Convoca: Agrupación Republicana de Coslada
(ARCO), Asociación Pablo de la Torriente Brau, Ateneo Republicano de
Villaverde, Coordinadora 25S, Coordinadora Antifascista de Madrid,
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba (Madrid), Iniciativa
Comunista, IU-Meco, Izquierda Anticapitalista, Juventud Comunista de
España (Marxista-Leninista) (JCE (M-L)), Izquierda Republicana, Partido
Comunista de España (PCE), Partido Comunista de España
(Marxista-Leninista) (PCE (M-L)), Partido Comunista de los Pueblos de
España (PCPE), Plataforma Republicana de Torrejón, Reconstrucción
Comunista, Red Roja, Republicanos, Unidad Cívica por la República, Unión
de Juventudes Comunistas de España (UJCE), Unión Republicana.
MANIFIESTO POR LA III REPÚBLICA
Este 14 de abril conmemoramos el ochenta y dos aniversario de la
proclamación de la II República. El Régimen instaurado en la Transición
estableció una Constitución coronada por una monarquía corrupta heredera
del Régimen más sangriento que ha conocido nuestra Historia, en la que
los derechos sociales son una tomadura de pelo, las libertades
fundamentales no están garantizadas y en el que galopa la corrupción
política, institucional y empresarial como en la Dictadura.
La crisis y la forma brutal en que la burguesía y sus gobiernos están
descargándola sobre las clases populares dejan al descubierto a qué
clase social sirvió y sirve todo este engranaje que tanto se han
esforzado en ocultar durante más de tres décadas.
Por si fuera poco, hace un año y medio, PSOE, PP y las derechas
nacionalistas, aprobaron una reforma constitucional que establece que
“el pago de la deuda y sus intereses tendrán prioridad absoluta sobre
cualquier otra partida de gasto”.
Ellos mismos y el capital al que representan son los que destinan
nuestro dinero a rescatar bancos, se llevan los capitales a paraísos
fiscales, evaden impuestos, y privatizan masivamente empresas y
servicios públicos.
Las actuales generaciones de jóvenes que no tienen más horizonte que
el paro, la precariedad, la ausencia de derechos laborales, de servicios
públicos y la represión claman con toda la razón contra unos pactos de
los que no formaron parte y reclaman su derecho a construir su propia
Historia.
Ahora, cuando se percibe con claridad que las clases dominantes
utilizan la crisis como coartada para arrebatarnos todo y dejarnos
reducidos a la categoría de esclavos, y en el que el movimiento popular
ha identificado con lucidez al Congreso de los Diputados como fuente de
las decisiones que nos aniquilan, la manifestación del 14 de abril, por
la III República, tiene una especial importancia.
Es hora de decir ¡Basta ya! y de ejercer nuestra soberanía como
pueblo. No vale lamentarnos por la destrucción de un “estado de
bienestar” que nuca tuvimos, ni es suficiente luchar sólo por unos
derechos que, quienes nos dominan, jamás nos darán. Es preciso saber que
no importa el partido que nos gobierne, sino la clase social que ejerza
el poder.
Es imprescindible unificar las luchas parciales en torno a un Programa compartido que incluya:
Derogación de la Constitución de 1978 y apertura de un proceso
constituyente que parta de la ruptura con la legislación e instituciones
del régimen y cuyo desarrollo contemple una consulta popular para
elegir libremente entre Monarquía y República. Salida de la OTAN y
desmantelamiento de las Bases. Separación absoluta de la Iglesia y el
Estado; por un Estado laico.
Nacionalización de la banca y de todas las empresas estratégicas como
energía, comunicaciones, transporte, industria farmacéutica básica,
etc. Todos los recursos naturales deben ser de propiedad pública.
Reforma agraria. Reforma fiscal progresiva. Educación, sanidad y
servicios sociales exclusivamente públicos. No a la financiación pública
de la empresa privada. Vivienda social pública y paralización de los
desahucios. Protección social completa para todas las personas
desempleadas. Igualdad de la mujer trabajadora.
