Reportaje
¿Quién manda en la privatizada sanidad madrileña?
Díaz Ayuso protege a las empresas que hacen
negocio con la salud desde que Aguirre desmanteló la pública. Florentino
Pérez, el grupo alemán Fresenius y el holandés DIF son los grandes
beneficiarios de esa política
Gorka Castillo /
Miguel Mora
Madrid
,
10/05/2020
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Ahora que los contagios de covid-19 empiezan a remitir, el
sistema sanitario contiene el aliento mientras empiezan a flotar los
primeros pecios del naufragio. El más palmario es la ingente cantidad de
dinero público que la administración madrileña ha desviado desde los
primeros gobiernos de Esperanza Aguirre a empresas privadas y UTEs para
explotar el inagotable filón de la Sanidad. Se trata de un sector inmune
a las punzadas de las crisis: tiene asegurada la clientela, los
enfermos; vive de la financiación autonómica, se beneficia de las listas
de espera en una sanidad pública desmantelada, y está en constante
revalorización gracias a su componente especulativo y a los recortes de
material y de las condiciones laborales. La rentabilidad siempre está
garantizada para unas corporaciones que pueden optar por un menú a la
carta: construir hospitales, gestionar hospitales o solo servicios
exteriores, y vender o revender activos, a menudo sin pagar impuestos en
España.
Aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz
Ayuso, exhibe a los cuatro vientos las donaciones altruistas y las
respuestas ultrarrápidas a la emergencia y el compromiso social de
algunas de estas empresas, para expertos como Marciano Sánchez Bayle,
pediatra durante 46 años y portavoz de la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública, el deterioro que ha sufrido el
sistema público de salud con las privatizaciones es incuestionable:
“Madrid es la única comunidad del mundo que después de abrir once
hospitales tiene menos camas disponibles por habitante que antes de su
inauguración. Ayuso lo sabe y la prueba es que, en el momento álgido de
la epidemia, el ejército tuvo que abrir una instalación muy precaria,
sin UCIs, en una feria de exposiciones”.
Desde la puesta en funcionamiento de la privatización sanitaria en 2001 se han perdido más de 3.000 camas
Los datos son irrebatibles. Madrid es la comunidad peor
preparada de España para enfrentarse a una crisis sanitaria. Por número
de camas totales –2,7 por cada mil habitantes frente las 3,7 que tiene
Aragón o las 5 que presenta la media europea– y por el número de
personal sanitario, 3.000 trabajadores menos desde 2010. Destaca la
reducción de camas registrada por los hospitales públicos desde la
puesta en funcionamiento de la privatización sanitaria en 2001: más de
3.000, pese al aumento demográfico experimentado con la inmigración.
“La colaboración público-privada de la que tanto habla
Díaz Ayuso es propaganda, publicidad. Sólo el 10% de los ingresos
hospitalarios por coronavirus se derivaron al sector privado mientras
todos veíamos que las urgencias y las UCIs del Gregorio Marañón, La Paz,
etcétera, estaban colapsadas”, señala Sánchez Bayle.
IFEMA, buque insignia y metáfora de los negocios del PP
madrileño con sus empresarios amigos, ha sido la respuesta “milagro” de
la Comunidad de Madrid a la pandemia. A Guillén del Barrio, enfermero de
urgencias del Hospital la Paz y delegado sindical del Movimiento
Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS), le han crucificado por
criticar los masivos recortes que ha realizado el PP madrileño y por
denunciar el mercadeo en el que ha convertido la sanidad. Para él, como
para Marciano Sánchez Bayle, “el hospital del IFEMA es la muestra de un
fracaso, del descalabro de un modelo que sólo ha beneficiado a fondos de
capital y empresas de infraestructuras”, asegura.
Esta obra de arquitectura privatizadora invita a bucear en
los libros de historia. El modelo, que se ha replicado y extendido por
todos los circuitos del sistema, nace en los felices tiempos
inmobiliarios de José María Aznar. En 2003, cinco de las diez empresas
constructoras con mayor capitalización bursátil de Europa eran
españolas. Todas ellas han entrado en el sector sanitario para
diversificar riesgos y ampliar mercados. ACS sigue a la cabeza y
dirige guarderías, servicios de limpieza y restauración de hospitales,
residencias para mujeres y personas sin hogar, centros de día para
personas discapacitadas, además de emplear a miles de cuidadores de
ayuda a domicilio no sólo en Madrid sino también en Barcelona.
