La República más cerca

#14deAbril: manifestación por la III República

 Domingo 14 de abril de 2013 a las 12:30h. Cibeles - Sol. "Contra la impunidad del Franquismo. No al pago de la deuda. Ni recortes ni privatizaciones. Gobierno dimisión. Por un estado laico. Por el derecho de autodeterminación de los pueblos". Manifiesto de la Coordinadora Republicana de Madrid

España | Tercera Información | 13-04-2013 |  

 

Convoca: Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), Asociación Pablo de la Torriente Brau, Ateneo Republicano de Villaverde, Coordinadora 25S, Coordinadora Antifascista de Madrid, Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba (Madrid), Iniciativa Comunista, IU-Meco, Izquierda Anticapitalista, Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE (M-L)), Izquierda Republicana, Partido Comunista de España (PCE), Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE (M-L)), Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Plataforma Republicana de Torrejón, Reconstrucción Comunista, Red Roja, Republicanos, Unidad Cívica por la República, Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), Unión Republicana.

MANIFIESTO POR LA III REPÚBLICA

Este 14 de abril conmemoramos el ochenta y dos aniversario de la proclamación de la II República. El Régimen instaurado en la Transición estableció una Constitución coronada por una monarquía corrupta heredera del Régimen más sangriento que ha conocido nuestra Historia, en la que los derechos sociales son una tomadura de pelo, las libertades fundamentales no están garantizadas y en el que galopa la corrupción política, institucional y empresarial como en la Dictadura.

La crisis y la forma brutal en que la burguesía y sus gobiernos están descargándola sobre las clases populares dejan al descubierto a qué clase social sirvió y sirve todo este engranaje que tanto se han esforzado en ocultar durante más de tres décadas.

Por si fuera poco, hace un año y medio, PSOE, PP y las derechas nacionalistas, aprobaron una reforma constitucional que establece que “el pago de la deuda y sus intereses tendrán prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto”.

 Ellos mismos y el capital al que representan son los que destinan nuestro dinero a rescatar bancos, se llevan los capitales a paraísos fiscales, evaden impuestos, y privatizan masivamente empresas y servicios públicos.

Las actuales generaciones de jóvenes que no tienen más horizonte que el paro, la precariedad, la ausencia de derechos laborales, de servicios públicos y la represión claman con toda la razón contra unos pactos de los que no formaron parte y reclaman su derecho a construir su propia Historia.

Ahora, cuando se percibe con claridad que las clases dominantes utilizan la crisis como coartada para arrebatarnos todo y dejarnos reducidos a la categoría de esclavos, y en el que el movimiento popular ha identificado con lucidez al Congreso de los Diputados como fuente de las decisiones que nos aniquilan, la manifestación del 14 de abril, por la III República, tiene una especial importancia.

Es hora de decir ¡Basta ya! y de ejercer nuestra soberanía como pueblo. No vale lamentarnos por la destrucción de un “estado de bienestar” que nuca tuvimos, ni es suficiente luchar sólo por unos derechos que, quienes nos dominan, jamás nos darán. Es preciso saber que no importa el partido que nos gobierne, sino la clase social que ejerza el poder.

Es imprescindible unificar las luchas parciales en torno a un Programa compartido que incluya:

Derogación de la Constitución de 1978 y apertura de un proceso constituyente que parta de la ruptura con la legislación e instituciones del régimen y cuyo desarrollo contemple una consulta popular para elegir libremente entre Monarquía y República. Salida de la OTAN y desmantelamiento de las Bases. Separación absoluta de la Iglesia y el Estado; por un Estado laico.

Nacionalización de la banca y de todas las empresas estratégicas como energía, comunicaciones, transporte, industria farmacéutica básica, etc. Todos los recursos naturales deben ser de propiedad pública. Reforma agraria. Reforma fiscal progresiva. Educación, sanidad y servicios sociales exclusivamente públicos. No a la financiación pública de la empresa privada. Vivienda social pública y paralización de los desahucios. Protección social completa para todas las personas desempleadas. Igualdad de la mujer trabajadora.

Derecho de autodeterminación para todos los pueblos y naciones oprimidas. Libertad de expresión, de reunión, asociación, manifestación y acción política. Derogación de la Ley de Extranjería y plenos derechos para todos los trabajadores extranjeros.

Contra la impunidad de los crímenes de la Dictadura. Anulación de las sentencias de los tribunales fascistas. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Eliminación de toda la simbología fascista en lugares públicos.

Libertad para todos los presos políticos antifascistas, comunistas, anarquistas e independentistas y amplio indulto para los presos por causas que tienen su origen en las desigualdades sociales. Derogación de la Ley de Partidos. Disolución de la Audiencia Nacional, de los tribunales militares y de los cuerpos represivos, así como depuración de responsabilidades de los torturadores y de los implicados en la guerra sucia.