Derecho de autodeterminación para todos los pueblos y naciones
oprimidas. Libertad de expresión, de reunión, asociación, manifestación y
acción política. Derogación de la Ley de Extranjería y plenos derechos
para todos los trabajadores extranjeros.
Contra la impunidad de los crímenes de la Dictadura. Anulación de las
sentencias de los tribunales fascistas. Verdad, justicia y reparación
para las víctimas del franquismo. Eliminación de toda la simbología
fascista en lugares públicos.
Libertad para todos los presos políticos antifascistas, comunistas,
anarquistas e independentistas y amplio indulto para los presos por
causas que tienen su origen en las desigualdades sociales. Derogación de
la Ley de Partidos. Disolución de la Audiencia Nacional, de los
tribunales militares y de los cuerpos represivos, así como depuración de
responsabilidades de los torturadores y de los implicados en la guerra
sucia.
Llamamos especialmente a la juventud, a las mujeres, a las
trabajadoras y trabajadores inmigrantes y, en general, a la clase obrera
y sectores populares a la lucha y la organización por estos objetivos.
Contamos para ello con la fuerza que nos da la memoria del heroísmo y la
dignidad de las generaciones que nos precedieron. Precisamente para que
no conozcamos de dónde venimos y de quiénes somos hereder@s pretenden
sepultar su memoria con vergonzosas Leyes y discursos que les equiparan a
sus verdugos.
ABAJO EL RÉGIMEN MONÁRQUICO. POR LA III REPÚBLICA
CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO
NO AL PAGO DE LA DEUDA. NI RECORTES, NI PRIVATIZACIONES. GOBIERNO DIMISIÓN
POR UN ESTADO LAICO
POR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
COORDINADORA REPUBLICANA DE MADRID
Todos los partidos coinciden en que la Monarquía española,
como el resto de instituciones, debe responder a ciudadanos más
exigentes con la transparencia. Sólo las formaciones más a la izquierda
se muestran partidarias de abrir ahora el debate Monarquía - República.
Los políticos no contemplan la abdicación, por cuanto es una decisión
del jefe del Estado, aunque sí el desarrollo de una ley sobre la Corona
El accidente del rey mientras participaba en una cacería privada en
Botswana de la que la Casa Real no había informado y todo el año
posterior, que se cumple en la madrugada de hoy a mañana (del 12 al 13 de abril),
ha marcado un punto de inflexión en la percepción que los ciudadanos
tienen de la Monarquía. Se ve en las encuestas que se publican en los
todos medios de comunicación -en donde el rey y la institución empiezan a
suspender por primera vez- y se vio en octubre de 2011 en la última encuesta en la que el CIS preguntó por la Monarquía y la sociedad contestó con un 4,89 sobre diez
sin precedentes, por más que la Casa Real tratara de convencer a la
opinión pública de que la valoración de la Jefatura del Estado había
mejorado en unas encuestas internas de La Zarzuela que, inexplicablemente, si se trataba de convencer a los españoles, se negaron a mostrar.
El CIS no volvió a preguntar por la Monarquía desde que, en octubre de 2011, suspendió con un 4,89
En el PP,
el partido del Gobierno que preside Mariano Rajoy,
la opinión es unánime en cuanto a la necesidad de adaptar la Monarquía y
el resto de instituciones a los nuevos tiempos, pero discrepan en
cuanto a que haya sido la cacería el detonante del desgaste de la imagen
del rey y la Corona. Para
Gabriel Elorriaga, diputado y presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, "la imagen pública de algunas instituciones básicas para el funcionamiento de nuestro país -no sólo de la Corona- se está
resintiendo
como consecuencia de la profunda crisis que estamos atravesando". El
parlamentario del PP cree que "lo determinante no es ningún
acontecimiento concreto, sino la intensificación del e
scrutinio público
y del nivel de exigencia". Pero Elorriaga, sin embargo, se muestra
convencido de que, aunque "a corto plazo es un reto complejo, bien
administrada, esta situación debería llevarnos a una actualización y
mejora del funcionamiento institucional de España".
