Un 40,9% de la población votaría por la República y un 34,9% a favor de la monarquía en caso de referéndum
Las personas indecisas serían clave en una hipotética consulta. La población cree que, si se preguntase, la monarquía sería la opción más votada. El Salto y 15 medios de la Plataforma de Medios Independientes publican la mayor encuesta sobre la monarquía realizada en el mandato de Felipe VI.
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Alcorcón asomó en los medios de comunicación hace un par de años por un problema de residuos: los colchones se acumulaban por todo el municipio, de 170.000 habitantes. Junto a los contenedores, en las aceras o en los puntos limpios, donde formaban montañas. La situación era tan estrafalaria que el alcalde de entonces, David Pérez García (PP) llegó a especular con una conspiración izquierdista para sembrar el municipio de somieres y así restarle apoyos. En la ciudad operaba entonces una empresa pública de basuras disminuida, con el personal desmoralizado y con un funcionamiento anquilosado. Terreno abonado para el discurso privatizador de los últimos 30 años.
La situación llevaba tiempo enquistada. Fundada en los 90, la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa) ya había lidiado durante el mandato de los populares con un intento de privatización de la recogida de vidrio que originó una dura huelga. Era 2014 y en el comité de empresa había asomado Jesús Santos, un treintañero peleón que llevaba más de una década en la compañía y que había hecho ruido tras salir elegido en el comité por la CGT, rompiendo el duopolio de UGT y CC OO. Seis años después, Santos es teniente de alcalde por Ganar Alcorcón, en coalición con el PSOE, y presidente de Esmasa. También es coordinador de Podemos en la comunidad de Madrid. Pero sigue siendo basurero, y a ello dedica el grueso de su tiempo.
Puede haber un deje de ironía en que un hombre salido del movimiento okupa y el anarcosindicalismo acabe encarnando uno de los relatos míticos del capitalismo industrial, ese que dice que se puede empezar de aprendiz y acabar de consejero delegado. Con obvios matices (Esmasa es una empresa pública y al presidente lo nombra el Ayuntamiento) el caso es que Santos antes iba en el camión de recogida y hoy es el patrón. Como tal, llega un jueves por la mañana a la sede de la empresa. Saluda a los empleados por el nombre y sube a la estrecha sala de reuniones para abordar una de las nuevas iniciativas de la compañía, un plan de choque para limpiar los barrios uno a uno. “Esto estaba manga por hombro. Había toneladas de basura, para mí era una obsesión”, recuerda.
De los dos puntos limpios de Esmasa, el que está al lado de la sede separa ahora los residuos tecnológicos y ha establecido un mecanismo de trueque, de manera que si alguien deja una nevera antigua que todavía funciona, otro vecino la puede recuperar. El jueves por la mañana el trabajador de turno se llama Marcos. “Aquí no había organización. Simplemente, pasaban”, recuerda sobre la etapa anterior.
En cualquier empresa es complicado encontrarse al jefe por las instalaciones acompañado a un visitante y echarle en cara todo lo que está mal, pero en el taller, uno al que conocen por el apellido, Carrillo, habla con lo que parece genuino orgullo: “Hay que levantar esto para arriba como sea, y lo estamos haciendo”. El taller de Esmasa también estuvo cerca de ser privatizado, pero aguantó. Hoy se encarga del 90% de las reparaciones, todas a cargo del personal de la casa. Para el resto, se licitó un contrato en el que se favorecía que las empresas fuesen de cerca de Alcorcón. Santos asegura que el dueño de un taller fue a darle un abrazo cuando leyó el pliego de condiciones. Era la primera vez que una empresa pequeña podía meter una cuña en un contrato de ese tipo. Santos dice que el ahorro es de 250.000 euros.
