Reparación y justicia
La muerte de Billy el Niño y un Estado que protege a criminales franquistas
La defunción de Antonio González Pacheco
extingue su responsabilidad criminal, la de un canalla, pero no así la
de otros miembros de la Brigada Político-Social que también torturaron
Jacinto Lara Bonilla
8/05/2020
La sexta
Este jueves 7 de mayo tuvimos conocimiento del fallecimiento de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Antonio González Pacheco formó parte de la temida
Brigada Político-Social, la policía política franquista, que actuaba en
todo el territorio del Estado reprimiendo dura y brutalmente cualquier
atisbo de oposición al régimen dictatorial.
Fueron miles de personas las que, tras ser detenidas,
pasaron por las dependencias siniestras de la Brigada Político-Social y
sometidas a salvajes torturas. Y esas torturas, en las que tan
activamente participó González Pacheco, no eran casos aislados. Eran una
práctica sistemática a la que se sometía a la inmensa mayoría de
detenidos. Es importante destacar este aspecto, porque el empleo de
torturas de forma sistemática o generalizada contra la población civil
es lo que confiere un plus de gravedad al propio delito y por ello puede
y debe ser tipificado como crimen internacional, como crimen contra la
humanidad.
Fueron miles de personas las que, tras ser detenidas, pasaron por las dependencias siniestras de la Brigada Político-Social y sometidas a salvajes torturas. No eran casos aislados
Al calificarse el delito como crimen contra la humanidad,
este no prescribe ni puede ser objeto de amnistía alguna, conforme a la
normativa internacional tanto de carácter convencional como
consuetudinaria. El Estado español está obligado a respetar y aplicar
esa normativa al haber suscrito y ratificado multitud de convenios y
tratados internacionales en la materia. Estos forman parte de nuestro
ordenamiento jurídico interno conforme a lo dispuesto, entre otras
disposiciones, en los artículos 96 y 10.2 de la Constitución española.
Así se le ha venido exigiendo reiteradamente desde el Consejo de Europa y
desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre
otras instancias internacionales.
Y a pesar de ello, ¿por qué el Estado español se niega a
investigar y enjuiciar los crímenes internacionales que se cometieron
durante la dictadura franquista? La respuesta es sencilla: por razones
estrictamente políticas, que no jurídicas. Esto es, nos encontramos ante
un Estado democrático y de derecho que no aplica el ordenamiento
jurídico que está obligado a aplicar, manteniendo así políticas de
impunidad que afectan a la sociedad en su conjunto y cuyos resultados se
extienden hasta el día de hoy.
En marzo de 2018 el Congreso de los Diputados, gracias los
votos de los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos y Partido
Popular, rechazó, una vez más, modificar la Ley de Amnistía –ni siquiera
se planteó su derogación–. Dicha modificación tenía por objeto
introducir una disposición que estableciera de forma clara y rotunda
que dicho texto legal no podía impedir la investigación y el
enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos que se
cometieron durante la dictadura franquista.
En el caso de Antonio González Pacheco, como era habitual,
fue condecorado y premiado por el Estado español durante la dictadura,
la transición política y durante la democracia. Se le promocionó, premió
y protegió.
Pero Antonio González Pacheco estaba imputado en la
denominada querella argentina por delitos de torturas en un contexto de
crímenes contra la humanidad.
Las autoridades judiciales argentinas pidieron su
extradición y la Audiencia Nacional española rechazó en 2014 dicho
pedido al considerar que los delitos de torturas que se le imputaban
habían prescrito. Conviene recordar que la Fiscalía, que también se
opuso a la extradición de Antonio González Pacheco, poco menos que de
forma balbuceante sugirió que debía ser juzgado por los tribunales
españoles en aquella vista extradicional en la que se prohibió grabar
imagen alguna de Billy el Niño. También se le protegía hasta ese
extremo.
Hasta la fecha y desde junio de 2017, se han presentado en
los tribunales españoles dieciocho querellas criminales por torturas en
un contexto de crímenes contra la humanidad contra Antonio González
Pacheco y otros miembros de la Brigada Política Social. La totalidad de
las querellas han sido rechazadas, han sido archivadas por los juzgados
de instrucción. En dichas causas la Fiscalía se ha opuesto a que dichas
querellas fueran admitidas a trámite, a que se investigaran los
delitos. Contra dichas resoluciones judiciales se han interpuesto los
correspondientes recursos al objeto de agotar la vía judicial interna y
que los querellantes puedan acudir a instancias internacionales
denunciando, una vez más, la actuación tan sumamente vergonzosa que el
Estado español mantiene en relación con esta cuestión.
La muerte de Antonio González Pacheco pone de manifiesto,
aún más si cabe, que las políticas de Estado articuladas para garantizar
la impunidad de los criminales, de los victimarios, pueden resultar
efectivas cuando además se conjugan con el elemento temporal.
Pero que no se confíen. El movimiento social que reclama
justicia en este ámbito es más potente y activo cada día que pasa, y
seguirá demandando con fuerza que el Estado deje de amparar y proteger a
criminales franquistas. Una vez más, por lo dicho anteriormente, nos
encontramos con una realidad judicial y política que no está siquiera
mínimamente en consonancia con una realidad social cada día más
extendida.
La muerte de Antonio González Pacheco extingue su
responsabilidad criminal, la responsabilidad criminal de un canalla,
pero no así la de otros miembros de la Brigada Político-Social que
también participaron en los crímenes de tortura denunciados. Así que
seguimos, continuamos y no vamos a parar hasta que obtengamos, aún de
forma extemporánea, una respuesta adecuada a los reclamos de justicia.
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Jacinto Lara Bonilla es abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
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