Por su parte,
el diputado en la Asamblea de Madrid y responsable del Área Electoral del PP, Alfonso Serrano,
no cree que "sobre la Monarquía como institución, haya más debate que
el que ha habido en otros momentos", aunque reconoce que, siempre
"respetando el derecho a la intimidad de cualquier persona, la situación
económica y el drama que viven muchas familias hace que, quienes
tenemos responsabilidades públicas seamos
aun más ejemplares".
Serrano sostiene que "este episodio de hace un año en nada empaña la
extraordinaria labor que Juan Carlos I ha hecho, hace y -seguro- hará en
interés general de los españoles". La voz de este diputado autonómico,
como la del
portavoz adjunto de la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Grupo Parlamentario Popular (GPP) y
ex presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), Nacho Uriarte,
cobran más relevancia porque son dirigentes que no han vivido la
dictadura y, apenas durante la infancia, la Transición o el golpe de
Estado, por lo que representan al sector de la población que más ignora o
que menos se identifica con la institución monárquica. Uriarte ve algo
positivo en
el accidente real de Botswana, cuyo "hecho relevante supone, ante todo, un gran gesto de
disculpa y cercanía
del rey en un momento en el que se cuestionaba su actitud. En sí mismo
-calibra el diputado por Valencia-, ese gesto pone en valor a la persona
y contiene una gran
relevancia histórica". Entiende el
parlamentario que "es mucho más sencillo pasarlo por alto [el perdón
por parte del rey] y seguir poniendo el énfasis en los aspectos
folklóricos del tema, como que estaba de cacería en un safari africano para intentar desgastar la imagen de la Casa Real".
César Luena es miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y secretario general del PSOE de La Rioja. Generacionalmente, además, también pertenece al grupo de dirigentes políticos
postransición
y de jóvenes promesas de su partido ya con altas responsabilidades. El
portavoz adjunto del PSOE en el Congreso sí tiene claro que hay un punto
de inflexión en la percepción ciudadana sobre la Monarquía en el año
que va del accidente real a hoy, y "
por varias causas".
Así, por un lado, Luena señala "la grave crisis social, económica e
institucional en la que nos encontramos, que aumenta la exigencia de los
ciudadanos hacia las instituciones, más si ésta es la Jefatura del
Estado", pero se muestra crítico al confirmar que la Casa Real "ha ido
acumulando una serie de
errores en cadena", que
alimentan, "a su vez, la exigencia a la que me refería", de los
ciudadanos a las instituciones. Los socialistas confirman así su viraje
hacia
posiciones que, al menos, igualen a la Monarquía con las instituciones políticas, aunque aún siguen evitando hablar de
republicanismo abiertamente.
Desde CiU, sin embargo, son más tajantes, y se remiten a las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida: "Ahora no nos interesa el debate monarquía-república; nos interesa Catalunya",
aunque el catalán define a CiU como "un partido que nació republicano y
defendió la República ante la sublevación militar del 18 de julio del
36". El diputado catalán, igual que ha recogido en su carta semanal,
designa como "fecha histórica" la de la imputación de la infanta Cristina,
el 3 de abril. Duran cree que la Monarquía, "con el rey a la cabeza
debe ser consciente de que las cosas nunca serán en el futuro como en el
pasado" y advierte a la Casa Real de que han de "resolver los problemas
que tiene para asegurar su continuidad", así como
"someterse a los mismos controles y la transparencia que el resto de las
instituciones". "Que haga lo que tiene que hacer -insiste Duran-:
resolver sus problemas".
