a convertirlo todo en más rentabilidad, que implica más explotación. Sólo la lucha de la clase trabajadora organizada puede oponerse a esa dinámica.
El sistema siempre busca un trasvase de renta de la clase trabajadora a la capitalista, recortando salarios o ampliando la jornada laboral con la misma remuneración (o ambas cosas), recortando el salario indirecto (sanidad y educación pública y el conjunto de servicios públicos) y recortando el salario diferido (las pensiones). Si queremos ir en la dirección contraria, un trasvase de renta de la clase capitalista a la clase trabajadora, lo primero es cambiar la lógica con la que se está abordando la situación.
El mes de junio había 3.614.339 de personas desempleadas12. Las personas que tienen entre 60 y 64 años son tres millones13. Si tenemos en cuenta que, de media, trabaja un 50% de las personas en esa franja de edad14, si la jubilación se anticipase a los 60 años, harían falta 1,5 millones de personas para sustituirlas utilizando el contrato de relevo.
Dar este paso costaría 24.575 millones de euros15, el 1,97% del PIB de 2019. Es una cantidad muy grande, pero es poco más de la tercera parte de lo que cada año se renuncia a cobrar en impuestos, por tener una de las fiscalidades más bajas de la Unión Europea, en beneficio de las grandes empresas16. Y también es bastante menos que los dividendos distribuidos anualmente por las compañías no financieras, más de 80.000 millones en 201917. Por tanto, no es ningún disparate. Es una cuestión de elegir cuál es nuestra prioridad: pensiones dignas o rentabilidad privada.
Una jubilación a los 60 años, con una pensión nunca inferior al SMI, sería perfectamente compatible con la posibilidad de que, quien quisiera, pudiera seguir trabajando, no por necesidad sino porque realmente su trabajo le gusta y es útil a la sociedad. Y de esta manera se daría una salida a muchas personas que sufren condiciones de explotación penosas en sus empleos y que llegan con la salud muy deteriorada a los 65 años. Eso, además de ser algo de justicia y humanidad, generaría grandes ahorros en gasto sanitario mejorando la calidad de vida de millones de personas.
Esta medida debería combinarse con una reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, y un desarrollo del sector público y de la economía social en todos los terrenos. No sólo en el de los cuidados y los servicios públicos (sanidad, educación, transporte…), sino en el productivo. ¿Por qué no se lidera la transición ecológica desde empresas públicas y empresas sociales que trabajen desde los barrios y localidades, creando empleo digno y fijando población en ellos? ¿Por qué no emplear los fondos de la UE en proyectos de colaboración público-social? ¿Acaso no crea riqueza una empresa pública cuando rehabilita o construye una vivienda, o instala un sistema de energía renovable?
El desarrollo de una economía no capitalista, basada en la cooperación y la participación democrática, con salarios y condiciones de trabajo decentes, cuya prioridad sea atender las necesidades sociales y hacerlo de forma ecológicamente sostenible, es la única garantía de disponer de un sistema de pensiones públicas digno en el futuro. Eso es defender una alternativa socialista y democrática hoy.
El sistema capitalista rechaza toda medida que merme la rentabilidad privada, aunque esa política suponga un desastre social tras otro. Reducir la jornada laboral sin disminución salarial, subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, anticipar la edad de jubilación a 60 años y procurar unas pensiones que permitan vivir adecuadamente o una renta básica que evite que nadie quede en la miseria cuando pierde su empleo, son medidas que abrirían la puerta a una sociedad mejor que la actual, pero que no son compatibles con la competencia capitalista por el máximo beneficio. Y todo eso, conviene recordarlo cuando analizamos cómo afrontar esta situación.
Pelear por un buen sistema publico de pensiones demanda, en primer lugar, desenmascarar los intereses que hay detrás de los planes que se pretenden. La correlación de fuerzas actual en el Parlamento, no puede impedir hacer esa labor ni disuadir de la necesidad de dar alternativa. Es la forma de combinar nuestra presencia en el Parlamento y en el Gobierno, con alentar la movilización para contrarrestar la presión de los poderes económicos y políticos al gobierno.
La movilización de los pensionistas no puede quedar aislada, sino que debe unirse a la de los jóvenes y a la de todos los sectores y estratos de la clase trabajadora, así como a todas las partes de la sociedad que sufren unas condiciones de vida cada vez peores. Para eso debemos sumar reivindicaciones y convertirlas en una alternativa articulada e integral. Hay que emplear tiempo en poner en común estás ideas en el conjunto de la izquierda transformadora y sindical, y llevar el debate a la gente, de forma que se entienda y vincule a los problemas cotidianos. Para que un joven vea que, cuando se lucha por las pensiones, se está peleando por la juventud, y viceversa, cuando nos movilizamos por el empleo digno para los jóvenes, se está peleando por unas pensiones decentes en el futuro.
1 El IRP, resalta el ministerio de José María Escrivá, podía traducirse en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de hasta el 37% para los pensionistas a lo largo de su vida. https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/01/21/la_reforma_enviada_bruselas_mantiene_ajuste_pension_segun_esperanza_vida_ampliacion_del_periodo_calculo_115678_1011.html
2 Declaraciones del presidente de la patronal madrileña (CEIM), Miguel Garrido https://www.elcorreo.com/economia/pensiones/pensiones-20210629140346-ntrc.html
3 Ibídem.
4 ESPAÑA 2050, página 222.
5 La tasa de sustitución hace referencia a la relación entre la pensión y el salario. En España es de un poco más del 70%, lo que implica que las pensiones equivalen, de media al 70% del salario percibido antes de la jubilación.
6 A su vez, una reducción de la tasa de sustitución, debida a cambios legales sobre el cálculo de las pensiones o a un mayor crecimiento de los salarios asociado a un mayor incremento de la productividad, también podría reducir el gasto en pensiones sobre el PIB. Por ejemplo, la reducción de dicha tasa de sustitución en 6 puntos contendría el gasto en pensiones en más de 2 puntos”. España 2050, página 225. (El subrayado es nuestro).