Los conductores de los camiones de basura de Alcorcón llevan ahora unos teléfonos nuevos vinculados a una red interna en la que van actualizando la recogida conforme la realizan, lo que permite adaptar las rutas de recogida. “Esto es gestión del conocimiento”, presume Santiago Anes, funcionario y director general de servicios, fichado del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. “El único nuevo soy yo”, bromea. El siguiente paso es que la información se actualice automáticamente, tarea para la cual la ciudad ha logrado una subvención europea tramitada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El cambio no fue coser y cantar. En la plantilla hubo resistencias y algún despido. "Una cosa es creer en lo público, otra no querer ser eficiente. En el descontrol, hay una pequeña parte de la gente que vive muy bien”, reconoce Santos, que dice, no obstante, que la litigiosidad se ha reducido de más de 100 pleitos al año a siete u ocho. En la reunión de la mañana, una capataza evoca la caótica gestión de las bajas de la etapa anterior.
El plan del choque del jueves pone el foco en una zona del Ensanche. Amplias avenidas, bloques de edificios y espacios verdes, en una estampa similar a otras ciudades del sur de Madrid de rápido crecimiento. Por las calles hay más personal de limpieza que vecinos. Está la flamante máquina barredora eléctrica, están los sopladores de hojas, los desbrozadores, los limpiadores de grafitis. Por la cera solo se ve una pareja de mediana edad, Gregorio e Isabel. “Ahora hay que llevar gafas de sol, porque las aceras centellean”, se carcajea él. Más seria, Isabel rememora: “Era terrible, se tiraban los colchones apilados hasta 15 o 20 días. Aunque llamases”. “Había alcantarillas sin tapa, y con la hierba tan alta era un peligro”, apostilla Gregorio. La semana que viene, las cuadrillas irán a otro de los puntos marcados con chincheta roja en el mapa de la sede. A fecha de hoy, la comunicación de incidencias bajó un 80 por ciento, calcula la dirección.
El éxito aparente de la renovada Esmasa quiere aprovecharlo Santos para influir en el debate sobre la gestión de residuos de la comunidad. Entre el modelo de soterramiento y vertederos y el de reducción y revalorización de residuos, auspiciado por la UE, se entremezclan intereses empresariales y políticos. Alcorcón forma parte de la Mancomunidad del Sur, que incluye a 71 municipios. Tras las elecciones de 2009, la presidencia pasó a ocuparla Sara Hernández, la alcaldesa socialista de Getafe. Santos es vicepresidente. La nueva administración heredó un proyecto de ampliación del vertedero de Pinto por casi 60 millones de euros. “Si dedicásemos ese dinero a investigar en vez de a enterrar…”, lamenta el vicealcalde. En Alcorcón, de momento, apuesta por el compostaje, y a finales de julio firmaron un acuerdo con la Universidad Politécnica para un proyecto inicial en que se empleará la materia orgánica suministrada por el mercadillo municipal y los comedores escolares.
El cambio de tornas de Alcorcón ha llamado igualmente la atención de las grandes empresas del sector, como FCC, Urbaser u OHL, adjudicatarias del servicio en localidades de todo el país. “Hicimos un concurso pequeño para elaborar un mapa de las papeleras de la ciudad. En seguida llamaron de una de las grandes compañías para preguntarme, muy amablemente, en qué consistía”, cuenta Santos, que augura que la atención empresarial a este rival público irá en aumento. Mientras tanto, disfruta de la renovada sintonía con los vecinos. Durante los meses del confinamiento agradecieron la implicación de los trabajadores de recogida. “Nos mandaban hamburguesas, flores, tarjetas de felicitación”, asegura. Rosi, una empleada con 30 años de experiencia en la empresa, concluye, manguera en mano sobre una acera: “El cambio ha sido brutal”.
La Casa Real anunció este lunes que quien fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas se marchaba del país "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". Lo que la Zarzuela intenta hacer pasar por una cuestión de carácter personal es en realidad una polémica de altura sobre el origen de parte de su fortuna, incluidas las sospechas de que deriva de negocios irregulares y de que utilizó testaferros para esconderla en el extranjero.
Juan Carlos I en una imagen de archivo.