La
Izquierda Plural, por su parte, es unánime en sus posiciones: rechazo a
la abdicación y debate sobre la forma de Estado directamente, con
inclinación plena hacia la República. La diputada de Iniciativa per Catalunya (ICV), Laia Ortiz, lo transmite con claridad y reconoce, en primer lugar, que "éste ha sido el annus horribilis
de la Monarquía española", porque "el grado de irritación de la
ciudadanía ante las dificultades que atraviesa y la constatación de que
no todos los sectores de la sociedad están asumiendo las consecuencias
de la crisis económica en el mismo grado han hecho perder la paciencia a los ciudadanos,
que se sienten incapaces de tolerar más extravagancias por parte de la
Monarquía". Ortiz va un paso más allá y responsabiliza a "la sobreprotección de
algunos medios de comunicación, del mundo empresarial y de algunos
sectores de la política respecto a la Corona" de haber hecho que "el
contraste entre la imagen que se transmitió de la Familia Real, como
ejemplo a seguir por la ciudadanía, con la realidad fuera mucho más brusco". Por su edad, también la diputada por Barcelona representa a la generación postransición
con la que se identifican, en este caso, parte de los jóvenes de la
izquierda catalana que buscan otros valores democráticos, más allá de
las bondades del paso de la dictadura a la democracia en España y sus
renuncias u oscuridades.
Irene Lozano, diputada de UPyD,
y tal vez por su conocimiento de la profesión periodística -de la que
forma parte ahora en excedencia-, hila más fino y sostiene que el cambio
de percepción de los españoles con respecto a su Jefatura de Estado en
el último año "se ha dado, en primer lugar, en los medios de comunicación",
porque "la Corona ha dejado de estar protegida por la opacidad que se
le brindaba, silenciando informaciones poco convenientes. Cuando la
gente ha empezado a conocer ciertos comportamientos -subraya Lozano-, se
ha formado un juicio más aquilatado". Por su parte, el portavoz del PNV en la Comisión Constitucional del Congreso, Emilio Olabarría,
reconoce sin matices el punto de inflexión que, para la Monarquía, ha
supuesto el accidente de Botswana y los acontecimientos posteriores: "Es
una obviedad que ha existido ese punto de inflexión, no sólo provocado
por la circunstancia que se indica -añade-, sino por los avatares judiciales que afectan a determinados miembros de la Casa Real", asegura el parlamentario vasco.
Sobre todo, regeneración
El
grupo parlamentario que sustenta al Gobierno no concibe abrir el debate
monarquía - república, por cuando la Constitución de 1978 recoge la
monarquía parlamentaria como forma de Estado y, por tanto, un cambio
resulta "impensable". Para Uriarte (PP), es verdad que "las actuales
circunstancias invitan a diversas reflexiones sobre la
regeneración de la democracia y de las instituciones. Todos somos
conscientes -y especialmente nuestra generación- de que muchas
estructuras deben modernizarse de manera acorde a lo
que están viviendo otras estructuras sociales desde el impulso de la
globalización". Reconoce el joven diputado conservador que hay que
concienciarse de que, "además de los ciudadanos, los principales
beneficiados de adaptarse a ésta [la globalización]
serán siempre serán las propias instituciones". Sin embargo, el portavoz
de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo admite
también "las reformas que afectan al modelo de Estado deberían revisarse
desde la perspectiva de un proyecto en su conjunto y la Monarquía es parte fundamental de nuestro modelo constitucional".
"Desde mi punto de vista -argumenta-, creo que así debe seguir siendo y
me preocupa que algunas formaciones utilicen las críticas contra esta
institución como antesala de un cambio mucho más profundo del modelo de
Estado español".
Elorriaga (PP), por su parte, apela a una "Monarquía indisociable del modelo democrático
surgido de la Constitución de 1978 y que sigue constituyendo la mejor
garantía de la convivencia libre y pacífica entre los españoles".