8 La pensión contributiva media en España es, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, de 1.017,97 euros mensuales. https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/pension-media-nuevas-jubilaciones-2021-1484-euros-al-mes-20210108075900-nt.html
11 Unos 21.000 millones de euros al año, “la mitad de la cantidad necesaria para mantener el sistema con un aumento del 50% en el número de pensionistas que se producirá a partir de la década de 2040”, explica el responsable de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.
Actualizar las pensiones según suba la inflación supondrá, además, un aumento de gasto de 2,5 puntos del PIB hasta 2050, explican fuentes del Ministerio de Seguridad Social. Según sus cálculos, el aumento de ingresos que se conseguirá con otra de las medidas del acuerdo, acercar la edad efectiva de jubilación –64 años y seis meses– a la edad legal –66 años en 2021, irá ampliándose gradualmente hasta llegar a 67 años en 2027–, permitirá cubrir 1,3 puntos de ese gasto adicional. El resto, añade Carlos Bravo, se sufragará con el aumento de las bases máximas de cotización o el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, dos propuestas que deberán diseñarse en la segunda fase de la negociación de la reforma. “También el crecimiento de la actividad económica, la subida del SMI y el cambio de modelo productivo servirán para elevar los ingresos por cotizaciones del sistema”, concluye.
12 Paro registrado.
13 Personas entre 60 y 64 años, 1 de enero de 2021. Total nacional ambos sexos (INE, enero 21)
60 años 644.806
61 años 624.692
62 años 607.662
63 años 590.685
64 años 549.081
Total 3.016.926
14 España 2050, página 211.
15 1.170,26 (pensión contributiva media) x 14 pagas x 1,5 millones = 29.490 millones de euros
16 La media de la UE es del 41,1% del PIB, mientras que en España es del 35,4%. Eso supone un 5,7 puntos del PIB, que en 2019 hubiesen supuesto 70.949,04 millones. https://www.eldiario.es/economia/baja-recaudacion-iva-sociedades-impuestos-verdes-lastran-objetivo-espana-llegar-presion-fiscal-europea_1_7922312.html
17 Y esa cifra era solo la mitad del beneficio neto. Es decir, no es casualidad que el número de millonarios y la cuantía de sus fortunas lleve años creciendo ininterrumpidamente. De crisis a crisis: una década perdida para los trabajadores
Lecciones económicas para la próxima reactivación. Abril de 2020. Servicios de Estudios de UGT
https://www.ugt.es/sites/default/files/de_crisis_a_crisis-2008-20193.pdf
* Jordi Escuer es miembro de la Coordinadora regional de IU Madrid y Juanjo Vallejo es asesor jubilado de UGT y miembro de la Coordinadora regional de Ezker Anitza.
Diputado en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos
En Madrid se están produciendo importantes movilizaciones vecinales contra los ataques del Gobierno del Partido Popular a la Sanidad Pública y su intento de desmantelar la Atención Primaria. La reacción de muchas personas en las redes sociales es: "Disfruten de lo votado" en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Entiendo por qué lo dicen: los actos tienen consecuencias y votar a Díaz Ayuso puede tenerlas y muy negativas. Pero no puedo estar de acuerdo con una afirmación que me parece injusta, parcial y paralizante.
Los datos de las elecciones son claros, pero también complejos. Que el PP haya quedado como primera fuerza en determinados barrios populares que ahora se movilizan, no significa que haya ganado las elecciones en ellos. Por ejemplo, en Puente de Vallecas, el PP sacó el 27,52% de los votos, pero la suma de la izquierda fue del 61,63%. En Villaverde, el PP obtuvo el 33,69% y el bloque progresista un 54,24% ¿Por qué van a renunciar estos barrios a salir a la calle?
Y las causas de lo sucedido son aún más complejas. Seguro que la izquierda ha cometido muchos errores. Y hará mal si no los analiza a fondo, hace autocrítica y saca conclusiones que le permitan mejorar. Pero hay que acertar al explorar su origen. Por ejemplo, se dice que la izquierda no habló de propuestas en la campaña y eso que las tenía de forma abundante. Ojalá se hubieran podido debatir, pero no hubo espacios para ello una vez que Ayuso decidió no ir a los debates y era imposible hacerlo con una ultraderecha vociferante. No olvidemos que Ayuso ha ganado con un programa en blanco, porque no podía poner en él que su propuesta era acabar con todo lo público y gobernar en favor de los poderosos.
El colmo de la propaganda política es conseguir que se vote a aquellos que gobiernan en contra tus intereses. No es nuevo. Ya desde la conquista del sufragio universal masculino, la estrategia de las élites burguesas era conseguir mantener el poder político, sabiendo que por ley el dueño de la fábrica tenía un voto frente al de cientos de sus trabajadores. Y se emplearon a fondo en ello. Desarrollaron la manipulación ideológica, el poder de los medios de comunicación, la importancia de tener los púlpitos a su favor, la compra de dirigentes obreros y la desmoralización de la mayoría. Y en situaciones extremas, se rompen las reglas democráticas y se reprime con dureza para inocular un miedo que conduzca al "tú no te metas en política".
También tiene un papel muy destacado la inversión en adoctrinamiento y en fomentar la ignorancia. ¿Por qué creen que la educación es un importante campo de batalla para las derechas y la Iglesia? Porque saben muy bien que la escuela pública forma ciudadanos informados, críticos y comprometidos. Ellos prefieren controlar la transmisión de valores conservadores, individualistas y de sumisión al sistema. Porque para que nada cambie, tienen la necesidad de que haya un bajo nivel de cultura política.
Quien piense que tienen lo que se merecen los que han votado al PP y a Vox, deben recordar que los derechos humanos son universales, es decir para todos y todas sin excepción. Lo que supone que toda persona, por el hecho de serlo, debe poder disfrutar de una buena educación y sanidad públicas, hayan votado a quien hayan votado. Que los votantes tengan contradicciones, refleja que falta un escudo cultural y crítico en la ciudadanía, y que habrá que seguir trabajando para neutralizar el bombardeo de la propaganda que blanquea ideologías muy peligrosas para la convivencia y la justicia social.