España gasta un 9% de su PIB en Sanidad. De ese porcentaje, casi tres de cada diez euros se mueven en el sector privado
Mientras la sanidad pública se despedazaba de forma
sistemática, los beneficios del negocio sanitario privado en España no
dejaban de crecer, y hoy son la envidia de las empresas europeas. España
dedica un 9% de su PIB a Sanidad. Y casi tres de cada diez euros se
mueven en el sector privado. Según el informe de la Fundación IDIS, la
patronal del sector español, el peso del gasto sanitario privado sobre
el gasto sanitario total es uno de los más elevados (28,8%) de Europa,
por encima de la media de la OCDE (26,5%), muy por encima de países como
Holanda (19,0%) y Francia (17,1%), y casi duplicando el de Alemania
(15,4%). Este estudio, publicado en 2019, calcula que el mercado
sanitario privado movió en España 28.858 millones de euros en 2016.
En el mercado de la sanidad privada madrileña conviven
ilustres constructores españoles que adoran los paraísos fiscales,
grandes grupos sanitarios extranjeros y fondos buitre. Sacyr vendió su
49% de los hospitales de Coslada y Parla a un fondo de inversión del
Lloyds Bank que luego compró el de Arganda. Florentino Pérez construyó
el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda a cambio de gestionarlo,
antes de venderlo a otro fondo, éste holandés, llamado DIF Capital
Partners, que poco tiempo después lo traspasó por 300 millones de euros
al gigante financiero Brookfield, socio preferente del presidente del
Real Madrid en sus inversiones por España, Europa y Latinoamérica. Una
sospechosa pescadilla que se muerde la cola. “La gestión sanitaria de
Madrid no es una privatización sino un fraude”, afirma rotunda Rosa
Medel, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso
y oftalmóloga desde hace 35 años en el Hospital Universitario Doctor
Peset de Valencia.
El confinamiento ha servido a esta diputada para
profundizar en su estudio del modelo sanitario madrileño: desde que
Esperanza Aguirre tomó la decisión, ya antes del Tamayazo, de
engrasar el negocio sanitario privado con dinero público, “se han
empleado tres tipos de privatizaciones”, resalta Medel. La más común es
la que se conoce en España como concesiones de obra pública en sanidad
(oficialmente PFI, por su nombre en inglés) y afecta por ejemplo a los
centros de Majadahonda, Coslada y Arganda.
También al Infanta Leonor de Vallecas, que estará en manos
del fondo holandés DIF Capital Partners hasta 2035; y al Hospital del
Tajo de Aranjuez, construido bajo el mandato de Aguirre en 2007 y hoy
gestionado por Assignia Infraestructuras, de la que fue asesor el
controvertido ex consejero madrileño de sanidad, Manuel Lamela, quien,
como Aguirre, está investigado en el caso Púnica.
Finalmente, está el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, construido y gestionado por Acciona,
una de las empresas españolas de referencia en los sectores de
infraestructuras y energías renovables. Rosa Medel calcula que todas
estas operaciones “han costado a la ciudadanía entre 7 y 8 veces más de
lo que hubiera supuesto su construcción y gestión pública”.
Otro patrón de privatización seguido en Madrid es la
fórmula de la colaboración público-privada (CPP), fuertemente impulsada
en tiempos de Aguirre para abrir en canal el sector sanitario al mercado
libre. Los servicios son gestionados por empresas privadas con
contratos de explotación de 30 años, lo que supone un sobrecoste anual
para las arcas públicas cercano al 15%.
Es el caso de los hospitales de Valdemoro, Torrejón, el de
Collado Villalba y el de Móstoles-Rey Juan Carlos, un complejo de
94.000 m2 que supuso un negocio redondo para la constructora OHL,
propiedad del marqués de Villar Mir, buen amigo del rey emérito y
símbolo de las puertas giratorias del franquismo a la Transición y la
democracia.
De Publio Cordón a Fresenius, el gigante corrupto alemán
Pero si hay un modelo sofisticado para ganar dinero ese
es, sin duda, el que se aplicó en la Fundación Jiménez Díaz –donde
ingresaron Esperanza Aguirre y su marido para ser tratados de la
covid-19–, cuya gestión se concedió a la empresa IDC Salud, que hoy
opera bajo la marca Quirón Salud.
Quirón Salud es el holding que mejor resume el
auge, la burbuja y el pelotazo que ha vivido la sanidad privada en
España durante los últimos 20 años. Fue fundada en Zaragoza a mediados
de los años 50 por el médico Publio Cordón, secuestrado en 1995 por los
Grapo. Tras pagarse el rescate, el empresario nunca apareció, y su
familia mantuvo el control del grupo –su mujer, Pilar Muro, era la
presidenta, y la hija, María Cordón, la consejera delegada– hasta 2014,
cuando el fondo británico CVC Capital Partners compró el 61% de la
compañía a otro fondo, Doughty Hanson, por 1.500 millones de euros.
