Retirada del concierto educativo con el colegio Juan Pablo II de Alcorcón
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El pasado día 9 de septiembre, en
su carta de bienvenida al nuevo curso escolar, dirigida al alumnado y
sus familias, el director del colegio concertado Juan Pablo II
(Fundación Educatio Servanda) de Alcorcón —un centro sostenido con
fondos públicos, que separa a alumnos por sexo en las clases— arremetió contra la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia,
a la que se refirió como “Ley de Ideología de Género”. Incluso llega a
afirmar sobre la legislación aprobada por unanimidad de los grupos
políticos en la Asamblea de Madrid que “el parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”.
La misiva iba acompañada de la nota conjunta del pasado mes de agosto
de tres obispos madrileños, en la que se calificaba la nueva normativa
autonómica de “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y se hacía un llamamiento a la desobediencia civil a la ley.
Es inadmisible que hoy en día se afirme que educar en igualdad y
tratar de eliminar prejuicios homófobos sea tachado como "fanatismo
terrorista" y sufragado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
La discriminación social contra la población LGTBI hunde su raíz en
la escuela, donde además nace y crece el autorechazo del niño, niña o
adolescente LGTBI, aterrado ante la posibilidad de "ser descubierto" por
sus iguales y ser con ello víctima de su rechazo, burla o incluso acoso
escolar o bullying.
El suicidio de adolescentes por esta causa desgarra el corazón. Pero
aún no llegando a este extremo, todas las personas LGTBI hemos tenido la
experiencia de los terribles años de colegio a los que hemos tenido que
sobrevivir.
Los que somos personas LGTB que además tenemos hijos e hijas tenemos
también miedo a qué se les dice a nuestras niñas y niños sobre sus
familias dentro de las aulas y cómo esto les puede hacer sufrir, dañar
su autoestima o traducirse también en rechazo, burla o acoso hacia ellos
por sus compañeros.
Frente a ello, la Ley 3/2016, de 22 de Julio, de protección
integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid plantea
actuaciones importantísimas en el ámbito educativo que consideramos
vitales en la lucha contra la discriminación de nuestro colectivo, para
hacer de los colegios un lugar más seguro para los chicos y chicas LGTBI
y para los hijos e hijas de personas LGTBI y para construir una
sociedad libre de discriminación hacia nosotras y nosotros. Nos parece
un objetivo social de primera magnitud que los poderes públicos tienen
la obligación de impulsar.
Que un colegio que recibe financiación pública, con el dinero de
todos los contribuyentes, plantée la "desobediencia civil" frente a esta
norma, tiene necesariamente que tener consecuencias. Y la consecuencia
que nos parece mínima y evidente es que la Comunidad de Madrid le retire
el concierto educativo.
Y que no se escuden en la fe cristiana; porque el núcleo mismo del
mensaje de Jesús fue la no discriminación, que todos somos hijos e hijas
de un mismo padre, su acogida a todos los marginados de su tiempo:
prostitutas, recaudadores de impuestos, niños, mujeres... los colectivos
que su sociedad marginaba. Desde la perspectiva del Evangelio los
planteamientos de este centro educativo son vergonzosos.
Nuestra sociedad no debería permitir que existieran centros donde se
eduque a nuestras futuras ciudadanas y ciudadanos con valores de
discriminación y donde no se proteja a menores LGTBI. Estos centros
deberían estar cerrados, no deberían poder homologarse, no deberían
poder impartir educación reglada, ni siquiera siendo centros privados.
Pero lo que parece de todo punto intolerable es que, encima, no se
trate ni siquiera de un centro privado, sino que sea un centro
concertado, financiado por mi dinero, nuestro dinero.
No quiero que mi dinero financie mi discriminación, no queremos que
nuestro dinero financie nuestra discriminación ni la de nadie, no
queremos que financie el cultivo de una sociedad discriminatoria y
excluyente y no queremos que financie el ataque a la seguridad de los
menores LGTBI y de los menores cuya familia es homoparental.
Y por todo ello, ante la voluntad expresa de desobedecer la
Ley 3/2016 de la CM manifestada por la dirección del colegio concertado
Juan Pablo II de Alcorcón, solicitamos que la Comunidad de Madrid le
retire el concierto educativo.
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