Sin embargo, a cuánto asciende la fortuna personal del rey emérito es un misterio. Desde su llegada al trono y hasta el pasado marzo, cuando su hijo le retiró la asignación en medio de la polémica por sus oscuros negocios, ha venido recibiendo un sueldo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En 2018 ese montante fue de 194.232 euros. Sólo desde 2015, tras el estallido del 'caso Urdangarin, la Zarzuela ofrece con restricciones información sobre los regalos institucionales —no los personales— que reciben los miembros de la familia real. Pero el patrimonio del actual rey y de su predecesor sigue siendo secreto.
La última cantidad atribuida a Juan Carlos I se eleva a 2.300 millones de millones de dólares —casi 2.000 millones de euros— según una estimación realizada en 2012 por The New York Times. El diario llegó a esa cantidad tras hacer "un promedio de cifras ya publicadas", según contó El Confidencial. En ese artículo, el diario estadounidense subraya que "sigue siendo un secreto" cómo Juan Carlos de Borbón "ha amasado su considerable riqueza personal".
En 2002, la ya desaparecida revista Eurobusiness había estimado el patrimonio del emérito en casi 1.700 millones de euros: 545 de fortuna personal y 1.136 de bienes familiares. Según contó El Mundo, el entonces embajador de España en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, envió una carta al director de la publicación calificando la cifra de "disparatada". "[La cifra] solo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto", escribió el diplomático.
The New York Times asegura en la citada información de 2012 que los bienes del ahora emérito cuando accedió al trono en 1975 eran "prácticamente" inexistentes. En 2013 trascendió la existencia de una cuenta en Suiza vinculada a la herencia de su padre, que falleció en 1993. Juan de Borbón dejó a sus hijos bienes y fondos por un valor de 6,6 millones de euros, de los que 2,2 habrían correspondido a Juan Carlos I, según publicó en aquel momento El Mundo.
Entonces, la Zarzuela aseguró que esa cuenta abierta en el país helvético, territorio considerado refugio de evasores fiscales, se había cancelado en 1995 y que el dinero se había destinado a pagar deudas. La difusión de la existencia de esa cuenta y el patrimonio del padre del emérito destruyó el mito de la pobreza de los Borbones por el exilio de Alfonso XIII, su abuelo, durante la Segunda República.
Precisamente una investigación abierta en Suiza sobre el origen de parte de su fortuna es lo que ha acabado poniendo a Juan Carlos I contra las cuerdas. El fiscal Yves Bertossa indaga si los 65 millones que el monarca donó en 2012 a la empresaria Corinna Larsen, con quien mantuvo una relación extramatrimonial, proceden de una comisión ilegal de 100 millones de dólares pagada por el Gobierno de Arabia Saudí en agosto de 2008 por supuestas gestiones para que empresas españolas hicieran las obras del AVE a la Meca.
El origen de esa investigación está en las grabaciones que en julio de 2018 publicaron OkDiario y El Español y en las que Larsen atribuye al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros. La conversación había tenido lugar en Londres en 2015 con el comisario jubilado José Villarejo, actualmente en prisión provisional por múltiples delitos, y el expresidente de Teléfonica Juan Villalonga.
Tras la publicación de estos audios hace dos veranos, el fiscal Bertossa inició una investigación y detectó el rastro de la supuesta donación a la empresaria tras unas pesquisas en los despachos de Arturo Fasana, gestor de fondos radicado en Ginebra, y el abogado Dante Canonica. Juan Carlos I había depositado previamente ese dinero en un banco a nombre de una fundación radicada en Panamá y administrada por Fasana y Canonica. Estos dos últimos y Larsen están siendo investigados por "blanqueo agravado" en ese país. Lo que trata de desentrañar Bertossa es la supuesta estructura que presuntamente pusieron en marcha para blanquear dinero de origen ilícito y esconder parte del patrimonio de Juan Carlos I.
Los testimonios incluidos en la investigación suiza publicados por varios medios de comunicación hablan de un monarca retirando cantidades exorbitantes de dinero periódicamente, de su abogado introduciendo maletines por el aeropuerto militar de Torrejón y de Larsen asegurando que el emérito disponía de una máquina de contar el dinero en Zarzuela.
