Un año de luchas. Avances y retrocesos de la protesta social
Comisión Legal Sol
Viernes 16 de mayo de 2014
[Hace ya 3 años, la
manifestación del 15M y la “toma de la plaza” en Sol y en tantas plazas
de todo el Estado durante los días siguientes, al grito de eslóganes
como “No somos mercancía de políticos y banqueros”, “No es una crisis,
es una estafa”, “Lo llaman democracia y no lo es”, inauguraron un nuevo
ciclo no solo de luchas sino también de una nueva cultura política que
luego se fue difundiendo por muchas partes. Se fue generando así un
amplio espacio público de movilización en el que han ido confluyendo la
PAH, las mareas y una larguísima lista de iniciativas y redes de acción
cooperativa y solidaria, sin olvidar luchas ejemplares como la de
Gamonal y las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo, o
las nuevas herramientas políticas que emergen con ocasión de las
elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Tiempo habrá para seguir
reflexionando sobre estos tres años tan intensos, como se está haciendo
estos días en distintos foros, pero ahora creemos de interés reproducir
artículos como el balance que del último año hace la Comisión Legal Sol
en el “periódico de asambleas del 15m” http://madrid15m.org/numero-25/]
Se cumple un año más de movilizaciones y, sin pararnos a descansar ni
un momento queremos hacer balance de este periodo en el que se han ido
transformando y asentando distintas luchas sociales, a la vez que se
recrudecía la represión por parte del Estado.
Sin duda éste ha sido un año marcado por la ofensiva legislativa del
Gobierno destinada a reformar las principales leyes represivas, con los
anuncios de cambios en la Ley del Aborto, el Código Penal y las leyes de
protección de la seguridad ciudadana y de la seguridad privada. Pero ha
habido mucho más. Estos cambios han sido ampliamente rechazados por la
calle, que ya venía movilizándose contra los constantes recortes en
derechos y libertades, consiguiendo importantes victorias como la
paralización del proyecto de privatización de la sanidad madrileña y del
bulevar en el burgalés barrio del Gamonal; y, al mismo tiempo,
respondiendo activamente a las políticas antisociales con el nacimiento
de las Obras Sociales frente al drama de los desahucios (cinco edificios
liberados en un año: Izan&Britanny, en octubre de 2013; La Manuela,
en enero de 2014; Argente 8 y Callejo 13, en marzo de 2014; Obra Social
Leonas, en abril de 2014) y de las Marchas de la Dignidad contra el
constante ataque a las clases empobrecidas y a los derechos sociales.
Desde el primer momento, el movimiento feminista planta cara al
polémico proyecto de Ley del Aborto con un escrache al ministro
Gallardón el 16 de mayo, que se saldó con dos personas detenidas, y otro
el 22 de julio contra la también nefasta Ley de Reproducción Asistida,
esta vez con tres detenidas. Treinta personas fueron sancionadas en la
acción feminista realizada en la manifestación a favor de la reforma de
la ley el 17 de noviembre, en la que además otras cinco fueron
detenidas, y finalmente hubo tres personas detenidas en la manifestación
contra la reforma del 13 de diciembre. De las numerosas manifestaciones
destacan las movilizaciones estatales del 20 de diciembre y la más
numerosa en Madrid, el 1 de febrero, un auténtico clamor contra el
retroceso en los derechos de las mujeres que se pretende imponer desde
el Ejecutivo con nulo consenso y frente al rechazo en bloque por parte
de la comunidad médica, como demuestra el documento presentado por el
ginecólogo que asistió los partos de los dos hijos de Rajoy, firmado por
casi 2.000 profesionales médicos de todo el país.
En esta misma línea, la Marea Blanca ha mantenido su pulso
para impedir la privatización de la sanidad madrileña con numerosas
movilizaciones y acciones de protesta que se saldaron con una dura
represión, como acreditan las detenciones en las concentraciones junto a
la Asamblea de Madrid o los encierros en los centros de salud, con 14
personas detenidas en la ocupación del Federica Montseny el 17 de junio
de 2013. La lucha de la comunidad médica consiguió que en enero de este
año el Gobierno regional retirase el proyecto de privatización de seis
hospitales públicos.