Llamamos especialmente a la juventud, a las mujeres, a las trabajadoras y trabajadores inmigrantes y, en general, a la clase obrera y sectores populares a la lucha y la organización por estos objetivos. Contamos para ello con la fuerza que nos da la memoria del heroísmo y la dignidad de las generaciones que nos precedieron. Precisamente para que no conozcamos de dónde venimos y de quiénes somos hereder@s pretenden sepultar su memoria con vergonzosas Leyes y discursos que les equiparan a sus verdugos.

ABAJO EL RÉGIMEN MONÁRQUICO. POR LA III REPÚBLICA

CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO
NO AL PAGO DE LA DEUDA. NI RECORTES, NI PRIVATIZACIONES. GOBIERNO DIMISIÓN
POR UN ESTADO LAICO
POR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

COORDINADORA REPUBLICANA DE MADRID

Imparable declive del juancarlismo

Todos los partidos coinciden en que la Monarquía española, como el resto de instituciones, debe responder a ciudadanos más exigentes con la transparencia. Sólo las formaciones más a la izquierda se muestran partidarias de abrir ahora el debate Monarquía - República. Los políticos no contemplan la abdicación, por cuanto es una decisión del jefe del Estado, aunque sí el desarrollo de una ley sobre la Corona

 

El accidente del rey mientras participaba en una cacería privada en Botswana de la que la Casa Real no había informado y todo el año posterior, que se cumple en la madrugada de hoy a mañana (del 12 al 13 de abril), ha marcado un punto de inflexión en la percepción que los ciudadanos tienen de la Monarquía. Se ve en las encuestas que se publican en los todos medios de comunicación -en donde el rey y la institución empiezan a suspender por primera vez- y se vio en octubre de 2011 en la última encuesta en la que el CIS preguntó por la Monarquía y la sociedad contestó con un 4,89 sobre diez sin precedentes, por más que la Casa Real tratara de convencer a la opinión pública de que la valoración de la Jefatura del Estado había mejorado en unas encuestas internas de La Zarzuela que, inexplicablemente, si se trataba de convencer a los españoles, se negaron a mostrar.

El CIS no volvió a preguntar por la Monarquía desde que, en octubre de 2011, suspendió con un 4,89 

En el PP, el partido del Gobierno que preside Mariano Rajoy, la opinión es unánime en cuanto a la necesidad de adaptar la Monarquía y el resto de instituciones a los nuevos tiempos, pero discrepan en cuanto a que haya sido la cacería el detonante del desgaste de la imagen del rey y la Corona. Para Gabriel Elorriaga, diputado y presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, "la imagen pública de algunas instituciones básicas para el funcionamiento de nuestro país -no sólo de la Corona- se está resintiendo como consecuencia de la profunda crisis que estamos atravesando". El parlamentario del PP cree que "lo determinante no es ningún acontecimiento concreto, sino la intensificación del escrutinio público y del nivel de exigencia". Pero Elorriaga, sin embargo, se muestra convencido de que, aunque "a corto plazo es un reto complejo, bien administrada, esta situación debería llevarnos a una actualización y mejora del funcionamiento institucional de España".

Por su parte, el diputado en la Asamblea de Madrid y responsable del Área Electoral del PP, Alfonso Serrano, no cree que "sobre la Monarquía como institución, haya más debate que el que ha habido en otros momentos", aunque reconoce que, siempre "respetando el derecho a la intimidad de cualquier persona, la situación económica y el drama que viven muchas familias hace que, quienes tenemos responsabilidades públicas seamos aun más ejemplares". Serrano sostiene que "este episodio de hace un año en nada empaña la extraordinaria labor que Juan Carlos I ha hecho, hace y -seguro- hará en interés general de los españoles". La voz de este diputado autonómico, como la del portavoz adjunto de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Grupo Parlamentario Popular (GPP) y ex presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), Nacho Uriarte, cobran más relevancia porque son dirigentes que no han vivido la dictadura y, apenas durante la infancia, la Transición o el golpe de Estado, por lo que representan al sector de la población que más ignora o que menos se identifica con la institución monárquica. Uriarte ve algo positivo en el accidente real de Botswana, cuyo "hecho relevante supone, ante todo, un gran gesto de disculpa y cercanía del rey en un momento en el que se cuestionaba su actitud. En sí mismo -calibra el diputado por Valencia-, ese gesto pone en valor a la persona y contiene una gran relevancia histórica". Entiende el parlamentario que "es mucho más sencillo pasarlo por alto [el perdón por parte del rey] y seguir poniendo el énfasis en los aspectos folklóricos del tema, como que estaba de cacería en un safari africano para intentar desgastar la imagen de la Casa Real".