Que una fuerza política haya ganado unas elecciones no le da patente de corso para actuar con total desprecio a los derechos de los demás. Muchos madrileños no quieren recortes en Sanidad Pública y su privatización, aunque hayan votado a Ayuso y a su programa en blanco. Lo han hecho porque no han sabido poner el bocadillo de calamares y la caña, en el contexto de lo que significan las políticas ultraliberales. Dudo que muchos votantes del PP conozcan, por ejemplo, que en EEUU los enfermos ingresados en el hospital por covid han pagado más de 23.000 dólares por su tratamiento y que en bastantes casos han acabado en la ruina.
Decir "que apechuguen con lo votado", además de que suena a reproche vengativo, resulta paralizante. Porque los derechos democráticos no se acaban con el sufragio universal. También tenemos otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y de denuncia, el derecho de reunión, de manifestación y de huelga para impedir que acaben con los bienes comunes de todos. Ganar las elecciones no da derecho a atropellar los derechos sociales, ni obliga a aceptar pasivamente los ataques a conquistas históricas. Es una obligación moral y democrática movilizarse cuando se convierte a los servicios públicos en un territorio para el saqueo y se desprecia a la ciudadanía.
Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos, también las que hayan votado opciones políticas contrarias a sus intereses. Y, por supuesto, derecho a rectificar y a pensar más las cosas en futuras elecciones. Está claro que el conjunto de la izquierda no consiguió el 4 de mayo el apoyo electoral para poder formar un Gobierno decente y de progreso en Madrid. Pero no hay que agrandar lo que, por importante que sea, es solo una derrota electoral. No olviden lo que decía José Saramago: "La derrota tiene algo positivo: nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo: jamás es definitiva". Habrá que seguir realizando propuestas, creando organización y unidad, saliendo a la calle, sembrando flores y sueños. Y si les falta esperanza o confianza en sus fuerzas, hagan lo que yo: cuando vean a Ayuso, piensen en Trump.
14-05-2021 | 15-M
Este año se cumplen 10 años del nacimiento del movimiento 15M, el movimiento que lleno las plazas de indignación, empoderamiento y alternativas ciudadanas. Para conmemorarlo y darle impulso te invitamos a participar en las actividades de esta agenda.
En el 15M confluyen aspiraciones profundas basadas en la creación de tejido social en el que se entrecruzan dos ejes de acción, uno que defiende los derechos y frena su pérdida y un segundo eje generador de nuevas realidades con formas de vida basadas en la cooperación.
Llamamos a todas las personas indignadas que hacen otro mundo posible, a todos los ámbitos colectivos y asamblearios, a todas las plazas de aquí y allá a participar en redes, confluencias y movilizaciones para conseguir un mundo justo para todas. Las actualizaciones y novedades aparecerán en http://mayoglobal.blogspot.com/
Todo eso lo decidirán los madrileños este martes laborable en que se van a celebrar unas elecciones previstas para 2023. De momento, ya se han registrado 259.411 solicitudes de voto por correo, un 41% más que en mayo de 2019 cuando nadie ni en las peores pesadillas imaginaba la pandemia que estaba por venir.
Una amplia mayoría de encuestas dan por hecha una victoria clara de la candidata del PP a la que otorgan el doble de escaños que tiene ahora (30, con el 22% de los votos). Su escalada en los sondeos pivota sobre la absorción de Ciudadanos (que ahora tiene 26 escaños y amenaza con perderlos todos) pero también gracias a una candidata que ha frenado el auge de Vox escorándose todo lo posible a la derecha. Tanto, que para que Rocío Monasterio y Santiago Abascal encontrasen hueco en la campaña tuvieron que cruzar unas cuantas líneas rojas más: poner en duda las amenazas de muerte a los dirigentes de la izquierda y además, contratar vallas de publicitarias para criminalizar a niños inmigrantes.
Nada de ello impedirá que la extrema derecha tenga garantizado un hueco en el Gobierno de la Comunidad si sus votos son necesarios y así lo reclama Vox. Díaz Ayuso prometió incluirlos en su futuro gabinete incluso si no los necesita para sumar mayoría. Vox será su "socio preferente" tras unos comicios que convocó para librarse de Ciudadanos. Y eso que en las últimas horas el PP apela al voto útil deslizando que acaricia la mayoría absoluta. En su campaña, sin apenas propuestas, que trata de hacer ver que el Madrid que conocemos estaría amenazado si gana la izquierda y que ella encarna "la libertad" de tener abierto el interior de los bares en contra de todas las recomendaciones científicas, ha utilizado todos los resortes, empezando por su propio gobierno.
Que la Junta Electoral le hubiera sancionado dos veces no impidió programar un mitin político camuflado como discurso institucional del 2 de mayo. Hasta el punto de asumir el propio Gobierno de Ayuso la realización televisiva de un acto en el que la presidenta se premió a sí misma reconociendo al Zendal como "el mejor hospital de pandemias del mundo" y después recogió el galardón a la cultura que le devolvió otro de los premiados, Nacho Cano, cuya elegía "gracias y valiente" hizo saltar las lágrimas a la presidenta candidata.
El PSOE no quiso pasarlo por alto y en plena jornada de reflexión denunció de nuevo ante la Junta Electoral "el uso torticero" de la institución al servicio del partido. Su candidato, Ángel Gabilondo, responde a esa guerra psicológica del PP según la cual todo el pescado está vendido antes de que se abran las urnas, advirtiendo que el vuelco está a 50.000 votos y para ello ha desplegado un batallón de ministros por los barrios del sur en la recta final de la campaña, donde se descolgó con promesas para los jóvenes que no estaban en su programa electoral: dos meses de abono transporte y uno de alquiler gratis para los menores de 30 años. En las filas socialistas cunde cierta desazón por la estrategia errática del partido, que primero intentó pescar en la hecatombe de Ciudadanos hasta que en la última semana, desengañado por los sondeos, ha apelado al voto más izquierdista.
