El colegio concertado Juan Pablo
II de Alcorcón equipara en una carta la ley contra la LGTBIfobia
aprobada en la Comunidad de Madrid al “fanatismo musulmán”.”El parecido
con el fanatismo terrorista es inquietante”, concluye la misiva, firmada
por el director del colegio, Carlos Martínez, y enviada a las familias a
modo de bienvenida al centro. “En el fondo -añade-
el islam o la ideología de género
no son más que otros programas humanos, como enseña Juan Pablo II, y
son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso. Eso es lo que
deberíamos enseñar a nuestros hijos sin ningún complejo”.
Tras realizar un repaso por algunos atentados que han golpeado a
Europa, la carta, con evidentes tintes islamófobos, reprocha a la
derecha, en este caso al PP de Cristina Cifuentes -sin citarla
expresamente- la obligación de educar sobre la diversidad sexual que
recoge la norma: “Nuestros políticos más cercanos, aquellos que deberían
defender la familia y nuestras raíces cristianas, ocupados en complicar
las cosas con legislaciones tan absurdas como la reciente Ley de
Ideología de Género […] Qué barbaridad prescindir de la verdad natural
del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los
hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien
piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones!”.
Entre las medidas referidas a educación, la ley establece que los
currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid, respetando
los currículos básicos, deberán contener pedagogías adecuadas para el
reconocimiento y respeto de las personas LGTBI. Además, la Comunidad
elaborará, difundirá e implantará entre todos los centros educativos,
públicos y privados, protocolos que permitan detectar, prevenir y
corregir acciones de
discriminación o acoso hacia menores LGTBI;
y en los centros educativos se desarrollarán, a lo largo de cada curso
escolar, acciones de fomento de la cultura del respeto y la no
discriminación de las personas basada en la orientación sexual e
identidad o expresión de género.
La Consejería de Educación ha asegurado que no comparte el contenido
de la carta y ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un
informe para comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa
vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese,
proceder a la apertura de un expediente sancionador. “Manifestaciones de
este tipo no contribuyen al buen
entendimiento, respeto y tolerancia
que son necesarios para el desarrollo de un buen proyecto educativo”,
afirma la Consejería, que hasta el momento no ha recibido “ninguna
denuncia, reclamación o queja sobre el contenido de la carta ni sobre el
funcionamiento del centro por parte de las familias de los alumnos”. El
centro, financiado con fondos públicos, separa a los menores por
sexo. El director del colegio, preguntado por este periódico, ha
declinado hacer ninguna valoración.
El colectivo Arcópoli, que ha exigido a la Comunidad de Madrid que
revise el concierto, asegura haber intentado en varias ocasiones, sin
éxito, reunirse con la Secretaría del centro para analizar la forma de
implantación de la ley. “También nos hemos puesto en contacto con la
Comunidad de Madrid para expresar nuestra preocupación ante la situación
del alumnado LGTB en este centro sufragado con dinero público, ya que,
supuestamente, según alumnos que se han puesto en contacto con Arcópoli,
el único mensaje que se transmite acerca del colectivo LGTB es que
la homosexualidad es una enfermedad y que
es posible curar a los homosexuales“,
denuncia en un comunicado. “La libertad religiosa no permite que
cualquier religión pueda adoctrinar en sus colegios a sus estudiantes en
contra de la Constitución, de la Organización Mundial de la Salud y de
las leyes emanadas de los Parlamentos. Preocupante precedente tendríamos
si permitiésemos a una religión adoctrinar en los colegios en contra de
las leyes españolas”, añade Arcópolis.
“Vulnera no sólo los principios democráticos en los que debe
establecerse la educación de alumnos y alumnas, sino que atenta contra
los derechos constitucionales en sus principios más básicos e
imprescindibles”, expresa en una nota el grupo Ganar Alcorcón, que pide
igualmente al Gobierno regional que no establezca conciertos con
colegios que defiendan prácticas
antidemocráticas y emprenda “las
acciones legales oportunas“.
También exigen al alcalde, David Pérez (PP), que muestre su repulsa a
la carta, que exija una rectificación pública y que anule y evite
convenios con este centro: “Que pagamos con dinero público en sus
enseñanzas obligatorias, como el convenio para la realización de las
prácticas de FP en diferentes especialidades en el Ayuntamiento de
Alcorcón”.
Pérez, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, fue multado
por su partido por ausentarse la votación de la Ley contra la
LGTBIfobia. Y, con los votos de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos y Grupo
Mixto, fue reprobado el pasado verano por el pleno del Ayuntamiento de
Alcorcón por sus reiterados incumplimientos de las proposiciones
aprobadas en materia LGTBI.