Además, continúan las movilizaciones contra la corrupción ante las
sedes del Partido Popular, directamente relacionadas con las
revelaciones que hace Bárcenas sobre la existencia de cajas Ben la
contabilidad del partido en el Gobierno. Nuevamente, el saldo represivo
se concreta en 2 personas detenidas en la manifestación de Cibeles el18
de julio y otras dos en la manifestación “Fuera Mafia” el 5 de
octubre de 2013. El descontento se acentúa cuando estallan las
movilizaciones de Gamonal, y en apoyo contra la represión sobre las
mismas (más de 70 detenidos, más de 30 sancionados), en diciembre y
enero de este año. Durante días se suceden las manifestaciones en todo
el Estado, que en Madrid se saldan con 14 personas detenidas en la del
15 de enero, 1 el 16 de febrero y 5 el día 17.
Aunque, sin duda, el punto de inflexión en la represión de la
protesta se produce con las Marchas por la Dignidad del 22 de marzo.
Asistimos a un alto número de detenidos en una sola semana: 24 el día
22, 1 el día 23, 1 en el desalojo de la Acampada Dignidad el día 25, 54
en ocupación del vicerrectorado de la Complutense el día 26, 1 en la
Universidad Complutense el día27, 2 en la manifestación “Jaque al Rey” convocada por la Coordinadora 25S del día 29, 11 el 4 de abril en la segunda fase de Operación “Puma 70”;
la existencia de medidas cautelares solicitadas por la fiscalía en gran
número de detenidos relacionados con las marchas, y el acuerdo de
prisión preventiva para dos personas.
Además asistimos con pavor al aumento de los malos tratos y
vejaciones en comisaría a las personas detenidas del 22 de marzo y del 4
de abril, la existencia de trato degradante tanto a abogados como a
fa-miliares de los detenidos, y la aparición de un salto cualitativo en
la criminalización mediática de la protesta, con un bombardeo casi
diario de artículos y reportajes que atacan a las que protestan, en un
claro intento de preparar el terreno frente a las reformas legislativas
que pretende introducir el Ejecutivo.
Esta tendencia se había iniciado unos meses antes, aunque de manera algo más sutil, en torno al fenómeno denominado “caza de brujas”,
consistente en operaciones policiales espectaculares caracterizadas por
detenciones que se producen semanas después de los hechos, en el
domicilio de las detenidas, con policías encapuchados y una intensa
campaña mediática criminalizadora. Así, la primera tuvo lugar el 28 de
noviembre como consecuencia de una acción el 20N en la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense: 17 detenidos el 28 de noviembre,
11 detenidos esa misma tarde en la concentración de apoyo en la
comisaría. La segunda se produjo con motivo de la manifestación contra
la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana convocada por la
Coordinadora 25S, y que se saldó con 14 de-tenidos (7 el día de la
manifestación, 7 en sus domicilios). La tercera, con motivo de las
protestas convocadas por Vivienda Centro con motivo del desahucio
de Antonio: 4 detenidos el 31 de enero durante el desahucio (el
desahuciado, una mediadora y dos fotógrafos), y 3 el 27 de febrero en la
“Operación Guinda”.
En relación a las características del fenómeno represivo en el último
año, cabe destacar varios rasgos concurrentes. Por un lado, se
consolida el acoso a los periodistas como norma y el año se salda con 4
periodistas detenidos: 2 en sus domicilios, acusados de participar en
las movilizaciones del 25 de abril, y 2 en el desahucio de “Antonio se-queda”.
Siguen sucediéndose las cargas policiales en las que son foco
preferente; el caso más sangrante, el 29 de marzo, cuando 6 periodistas
son agredidos a pesar de que acreditan ser prensa. Se mantienen las
sanciones y las amenazas a periodistas en distintas movilizaciones, y se
han producido varios juicios de faltas en los que comparecían como
denunciados, por hechos su-cedidos mientras realizaban su trabajo. En
paralelo, y pese al considerable número de personas detenidas,
observamos una reducción del número de sancionados y un aumento de las
condenas en sede judicial a la Delegación del Gobierno por la práctica
de las sanciones indiscriminadas.