También Unidas Podemos ha cargado contra el marco que ha impuesto la demoscopia. Pablo Iglesias que ha hecho tándem con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en muchos mítines y ha tachado de "efecto óptico" la sensación general de victoria de Ayuso, para llamar a "la clase trabajadora" a parar los pies a la extrema derecha.
Con menos decibelios Más Madrid ha logrado colar su discurso de "lo que de verdad importa" con una candidata revelación que se había bregado dos años ejerciendo de voz de los sanitarios contra Díaz Ayuso y que, según las encuestas, ha rentabilizado toda esa oposición estos últimos quince días hasta pisar los talones al PSOE, donde algunos dirigentes temen el sorpaso.
Las minúsculas de los sondeos, esa letra pequeña que no cabe en los titulares, dejan en el aire un importante porcentaje de votantes que o bien no han decidido su voto o no quieren hacerlo público. El CIS del pasado 22 de abril computaba un 19,6% de indecisos, mientras que la última encuesta de Metroscopia para El País hace una semana lo rebajaba al 9%. Las estimaciones sobre participación también difieren entre sondeos: el CIS sitúa en un 80,2% el porcentaje de encuestados que dice que "con toda seguridad" irá a votar, GAD3 para ABC lo rebaja al 76%, Key Data (Público) calcula un 70,2% y Metroscopia para El País la sitúa entre un 66 y un 68%.
El director de GAD-3 Narciso Michavila suele repetir que la sociedad ha cambiado y que ya no existe ese país en el que el voto pasaba de padres a hijos porque en este mundo nuevo la gente decide en el último momento dónde se va de vacaciones o qué coche comprarse. Según su tesis, en todo el mundo sucede que un 10% de los votantes deciden la papeleta en el colegio electoral.
Todo lo anterior son eso: predicciones. El resultado que vale se conocerá pasadas las diez de la noche de este martes. El PP, de momento, ha vuelto a montar el balcón de las victorias en la sede de Génova 13 en Madrid que Pablo Casaado ha prometido abandonar. Llevaba muchas elecciones seguidas sin instalarlo.
Gerardo Tecé 5/04/2021
Isabel Díaz Ayuso con Pablo Casado en el acto de presentación de la lista del PP a las elecciones del 4 de mayo.
@ppmadrid
Un mes para las elecciones en Madrid y decenas de encuestas especulan qué pasará el próximo martes 4 de mayo, incluida la del CIS, único gran sondeo publicado hasta el momento que augura una posible victoria del bloque de izquierdas. ¿Qué dicen las cifras? Dos claves y un análisis estadístico basado en el mapa electoral madrileño en los últimos años.
Primera clave. En Madrid se vota a dos velocidades y no me refiero a la brecha norte sur –que también– sino en función de si la convocatoria electoral es general o autonómica. En las citas generales celebradas desde 2011 hasta hoy, los madrileños que optan por opciones de derechas rondan los 2 millones. Mientras, la izquierda sufre para superar la barrera de los 1,6 millones de votos. En las autonómicas la cosa cambia. Tumbando el mito de la movilización permanente del votante de derechas, los datos de las autonómicas madrileñas desde la aparición de Podemos –y luego Más Madrid– muestran que es el votante de izquierdas el que mantiene la tensión electoral superando los 1,5 millones de votos independientemente del tipo de convocatoria electoral. Mientras, la derecha, tal vez por el descreimiento de la cosa autonómica, sufre sistemáticamente una fuga de votos abandonando el entorno de los 2 millones que logra en las generales para situarse en cifras escasamente superiores a las de la izquierda (menos de 100 mil votos de ventaja en las dos últimas autonómicas). Si Ayuso no quiere pasar una mala noche el próximo 4-M, su única tarea es lograr que la derecha vaya a las urnas en clave nacional. Lo sabe bien. A falta de un mes para la cita, la presidenta madrileña ya ha puesto en la agenda de los problemas de la Comunidad de Madrid un clásico: el acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi.
En las autonómicas, la derecha sufre sistemáticamente una fuga de votos. La única tarea de Ayuso es lograr que la derecha vaya a las urnas en clave nacional
Segunda clave. El actual mapa político, polarizado y con tres opciones en cada orilla política, se sintetiza sobre el papel en la siguiente imagen: dos circuitos de voto cerrados en los que no se produce pérdida de escaños por mucho trasvase interno que se produzca entre opciones de la misma orilla. Si el PSOE de Gabilondo perdiese músculo electoral y de esto se aprovechasen Podemos y Más Madrid, las opciones de la izquierda seguirían siendo las mismas en un escenario de pactos. Si Ayuso consiguiera robarle a Vox cientos de miles de votos, las cuentas de la derecha tampoco cambiarían. Pero la derecha tiene un problema. Su circuito, al contrario que el de la izquierda, no es un circuito cerrado: tiene una fuga de energía que se llama Ciudadanos. El partido naranja será la clave de estas elecciones. Si no supera el 5% de votos, si queda fuera del reparto de escaños, las cuentas de la derecha se complicarán tanto como restarle a su ligera ventaja autonómica los votos que han ido a Ciudadanos. Si Ciudadanos consigue llegar al 5%, los datos dicen que la izquierda no tiene opciones.