César Luena es miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y secretario general del PSOE de La Rioja. Generacionalmente, además, también pertenece al grupo de dirigentes políticos postransición y de jóvenes promesas de su partido ya con altas responsabilidades. El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso sí tiene claro que hay un punto de inflexión en la percepción ciudadana sobre la Monarquía en el año que va del accidente real a hoy, y "por varias causas". Así, por un lado, Luena señala "la grave crisis social, económica e institucional en la que nos encontramos, que aumenta la exigencia de los ciudadanos hacia las instituciones, más si ésta es la Jefatura del Estado", pero se muestra crítico al confirmar que la Casa Real "ha ido acumulando una serie de errores en cadena", que alimentan, "a su vez, la exigencia a la que me refería", de los ciudadanos a las instituciones. Los socialistas confirman así su viraje hacia posiciones que, al menos, igualen a la Monarquía con las instituciones políticas, aunque aún siguen evitando hablar de republicanismo abiertamente.

Desde CiU, sin embargo, son más tajantes, y se remiten a las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida: "Ahora no nos interesa el debate monarquía-república; nos interesa Catalunya", aunque el catalán define a CiU como "un partido que nació republicano y defendió la República ante la sublevación militar del 18 de julio del 36". El diputado catalán, igual que ha recogido en su carta semanal, designa como "fecha histórica" la de la imputación de la infanta Cristina, el 3 de abril. Duran cree que la Monarquía, "con el rey a la cabeza debe ser consciente de que las cosas nunca serán en el futuro como en el pasado" y advierte a la Casa Real de que han de "resolver los problemas que tiene para asegurar su continuidad", así como "someterse a los mismos controles y la transparencia que el resto de las instituciones". "Que haga lo que tiene que hacer -insiste Duran-: resolver sus problemas".

La Izquierda Plural, por su parte, es unánime en sus posiciones: rechazo a la abdicación y debate sobre la forma de Estado directamente, con inclinación plena hacia la República. La diputada de Iniciativa per Catalunya (ICV), Laia Ortiz, lo transmite con claridad y reconoce, en primer lugar, que "éste ha sido el annus horribilis de la Monarquía española", porque "el grado de irritación de la ciudadanía ante las dificultades que atraviesa y la constatación de que no todos los sectores de la sociedad están asumiendo las consecuencias de la crisis económica en el mismo grado han hecho perder la paciencia a los ciudadanos, que se sienten incapaces de tolerar más extravagancias por parte de la Monarquía". Ortiz va un paso más allá y responsabiliza a "la sobreprotección de algunos medios de comunicación, del mundo empresarial y de algunos sectores de la política respecto a la Corona" de haber hecho que "el contraste entre la imagen que se transmitió de la Familia Real, como ejemplo a seguir por la ciudadanía, con la realidad fuera mucho más brusco". Por su edad, también la diputada por Barcelona representa a la generación postransición con la que se identifican, en este caso, parte de los jóvenes de la izquierda catalana que buscan otros valores democráticos, más allá de las bondades del paso de la dictadura a la democracia en España y sus renuncias u oscuridades.

Irene Lozano, diputada de UPyD, y tal vez por su conocimiento de la profesión periodística -de la que forma parte ahora en excedencia-, hila más fino y sostiene que el cambio de percepción de los españoles con respecto a su Jefatura de Estado en el último año "se ha dado, en primer lugar, en los medios de comunicación", porque "la Corona ha dejado de estar protegida por la opacidad que se le brindaba, silenciando informaciones poco convenientes. Cuando la gente ha empezado a conocer ciertos comportamientos -subraya Lozano-, se ha formado un juicio más aquilatado". Por su parte, el portavoz del PNV en la Comisión Constitucional del Congreso, Emilio Olabarría, reconoce sin matices el punto de inflexión que, para la Monarquía, ha supuesto el accidente de Botswana y los acontecimientos posteriores: "Es una obviedad que ha existido ese punto de inflexión, no sólo provocado por la circunstancia que se indica -añade-, sino por los avatares judiciales que afectan a determinados miembros de la Casa Real", asegura el parlamentario vasco.