Quirón Salud es la empresa que mejor resume la burbuja y el pelotazo que ha vivido la sanidad privada en España en los últimos 20 años
Antes de vender, CVC, el fondo dirigido en España por
Javier de Jaime, que es consejero de PRISA desde 2017, había comprado
para Quirón cuatro grupos hospitalarios más, entre ellos las dos
clínicas Ruber de Madrid por 150 millones de euros, y cuatro sociedades
de prevención: Muprespa, MC Mutual, Mutua Universal y Fremap, por unos
180 millones de euros. A finales de 2016, CVC liquidó su parte
–embolsándose unas plusvalías de al menos 2.600 millones en solo dos
años– a la multinacional alemana Fresenius, por un total de 5.760
millones de euros.
En la venta al gigante alemán, el entonces CEO de Quirón
Salud y hoy presidente no ejecutivo, Víctor Madera, recibió 6,1 millones
de acciones valoradas en unos 400 millones de euros. Madera es un
médico ovetense al que la prensa afín llama el mago de la sanidad
privada y que colecciona castillos y palacios. El crecimiento de las
ventas de Quirón Salud en los últimos años ha estado por encima del 5%
anual, según el grupo alemán. Entre enero y junio de 2019, la
facturación de Helios Spain (la sociedad que gestiona la actividad de
Fresenius en España) creció un 7% hasta 1.668 millones de euros.
Ese mismo año, varios trabajadores del Hospital General
Villalba (HGV) denunciaron sus malas condiciones laborales: “Las/os
enfermeras/os ganan unos 1.100 euros mensuales netos, cuando en el resto
de hospitales de gestión pública del SERMAS, del que forma parte el
HGV, superan los 1.500”. “La empresa intensifica la explotación de
las/os profesionales obligándoles a doblar turnos… Así genera Quirón
Salud sus ganancias: menos profesionales y peor retribuidos”.
Según los trabajadores, “existe una posición ventajosa
para los hospitales que Quirón Salud tiene en la Comunidad de Madrid,
que deriva de los Pliegos y Convenios que firmó con la Consejería de
Sanidad, permitiendo ingresar a pacientes de otras zonas, y facturando
después con enormes márgenes a la Consejería de Sanidad por esta
atención sanitaria extra”.
El comunicado resumió también la estrategia empleada
durante años por la Comunidad de Madrid para beneficiar a las empresas
que comercian con la salud y dejar inerme a la sanidad pública: “En
tiempos de Esperanza Aguirre se intensificó la privatización sanitaria
incrementando la transferencia de fondos públicos a manos privadas. Para
ello se centralizaron y privatizaron las citas sanitarias en un único
Centro de Atención Personalizada (CAP), el conocido como Call Center. Desde
el mismo se desvían consultas, pruebas e intervenciones de pacientes a
los hospitales privados, pues se les dice que en sus respectivos centros
públicos hay mucha lista de espera. Los pacientes esto no lo pueden
confirmar, y ante esperas inasumibles contestan afirmativamente a la
propuesta del CAP, terminando en los hospitales de gestión privada como
el HGV, el Rey Juan Carlos, la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital de
Valdemoro. Cuatro hospitales que casualmente tienen un mismo dueño,
Quirón Salud / Fresenius”.
Fresenius es el principal operador sanitario de España. En 2017 fue puesto en el ojo del huracán de la justicia de EE.UU. por practicar sobornos en 17 países
"De esta manera, los fondos públicos que terminan
recibiendo estos hospitales pueden duplicar las cantidades que declara
la Consejería de Sanidad en sus presupuestos anuales. Así lo reflejó la
Cámara de Cuentas en su último informe de 4 Marzo de 2019: “Mientras en
la mayoría de los hospitales públicos del Grupo 3, en el periodo
2010-2014, los gastos disminuyen en torno a un 10%, los de la Fundación
Jiménez Díaz (hospital concesionado) se incrementan un 23%”.
Irónicamente, Fresenius, que es hoy el principal operador
sanitario de España, tiene un pasado tan poco saludable como el de otras
multinacionales alemanas. En 2017 fue colocada en el ojo del huracán de
la justicia de EE.UU. por practicar sobornos sistemáticos en 17 países.
El regulador bursátil estadounidense, la SEC, acusó a Fresenius de
haber corrompido a médicos y otros responsables sanitarios entre 2007 y
2016 para que crearan unidades de tratamiento de afecciones renales que
luego debían adquirir los productos de diálisis que ellos fabricaban. El
escándalo fue enterrado con un acuerdo extrajudicial. Fresenius pagó
una multa de 207 millones de euros.