Tomemos los datos históricos electorales de Madrid y, con las claves anteriores, juguemos a especular dando como válidas las encuestas que colocan al PP de Ayuso en los mejores escenarios posibles para lograr una victoria. Imaginemos que Ayuso consigue que el votante de derechas se movilice en clave nacional, rompiendo esa tendencia a la abstención de derechas en las autonómicas. Imaginemos que Ayuso no parte de los 715 mil votos que logró en las autonómicas de 2019, sino de los 887 mil conseguidos por el PP en las generales. Supongamos que la derecha parte de los 887 mil votos conseguidos por el PP, de los 653 mil de Vox y de los 323 mil de Cs en las elecciones generales celebradas hace año y medio. Imaginemos que la presidenta de la Comunidad Autonómica más dañada por el virus y con la gestión más discutida no sufre ningún tipo de desgaste y sí muchísimo premio por su gestión. Tanto que, partiendo de esa cifra, imaginemos que Ayuso multiplica votantes del PP. Imaginemos que suma 150 mil apoyos que huyen de Ciudadanos y que la mitad de los 653 mil votos de Vox en las últimas generales se pasan al PP. Imaginemos que Ayuso pulveriza así las urnas pasando de los 715.000 votos logrados en las últimas autonómicas doblándolos hasta las 1.375.000 papeletas. Imaginemos que, a pesar de la gran victoria de Ayuso, Vox mantiene muy bien el tipo y obtiene 325 mil votos, mejorando así el resultado que logró en las autonómicas de 2019.
¿Y la izquierda qué? Pues sigamos imaginando en clave óptima para Ayuso. Imaginemos que la izquierda, al contrario que la derecha, no se logra movilizar a nivel elecciones generales para echar a la actual presidenta, sino que mantiene el perfil habitual en las dos últimas autonómicas. Incluso imaginemos que la izquierda empeora levemente sus resultados de 2019 y 2015 y que el desaparecido Ángel Gabilondo es castigado perdiendo un 10% de los votos logrados en las últimas autonómicas. Imaginemos que no existe el efecto Pablo Iglesias, ni premio a la oposición de Mónica García. Imaginemos un escenario en el que, entre PSOE, Más Madrid y Podemos sólo se produce trasvase interno, pero que no hay recogida de voto de castigo contra Ayuso. Imaginemos que la izquierda no consigue ir más allá del tradicional millón y medio de votos este 4-M.
Con este escenario óptimo para la pretendida coalición PP-Vox, la victoria la lograrían con 72 de los 69 escaños necesarios para la mayoría absoluta
Imaginemos este escenario, más que soñado para Ayuso. Un escenario en el que el PP no sufre ningún desgaste y sí muchísimo premio por su gestión. Un escenario también bueno para Vox que, aun perdiendo votos con respecto a las generales, todos en favor de Ayuso, mejoraría el resultado de las últimas autonómicas. Un escenario previsible en el que, como indican las encuestas, Ciudadanos no logra llegar al 5%. En este caso, con estas cifras y este escenario óptimo para la pretendida coalición PP (58)-Vox (14), la victoria la lograrían con 72 de los 69 escaños necesarios para la mayoría absoluta. No es que haya partido. Es mucho más que eso.
Si Cs no logra el 5%, las matemáticas llegan más que ajustadas al 4-M. A poco que la izquierda rompa la barrera del millón y medio de votos, a poco que aparezca cierto voto de castigo contra Ayuso, a poco que el sur de Madrid aumente en un 2% la participación, a poco que la situación de pandemia distorsione ese idílico paseo electoral del PP, el giro electoral, como avanza el CIS, sería un hecho. Díaz Ayuso se ha enredado en una trampa matemática: anticipó elecciones para matar a Ciudadanos y ahora depende de que se mantenga con vida para asegurar la Presidencia de la Comunidad tras el 4-M.
14 Mar. 2021 | Actualidad, Conviene leer, Crisis del capitalismo

Vacuna Covid-19. Foto. Dado Ruvic / Reuters.
Por @LauraYaTuSabex.
Médica convencida de que otro mundo es imprescindible
Leyendo el artículo de Contexto y Acción sobre la vacuna finlandesa para la COVID que podía haberse desarrollado hace nueve meses (1) y pensando el ahorro de muertes y sufrimiento que podía haber supuesto su desarrollo, producción y distribución masivos, una no puede más que escandalizarse, aunque en el fondo no es nada nuevo.
Cuentan que cuando John Le Carré escribió “El Jardinero Fiel” lo que buscaba era escribir sobre una industria sin escrúpulos que evidenciara la dureza del sistema, inicialmente pensó en la industria bélica; pero cuando descubrió la industria farmacéutica se dio cuenta de que había acertado de pleno, pocos temas evidencian de forma tan descarnada lo que es el sistema capitalista.
Ya en los primeros cursos de medicina se aprende que el objetivo de la industria farmacéutica no es salvar la humanidad, sino que es simplemente una empresa (una enorme empresa de hecho) que busca obtener el máximo beneficio posible, y con esta máxima orienta su investigación y su producción. Así se investiga más en productos de aplicación cosmética orientado al primer mundo que en el tratamiento de enfermedades mundialmente relevantes como la malaria, la tuberculosis o el VIH. Por no hablar de las enfermedades olvidadas. El caso de la Tripanosomiasis Africana es casi un clásico para evidenciar lo obsceno de esta realidad. Siendo una auténtica epidemia en determinadas regiones, cuando existía un fármaco eficaz y seguro como la eflornitina para su tratamiento, se dejo de fabricar por no ser rentable. Años después se descubrió su aplicación cosmética, ya que retarda el crecimiento del vello, y volvió a producirse. Es el mercado amigo.