Sobre todo, regeneración

El grupo parlamentario que sustenta al Gobierno no concibe abrir el debate monarquía - república, por cuando la Constitución de 1978 recoge la monarquía parlamentaria como forma de Estado y, por tanto, un cambio resulta "impensable". Para Uriarte (PP), es verdad que "las actuales circunstancias invitan a diversas reflexiones sobre la regeneración de la democracia y de las instituciones. Todos somos conscientes -y especialmente nuestra generación- de que muchas estructuras deben modernizarse de manera acorde a lo que están viviendo otras estructuras sociales desde el impulso de la globalización". Reconoce el joven diputado conservador que hay que concienciarse de que, "además de los ciudadanos, los principales beneficiados de adaptarse a ésta [la globalización] serán siempre serán las propias instituciones". Sin embargo, el portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo admite también "las reformas que afectan al modelo de Estado deberían revisarse desde la perspectiva de un proyecto en su conjunto y la Monarquía es parte fundamental de nuestro modelo constitucional". "Desde mi punto de vista -argumenta-, creo que así debe seguir siendo y me preocupa que algunas formaciones utilicen las críticas contra esta institución como antesala de un cambio mucho más profundo del modelo de Estado español". 

Elorriaga (PP), por su parte, apela a una "Monarquía indisociable del modelo democrático surgido de la Constitución de 1978 y que sigue constituyendo la mejor garantía de la convivencia libre y pacífica entre los españoles". Advierte de que los ciudadanos "hemos de tener presente siempre que las constituciones son el reflejo de un compromiso político forjado sobre múltiples renuncias a las aspiraciones máximas de cada una de las partes que integran una sociedad" y, en este sentido, recuerda que "la monarquía parlamentaria como forma política del Estado fue aceptada por la inmensa mayoría, tal y como quedó recogido en el primer artículo de nuestra Constitución. Es impensable -descarta contundente- que ni ahora ni en las próximas décadas pueda existir un consenso análogo en torno a otra forma de gobierno para España". Con todo, el presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas admite que "hace años que debería haberse aprobado la ley orgánica de desarrollo que reclama la Constitución, no sólo para regular las abdicaciones y renuncias -como expresamente está previsto -, sino también para precisar mucho más el estatuto legal de los integrantes de la Familia Real. Y, por supuesto -añade-, debe eliminarse de manera inequívoca la preferencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria".

El responsable del Área Electoral del PP nacional, por su parte, cree que "la monarquía parlamentaria es el sistema que los españoles nos dimos a través de la Constitución. Países que son ejemplo social como Suecia o Noruega tienen monarquías", recuerda Serrano y, más allá de las comparaciones, considera "positivo que haya una institución que esté por encima del debate ideológico y partidista y represente lo que nos une a todos". Recuerda a los escépticos y contrarios a la Monarquía "que el papel de embajadores ante el mundo que hacen nuestros reyes sería imposible con otro sistema. Por ello, no creo necesario o recomendable ni el debate ni el impulso de la República, sobre todo -avisa-, recordando la última experiencia española", en referencia a la II República (1931-1939).

Desde el principal partido de la oposición, el debate se ha de volcar por ahora en "introducir elementos de más transparencia, como propone el PSOE, y con los límites de la seguridad del Estado únicamente", según César Luena, esto es, equiparando a la Monarquía a las instituciones políticas. En esta línea, también UPyD aparca el debate monarquía - república ahora. Irene Lozano cree que, aunque "éste también se puede suscitar (quizá en un momento más tranquilo), el cambio urgente está en que la Casa Real sea transparente, esté libre de corrupción y rinda cuentas de sus actos", enumera. Pero "si el jefe del Estado fuera un presidente de República, pediríamos lo mismo", advierte la diputada por Madrid. Por su parte, el vasco Olabarría considera tan "legítimo" desarrollar la ley orgánica sobre la Corona contemplada en la Constitución como un debate sobre monarquía o república, pero recuerda que "el Estado español es uno de los escasísimos Estados monárquicos que carecen de leyes orgánicas que regulen el estatus de la Casa Real y, por ende, los mecanismos de transparencia y buen gobierno que le afectan". Sobre si es mejor un Estado monárquico o republicano, el diputado vasco cree que, "como todas las cuestiones que requieren legitimación democrática, sería la ciudadanía la que debiera ser consultada a esos efectos y su decisión, respetada", concluye.

En este punto sobre la forma de Estado más conveniente, es Laia Ortiz (ICV) la más contundente y, en coherencia con su ideario, reclama una república, que "no es que ahora haya que revisarlo", sino que, "como republicana, nunca he dado por cerrado el debate sobre la república". La diputada catalana recuerda que "desde ICV, consideramos que la monarquía es una institución del pasado, pre-democrática y que no tiene sentido mantener". Además, "ante la situación de crisis económica, social y democrática, también crece la exigencia de la ciudadanía por unas instituciones transparentes, democráticas y que permitan la participación activa en nuestro sistema, además de exigir que se recorten los privilegios". Ortiz asegura que "la Monarquía expresa, precisamente, todo lo contrario. No es el momento de perpetuarla, sino de hacer un debate en profundidad y, en mi opinión, de ir hacia la III República", remata.