Arriba, los directivos de Fresenius. Abajo, los cofundadores del fondo DIF Capital Partners, Menno Witteveen y Maarten Koopman.
Gay Talese escribió que Sinatra con un resfriado es como
Picasso sin pintura, pero peor. Tirando de este hilo surge una pregunta.
¿Qué sería de Isabel Díaz Ayuso sin estas grandes corporaciones? Tras
la misa con lágrimas negras, Ayuso se subió a un food truck
para repartir bocadillos de calamares en la verbena que organizó en el
improvisado recinto hospitalario del IFEMA que se disponía a clausurar.
Pero allí, los mismos médicos, enfermeras y auxiliares que durante mes y
medio curaron a 3.800 personas la recibieron al grito de “Sanidad
pública”, “Queremos tests” y “No nos representas”. La reacción de la
presidenta fue aplaudir a los manifestantes que la censuraban y sacarse
fotos tras las pancartas ante la mirada atónita de una multitud de
invitados. Ella, en cambio, dio la sensación de disfrutar como una niña
jugando en el barro.
Su discurso fue un canto al libre mercado y a la
colaboración público-privada. Una proclama que para sus detractores no
deja de ser una arenga simplona que trata de ocultar uno de los mayores
fracasos asistenciales que se recuerdan. Y con unos resultados
dramáticos. Con la economía tendida en la lona, el desempleo disparado y
las trompetas del miedo sonando a las puertas de las grandes empresas
beneficiadas, su Gobierno ha comenzado a mirar la reconstrucción con
temor, y trata de levantar diques que sostengan la privatización del
sistema sanitario y residencial que su partido aplica como un mantra.
¿Cómo lo está haciendo? “La primera fase ha sido legitimar
la función social de la gran empresa, el supuesto motor de esa ecuación
neoliberal que conforman riqueza, empleo, crecimiento, progreso y
desarrollo”, advierte Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL) e investigador sobre la
relación entre el neoliberalismo y la pobreza. “El ejemplo es la
publicidad que hacen de las donaciones de materiales y equipos
sanitarios que realizan corporaciones como El Corte Inglés, Orange, la
Fundación Amancio Ortega, el Real Madrid, Repsol, el BBVA, Telefónica,
Iberdrola, etc. Esto no deja de ser un contraataque para adelantarse a
las críticas de esa colaboración público-privada que defiende el PP”,
explica el experto.
Residencias mortales
La estrategia persigue blanquear la imagen de un negocio
al que la pandemia ha situado contra las cuerdas. El paradigma son las
residencias de mayores, intervenidas por el Gobierno después de que la
ministra de Defensa y numerosos testigos y familiares describieran lo
que sucedía como un espanto.
El piloto rojo estaba activado antes de la llegada del
virus pero la Comunidad miró hacia otro lado. Y hay más casos, la
mayoría reportados en instalaciones cedidas por el Gobierno autonómico a
fondos buitre y a la crema del sector de infraestructuras español.
Junto al suculento negocio, el rastro de víctimas es estremecedor: al
menos 5.860 muertos, por el momento. La Fiscalía está investigando a más
de sesenta residencias privadas o concertadas en Madrid por homicidio
imprudente y otros delitos.
Ayuso ha tratado de salir del embarazoso barrizal de los
asilos transformándolo en artillería pesada contra el gobierno central,
al que la presidenta madrileña acusa de “mirar hacia otro lado” y de no
haber hecho “absolutamente nada” para revertir la situación.
Su acto de contrición más destacable ante lo sucedido se
limitó a prometer “planes de atención integral” para mejorar el
servicio, a realizar un “seguimiento sociosanitario” y a “intensificar
el cuidado” de los usuarios.
El sociólogo Guillermo Fernández, autor del libro Qué hacer con la extrema derecha, explica
así la táctica de Ayuso: “Ideológicamente tiene un cierto parecido a
Rocío Monasterio y a Vox, en cuanto a la cultura del enfrentamiento y la
visualización de símbolos como la bandera, el himno, y la exaltación
emocional de una nación herida unida contra un virus. Pero, sobre todo,
le veo gran similitud con Esperanza Aguirre porque, al igual que hizo la
ex presidenta, ha logrado convertirse en una de las cabezas de la
oposición al Gobierno central hasta el punto de que cuando habla en la
Asamblea quien le responde es Pedro Sánchez en el Congreso”.
No es de extrañar que, en este caldo de acritud
partidista, Díaz Ayuso parezca mucho más temible y astuta de lo que
pensaban sus detractores.
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