Respecto a las patentes y a los pingües beneficios que obtienen a través de ellas, la industria siempre argumenta básicamente que la investigación requiere una enorme inversión, por lo que precisan que revierta a través de las patentes. Lo que no cuentan es que gran parte de esta inversión en investigación proviene de fondos públicos, aunque den lugar a patentes 100% privadas, lo que ya por si sólo es un escándalo. Por otra parte, muy pocos de los nuevos fármacos suponen realmente una innovación importante, aunque se vendan como tales y presionen a sistemas sanitarios y gobiernos mediante fuertes campañas publicitarias a distintos niveles (gastos que a veces son contabilizados como inversión en investigación). Digamos que la industria farmacéutica lanza también sus campañas “ya es primavera-verano en el mundo de los anticoagulantes orales”. Como se comenta en el artículo de elDiario.es “Las farmacéuticas rechazaron investigar en prevención de pandemias como la COVID-19 en la entidad mixta de medicamentos de la UE” de mayo de 2020 (2): “según la investigación de las ONG Global Health Advocates y Corporate Europe Observatory sobre entidades público-privadas de investigación en la UE, los intereses privados imponen sus prioridades. La industria farmacéutica, representada por el lobby EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas), ha guiado un presupuesto público de investigación de la UE de 2.600 millones de euros para el período 2008-2020 a través de la IMI (Iniciativa de Medicamentos Innovadores), pero hasta ahora no ha logrado invertir significativamente en áreas de investigación donde se necesita con urgencia financiación pública.” Hay que recordar que la mayor parte de la financiación de las vacunas para la COVID ha sido pública; estimándose una inversión de 8.600 millones de euros de los distintos gobiernos, más unos 1.900 millones de organizaciones sin ánimo de lucro, frente a una inversión privada de 3.400 millones.
Por otra parte, el sistema de patentes va radicalmente en contra de la idea de cooperación en investigación y por ello es una rémora para el progreso de la misma, al fragmentar y parcelar avances que deberían ser compartidos.
Respecto al “derecho de revertir la inversión realizada a través de los beneficios“ hay que destacar que el margen de beneficios que aplica esta industria no tiene parangón ni en el propio sistema capitalista. Así algunos estudios indican que por ejemplo la vacuna de Pfizer-BioNTech puede estar vendiéndose a 1.765% del precio de coste (3). Por ello también la poca transparencia en el precio que pagan los distintos gobiernos, ya que este varía en función de la disponibilidad a pagar del mejor postor. Podemos recordar el ejemplo de los tratamientos para la hepatitis C y el secretismo que aún rodea sobre lo que realmente pagaron y pagan los distintos gobiernos (4).
Ante este oscuro panorama y siendo un bien sin duda socialmente necesario ¿qué podemos plantear? Como dice el ex consejero de sanidad Fernando La Mata y presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (5):
“En tanto se avanza en un cambio de modelo global, en el momento presente de la pandemia, la Unión Europea y sus países miembros pueden hacer algo más. Pueden forzar a las empresas a liberar las patentes (expropiándolas / comprándolas), concediendo licencias no exclusivas para que las vacunas se puedan fabricar en todas las plantas acreditadas y vender a precio de coste. Por ejemplo, en todas las plantas de la red fabricantes de vacunas de países en desarrollo (DCVMN) y en otros muchos. Si la capacidad utilizada hoy es de 10.000 millones de dosis anuales, se podría duplicar, o incluso triplicar, en pocos meses. De esta forma se permitiría vacunar a todas las personas en todos los países en un plazo más breve. Si no lo hacemos, podremos vacunarnos en los países ricos antes de que acabe 2021, pero en los países pobres solo se habrá vacunado un 10-20%. Además de la inmoralidad de esta decisión (mantener los monopolios de las patentes retrasando el acceso a las vacunas), la pandemia seguiría bloqueando la economía mundial, y las mutaciones del virus podrían resultar en variantes más agresivas, para las que las actuales vacunas no protejan. Nadie estará a salvo mientras no estemos todos a salvo”.
Y esto lo plantean sectores honrados y conscientes de la socialdemocracia, aunque pueda sonar bolchevique a oídos de algunos. Y existen herramientas para hacerlo, si existe voluntad para ello
Recomendar por último participar de la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure”, derecho a curar, no permitamos el lucro con la pandemia noprofitonpandemic.eu
Para leer más:
23 Mar. 2021 | Actualidad, Internacional, Marxismo, Movimiento Obrero
El pasado 18 de marzo se conmemoró el sesquicentenario (150º aniversario) de la instauración de la Comuna de París, Michael Roberts en su blog nos recuerda una de las lecciones más importantes de ese periodo histórico.
Autor: Michael Roberts
Traducción: Diana Cardo
Hoy es el 150 aniversario del inicio de la Comuna de París. La Comuna (Consejo) se formó como resultado de lo que debería considerarse el primer levantamiento y revolución liderada por la clase trabajadora en la historia. Esta nueva clase fue el producto de la revolución industrial en el modo de producción capitalista de la que Marx y Engels hablaron por primera vez de manera más prominente en el Manifiesto del Partido Comunista publicado en marzo de 1848.
Antes de la Comuna de París, las revoluciones en Europa y América del Norte habían sido para derrocar a los monarcas feudales y, finalmente, colocar a la clase capitalista en el poder político. Si bien el socialismo como idea y objetivo ya estaba ganando credibilidad entre la intelectualidad radical, fueron Marx y Engels quienes primero identificaron como agente del cambio revolucionario hacia el socialismo a la clase trabajadora, es decir, a aquellos que no poseían ningún medio de producción excepto su fuerza de trabajo.
La Comuna de París se hizo realidad como resultado inmediato de la guerra franco-prusiana. Esa guerra había sido lanzada por Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, que había tomado el poder en un golpe de estado tras la derrota de la revolución de 1848. Gobernó de manera autoritaria Francia durante las siguientes dos décadas. Esas décadas fueron de un auge económico excepcional para el capitalismo en Europa y América. Las recesiones económicas fueron pocas y espaciadas (1859 y 1864), y relativamente leves. De hecho, la rentabilidad subió a máximos en la década de 1850 (hasta un 11%), pero luego retrocedió un 4% en la década de 1860.

Francia se transformó de una economía agrícola atrasada a una industrial de rápido crecimiento. Bonaparte lanzó una serie de obras públicas y proyectos de infraestructura diseñados para modernizar las ciudades de Francia. París surgió como un centro financiero internacional a mediados del siglo XIX, solo superado por Londres. Tenía un banco nacional fuerte y numerosos bancos privados agresivos que financiaban proyectos en toda Europa y el Imperio francés en expansión. El Banco de Francia, fundado en 1796, surgió como un poderoso banco central.