Se desconoce por el momento si este es el único patrimonio que el padre del actual jefe del Estado guarda en el extranjero. No obstante, el Consejo Federal suizo rechazó la semana pasada bloquear cautelarmente sus fondos mientras se le investiga. El Ejecutivo suizo denegó la petición de Òmnium Cultural, que había reclamado la congelación de los activos.
La inviolabilidad que la Constitución consagra para los jefes del Estado hace que sea imposible perseguir penalmente a Juan Carlos I por los hechos anteriores a su abdicación en 2014. Es decir, en España no se puede investigar si el origen de su fortuna está en negocios irregulares. Pero el monarca sí debe responder por los hechos ocurridos tras su salida del trono aunque solo ante el Supremo, tribunal ante el que está aforado.
En esa etapa en la que se centra la Fiscalía del Alto Tribunal, que estudia desde el pasado junio si existen indicios suficientes para abrir una causa contra él tras la investigación que se empezó en Suiza. Lo que un grupo de fiscales especializados dirigidos por Juan Ignacio Campos trata de "delimitar o descartar" es si cometió blanqueo de capitales en los movimientos de dinero o delito fiscal al no informar a Hacienda de sus rentas en el extranjero.
De ahí la relevancia del documento que la Agencia Tributaria remitió en septiembre de 2018 a la Audiencia Nacional y en el que informaba de que Juan Carlos I nunca había declarado tener cuentas bancarias en el extranjero. El entonces juez del caso Villarejo, Diego García Egea, solicitó a la Agencia Tributaria esa información en el marco de la pieza 5 de la causa, la que investiga unas grabaciones entre el policía encarcelado y Larsen en las que esta atribuye distintos hechos delictivos al rey emérito, entre ellos fraude fiscal. Cuando recibió la contestación, el juez archivó esa pieza por lo que el informe no trascendió.
La existencia de ese documento quedó revelada en el auto del actual juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, por el que pasado 27 de julio ordenó la reapertura de esa pieza separada, archivada entonces por ausencia de indicios sólidos y porque otros que constaban contra el emérito quedaban sepultados por la inviolabilidad que protege a Juan Carlos I en todo lo anterior a su abdicación en 2014.
Este sábado día 4 de julio hemos conocido la noticia de la agresión y rotura de la Placa en Homenaje a los Abogados de Atocha situada en el parque que lleva su nombre en Alcorcón. Desconocemos las motivaciones de quienes han vandalizado y destrozado la placa.
Pero ya se trate de un acto de incivismo e ignorancia, o de un deliberado intento de humillar la memoria de los Abogados de Atocha, no merecen sino la repulsa y desprecio de la sociedad democrática de Alcorcón. Si hay alguien que pretende atentar contra la memoria democrática de nuestro pueblo va a tener en frente a la sociedad trabajadora y organizada de nuestra ciudad.
Alcorcón es una ciudad con memoria y que sabe lo que son las nubes negras del fascismo, una ciudad que no va a dejar pasar a aquellos que pretenden romper nuestra convivencia con su odio hacia el diferente, porque es una ciudad sana y plural. Una ciudad que precisamente a través de este parque y de esta placa reconoce el papel fundamental que jugaron los Abogados de Atocha y los miles y miles de trabajadores y trabajadoras anónimas que dejaron sus fuerzas e incluso sus vidas por una sociedad más justa.
Desde la Unión Comarcal Oeste de CCOO y el núcleo del Partido Comunista de España de Alcorcón condenamos el destrozo de la placa que se ha producido y exhortamos al Ayuntamiento de nuestra ciudad a su reposición, al que ofrecemos nuestra colaboración.
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Fueron miles de personas las que, tras ser detenidas, pasaron por las dependencias siniestras de la Brigada Político-Social y sometidas a salvajes torturas. No eran casos aislados
Con el confinamiento más duro de Europa occidental, la sociedad española ha sido unánime respecto a la necesidad del encierro. Ninguna discusión, ninguna salida de tono
El gobierno ha sido convertido en el responsable absoluto: objeto de ataque o defensa, según la lógica simplista de izquierda y derecha