En parte, el elevado número de sanciones anteriores conlleva un
cierto agotamiento técnico de la propia Delegación, que no alcanza a
tramitar en plazo el total de multas impuestas, por lo que asistimos a
la caducidad de un considerable número de sanciones. Por otro lado, la
presión de nada sospechosas organizaciones de la sociedad civil, como
Amnistía Internacional, que acaba de publicar un informe en el que acusa
al Gobierno de desincentivar la protesta con esta práctica, se traduce
en una disminución del acoso económico a las acti-vistas.
Por último, en este año hemos cosechado 15 victorias en forma de
condenas a la De-legación por vulnerar el derecho a la presunción de
inocencia, y en un caso el derecho de reunión, de las personas
sancionadas. A ello cabe sumar que se mantiene el acoso a activistas del
movimiento por una vivienda digna, pero también las victorias
judiciales en es-te terreno. Así, 21 personas son absueltas por la
ocupación de la sede de la SAREB el 19 de diciembre; pero esto no se
queda aquí: el 14 de abril un juzgado condena al man-do de la unidad que
interviene en este mismo desalojo por lesiones a dos activistas. Por
último, el 6 de marzo obtuvimos una nueva absolución a una activista
juzgada por increpar a un policía que impidió grabar a un periodista
durante un desahucio el 9 de octubre de 2013. La sentencia recuerda a
los policías que pueden ser grabados en el ejercicio de sus funciones
públicas y señala que pierden la condición de “autoridad” cuando se
extralimitan en sus funciones.
Nada se obtiene sin pagar un precio. Éste será también el año en el
que la Brigada Provincial de Información se enfada con nosotras. Así, el
9 de marzo pretenderá que se sancione a varios abogados por indicarles a
sus defendidos que no declaren en comisaría, emitiendo una queja al
Colegio de Abogados. Sin embargo, el ICAM ampara a los letrados,
recordándole a la Brigada que el Tribunal Constitucional ampara la
posibilidad de que éstos hablen con sus defendidos ¡en dependencias no
se declara! Creemos que su enfado tiene en parte que ver con que las
numerosas quejas interpuestas ante la Defensora del Pueblo y el Colegio
de Abogados por la presencia de policías encapuchados en comisaría se
tradujeron, el 20 de diciembre de 2013, en un acuerdo del ICAM por el
que se adoptan medidas de no colaboración cuando se produzcan hechos
como éstos. A ello hay que sumar que seguimos sin conseguir que la
Policía vaya debidamente identificada; el 30 de octubre volvimos a
interponer una denuncia contra la Dirección General de la Policía
pidiendo que se sancione a los agentes que no portan el número de placa.
Sorprendentemente, nos contestan a nuestra denuncia anterior, de abril
de 2013, en la que aportamos 248 fotografías de policías no
identificados, diciendo que no les pueden sancionar porque no les pueden
identificar, porque no llevan el número de placa. Semejante alarde de
humor no nos desalienta: el nuevo NOP en la espalda no cumple con la
normativa vi-gente de identificación policial. No cejaremos en nuestro
empeño de que lleven el número de placa visible y en el pecho.
Por último,
pero no en último lugar, como decíamos al principio éste
es el año en el que se han puesto en marcha las más duras reformas
legislativas que afectan de manera directa a la protesta social. No
podemos perder de vista que se acaba de aprobar la Ley de Seguridad
Privada, que prevé entre otras cuestiones que los agentes de seguridad
privada tendrán la condición de “autoridad” cuando actúen conjuntamente
con FCSE y a los que se autoriza a detener
en determinados supuestos. Al
mismo tiempo, están en marcha las reformas de la Ley de Seguridad
Ciudadana, con cuantiosas sanciones en supuestos mucho más específicos y
redactados ad hoc en torno a los nuevos repertorios de protesta de los
movimientos sociales de los últimos años, y la del Código Penal, que
prevé un endurecimiento de las penas en varios de estos supuestos,
elimina las faltas, endurece las medidas de seguridad y se con-solida
con todo ello como un peligroso instrumento para la represión de la
protesta social.
Aún estamos a tiempo de parar estas reformas: infórmate, y sal a la calle. Porque solo la lucha hace justicia
15/05/2014
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