Bajo Bonaparte, el gobierno francés coordinó varias instituciones financieras para financiar grandes proyectos, incluido Crédit Mobilier, que se convirtió en una agencia de inversión poderosa y dinámica para grandes proyectos en Francia, incluida una línea de vapor transatlántica, iluminación urbana mediante gas, un periódico y el sistema de metro de París. Francia multiplicó por ocho sus líneas ferroviarias y duplicó su producción de mineral de hierro. La población aumentó un 10% y mucho más en las ciudades que ahora se convirtieron en centros urbanos de la nueva clase trabajadora industrial. En 1855 y nuevamente en 1867 se organizó una exposición mundial en París que rivalizó con la anterior Gran Exposición del poderío industrial británico en 1851. Y Ferdinand de Lesseps organizó la construcción del Canal de Suez.
Pero la política de guerra de Bonaparte y el proyecto de rediseño de París con el arquitecto Haussmann resultaron costosos; La deuda nacional de Francia aumentó considerablemente. Y la industria de Francia se encontró bajo una creciente competencia internacional (es decir, principalmente británica). Entre 1848 y 1870, el déficit del sector público se triplicó. Lo que David Harvey llamó «keynesianismo primitivo» comenzó a perder fuerza. El gobierno recurrió a monetarizar la deuda, al estilo MMT, con la esperanza de que esto continuaría estimulando la inversión y el crecimiento. Marx llamó a esto el «catolicismo» de la base monetaria, convirtiendo el sistema bancario en «el papado de la producción» y abrazó lo que Marx llamó el «protestantismo de la fe y el crédito».

Se produjeron crisis financieras a medida que el crecimiento de los beneficios comenzó a caer. De hecho, podemos hacernos una idea de los crecientes problemas del boom capitalista francés en el movimiento de los precios y los rendimientos de las acciones. Hubo una caída de los beneficios en la recesión de 1859, y en 1864 y 1868 antes de la calamidad de la guerra franco-prusiana.

A medida que la tasa de beneficios cayó durante la década de 1860 desde niveles históricamente altos, el crecimiento anual de estos también disminuyó, habiendo caídas significativas en 1859 y 1864.
La desigualdad entre riqueza e ingresos se disparó al mientras el número de trabajadores se expandía drásticamente. Las tensiones sociales comenzaron a intensificarse. Se podría decir que fue una situación similar a del mayo de 1968 después de las dos décadas de auge económico bajo el gobierno de la presidencia gaullista, excepto que en 1870, la guerra intervino y se convirtió en el catalizador del surgimiento de la Comuna.
Se podría argumentar que Bonaparte, en su arrogancia, necesitaba una guerra para desviar la lucha de clases en casa y necesitaba restaurar la hegemonía económica de Francia en la Europa continental. Bonaparte pensó que el ejército francés era superior al de la Prusia de Bismarck. Pero subestimó gravemente el poder económico y militar alemán. Los franceses fueron rápidamente derrotados y humillados. Bonaparte fue capturado, abdicó y huyó. El gobierno republicano burgués intentó seguir luchando pero finalmente negoció un terrible acuerdo de paz mientras el ejército prusiano asediaba a la población hambrienta de París. Fue entonces cuando surgió la Comuna de París, un consejo de delegados obreros de los distritos, para tomar el poder político teniendo en cuenta los intereses de la población.
Este artículo no puede cubrir todos los eventos y temas en los cortos 72 días que la clase trabajadora de París gobernó a través de sus propias estructuras democráticas mientras el gobierno burgués huyó a Versalles e instó a los prusianos a aplastar la Comuna. La Comuna no sobrevivió mucho. Permaneció ampliamente aislado dentro de Francia y finalmente fue reprimido sangrientamente por las fuerzas del gobierno de Versalles.
Los mejores relatos de la Comuna de París son el del comunero Lissagaray, la Historia de la Comuna de París, traducida por Eleanor Marx y publicada en 1876. y por supuesto La Guerra Civil en Francia, el propio relato de Marx escrito justo después de que la Comuna fuera aplastada.
Y el marxista belga Eric Toussaint ha dado un excelente relato moderno de las maquinaciones económicas del Banque de France y la Comuna.
Entonces, en este breve artículo, solo ofreceré algunas observaciones sobre las políticas económicas de la Comuna. El más importante fue el fracaso a la hora de hacerse cargo de las palancas financieras del capital, en particular, la Banque de France. Diez años después del aplastamiento de la Comuna, Marx argumentó que la Comuna podría haber sobrevivido si la Banque de France hubiera sido tomada. “Además de ser simplemente el levantamiento de un pueblo en circunstancias excepcionales, la mayoría de la Comuna no era socialista ni podía serlo. Sin embargo, con un poco de sentido común, podría haber obtenido de Versalles un compromiso favorable a toda la masa del pueblo, el único objetivo alcanzable en ese momento ”.

De hecho, el mayor temor que tenía el gobierno de Versalles sobre la Comuna era la pérdida de los fondos del Banco. Lissagaray señala: “Todas las insurrecciones serias comenzaron tomando el centro neurálgico del enemigo, la caja registradora. La Comuna es la única que se negó. Se quedó sin saber que hacer con el dinero que tenía la alta burguesía”.
Y Engels en su introducción a la reedición de La Guerra Civil en Francia de 1891: “[se] descuidaron muchas cosas que, según nuestra concepción actual, debería haber hecho la Comuna. El más difícil de captar es sin duda el santo respeto con el que uno se detuvo frente a las puertas del Banco de France. Además, fue un grave error político. El Banco en manos de la Comuna valía más de diez mil rehenes. Esto hubiera significado que toda la burguesía francesa presionó hubiese presionado al gobierno de Versalles para que hiciera las paces con la Comuna ”.

¿Por qué los líderes de la Comuna no se hicieron cargo del Banco? Bueno, la mayoría de los delegados de la Comuna no eran socialistas, sino demócratas republicanos. El ala socialista era minoritaria. Y dentro de esa minoría socialista, los marxistas eran una minoría aún menor. La mayoría de los socialistas eran proudhonianos. Pensaban que el socialismo provenía del control monetario, es decir, mediante el uso del crédito. El hombre encargado de las finanzas de la Comuna, Charles Beslay, amigo de Proudhon, tenía una fe ciega en la banca y las finanzas en general. Había sido miembro de la Primera Internacional desde 1866 y tenía una gran influencia en la Comuna. Beslay tenía experiencia como capitalista, ya que había sido propietario de un taller que empleaba a 200 empleados.

El vicegobernador monárquico del Banco, De Ploeuc, comentó: “El señor Beslay es uno de esos hombres cuya imaginación está desequilibrada y que se deleita con la utopía; sueña con reconciliar todos los antagonismos que hay en la sociedad, los patrones y los trabajadores, los amos y los sirvientes ”. Beslay confirmó su proudhonismo en acción: “Un banco debe verse desde un doble aspecto; si se nos presenta bajo su lado material por su dinero en efectivo y sus billetes, también lo impone un lado moral que es la confianza. Quite la confianza y el billete es solo una asignación «. Beslay atacó a los marxistas: “El sistema de la Comuna y el mío se traducen en esta palabra sagrada: ‘respeto por la propiedad, hasta su transformación’. El sistema del ciudadano Lissagaray da como resultado esta palabra repulsiva: expoliación ”.
Además, los mecanismos financieros son demasiado complicados para que los entiendan los ciudadanos de a pie, o incluso los políticos, por lo que deberían reservarse para especialistas o incluso expertos. La actitud del principal líder de la Comuna, Rigault, fue que “las cuestiones comerciales, crediticias, financieras, bancarias […] necesitaban la ayuda de hombres especiales, que sólo se encontraban en un número muy reducido. en el Municipio. […] Además, los asuntos financieros […] no se ven […] como los problemas esenciales del momento. En el futuro inmediato, lo único que importa es que entre el dinero «.
En lugar de destituir al gobernador del Banco, Rouland, muy asustado, y tomar el control de los enormes fondos que tenía el banco, Beslay permitió que Rouland permaneciera en su lugar y simplemente pidió fondos suficientes para pagar a los Guardias Nacionales que defendían París. Rouland amablemente permitió que Beslay se uniera a la junta del banco como «delegado de la Comuna», donde Beslay actuó para asegurar su independencia del control y las demandas de la Comuna.

En lugar de querer tomar el control, Beslay hizo todo lo posible para mantener la integridad de la Banco de Francia y garantizar su independencia. El resultado fue que durante los setenta y dos días de su existencia, la Comuna recibió apenas 16,7 millones de francos para sus necesidades: los 9,4 millones de activos que la Comuna ya tenía en cuenta y los 7,3 millones prestados por el Banco. Al mismo tiempo, ¡el Banco envió al gobierno de Versalles 315 millones de francos desde su red de 74 sucursales!
El dinero que consiguió la Comuna se utilizó en general para un buen uso. Alrededor del 80% se fue a la defensa de París, pero también se distribuyeron ingresos a las zonas más pobres de la ciudad. La Comuna introdujo un sistema tributario progresivo, reduciendo el impuesto municipal para los más pobres en un 50% e introduciendo impuestos comerciales más altos. Los propietarios se vieron obligados a reembolsar los últimos nueve meses de alquileres y los alquileres se suspendieron. Había una moratoria sobre todas las deudas, que ahora podían reembolsarse en tres años sin intereses.
Pero el fracaso en hacerse cargo del Banco fue el talón de Aquiles del progreso de la Comuna. Y la junta de Banco lo sabía. Estaban aterrorizados de que hubiera una “ocupación del Banco por parte del Comité Central, que puede instalar allí un Gobierno de su elección, producir billetes sin medida ni límite y así traer la ruina del establecimiento y del país”. Y otro miembro de la junta industrial afirmó que “el Consejo no puede […] exponer al Banco al despido. El mal sería irremediable y la destrucción de los valores de la billetera y el invernadero de los depósitos constituiría una calamidad terrible, porque es una gran parte de la fortuna pública.
Si se hubiera tomado el Banco, Versalles no habría tenido fondos para derrotar a la Comuna, ya que tenía una cartera de montos extendidos a 899 millones de francos y 120 millones de francos en valores depositados como garantía de anticipos y 900 millones de francos en valores en depósito. En vez de eso, Beslay siguió las instrucciones del gobernador y permitió que el Banco enviara dinero a Versalles mientras que el vicegobernador dió la orden de que todos los títulos se guardaran en el sótano y que se bloqueara la escalera de acceso”.
Dos años después de la derrota de la Comuna, Beslay resumió lo que hizo en una carta que mandó al perídoco de derechas Le Figaro, publicado el 13 de marzo de 1873: “Fui al Banco con la intención de protegerlo de la cualquier forma de violencia del exacerbado partido de la Comuna, y estoy convencido que lo mantuve para mi país ya que era nuestro último recurso finaciero”. La Comuna fue aplastada en mayo de 1871 con cerca de 20.000 comuneros asesinados, 38.000 arrestados y más de 7.000 deportados. A Beslay se le liberó y se traslado a Suiza.
45 años después otra revolución nació al calor de un guerra y fue vencida la clase dominante. Lenin recordó esta lección de la derrota de la Comuna de Paris: “Los bancos, tal y como sabemos, son los centros de la vida económica moderna, los centros nerviosos principales de todo el sistema capitalista. Hablar de ‘regular la vida económica’ y evitar el tema de la nacionalización de los bancos siginifica mostrar la más profunda ignorancia o engañar a la ‘gente normal’ con palabras hermosas y promesas grandilocuentes con la intención deliberada de no cumplir dichas promesas”