Advierte de que los ciudadanos "hemos de tener presente siempre que las
constituciones son el reflejo de un compromiso político forjado
sobre múltiples renuncias a las aspiraciones máximas de cada una de las
partes que integran una sociedad" y, en este sentido, recuerda que "la
monarquía parlamentaria como forma política del Estado fue aceptada por
la inmensa mayoría, tal y como quedó recogido en el primer artículo de nuestra Constitución. Es impensable -descarta
contundente- que ni ahora ni en las próximas décadas pueda existir un
consenso análogo en torno a otra forma de gobierno para España". Con
todo, el presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas admite que "hace años que debería haberse aprobado la ley orgánica
de desarrollo que reclama la Constitución, no sólo para regular las
abdicaciones y renuncias -como expresamente está previsto -, sino
también para precisar mucho más el estatuto legal de los integrantes de
la Familia Real. Y, por supuesto -añade-, debe eliminarse de manera
inequívoca la preferencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria".
El
responsable del Área Electoral del PP nacional, por su parte, cree que
"la monarquía parlamentaria es el sistema que los españoles nos dimos a
través de la Constitución. Países que son ejemplo social como
Suecia o Noruega
tienen monarquías", recuerda Serrano y, más allá de las comparaciones,
considera "positivo que haya una institución que esté por encima del
debate ideológico y partidista y represente lo que nos une a todos".
Recuerda a los escépticos y contrarios a la Monarquía "que el papel de
embajadores ante el mundo
que hacen nuestros reyes sería imposible con otro sistema. Por ello, no
creo necesario o recomendable ni el debate ni el impulso de la
República, sobre todo -avisa-, recordando la
última experiencia española", en referencia a la II República (1931-1939).
Desde el principal partido de la oposición, el debate se ha de volcar por ahora en "introducir elementos de más transparencia,
como propone el PSOE, y con los límites de la seguridad del Estado
únicamente", según César Luena, esto es, equiparando a la Monarquía a
las instituciones políticas. En esta línea, también UPyD aparca el
debate monarquía - república ahora. Irene Lozano cree que, aunque "éste
también se puede suscitar (quizá en un momento más tranquilo),
el cambio urgente está en que la Casa Real sea transparente, esté libre
de corrupción y rinda cuentas de sus actos", enumera. Pero "si el jefe
del Estado fuera un presidente de República, pediríamos lo mismo", advierte la diputada por Madrid. Por su parte, el vasco Olabarría considera tan "legítimo" desarrollar
la ley orgánica sobre la Corona contemplada en la Constitución como un
debate sobre monarquía o república, pero recuerda que "el Estado español
es uno de los escasísimos Estados monárquicos que carecen de leyes
orgánicas que regulen el estatus de la Casa Real y, por ende, los
mecanismos de transparencia y buen gobierno que le afectan". Sobre si es
mejor un Estado monárquico o republicano, el diputado vasco cree que,
"como todas las cuestiones que requieren legitimación democrática, sería
la ciudadanía la que debiera ser consultada a esos efectos y su decisión, respetada", concluye.
En
este punto sobre la forma de Estado más conveniente, es Laia Ortiz
(ICV) la más contundente y, en coherencia con su ideario, reclama una
república, que "no es que ahora haya que revisarlo", sino que, "como
republicana,
nunca he dado por cerrado el debate sobre
la república". La diputada catalana recuerda que "desde ICV,
consideramos que la monarquía es una institución del pasado,
pre-democrática
y que no tiene sentido mantener". Además, "ante la situación de crisis
económica, social y democrática, también crece la exigencia de la
ciudadanía por unas instituciones transparentes, democráticas y que
permitan la participación activa en nuestro sistema, además de exigir
que
se recorten los privilegios". Ortiz asegura que "la
Monarquía expresa, precisamente, todo lo contrario. No es el momento de
perpetuarla, sino de hacer un debate en profundidad y, en mi opinión,
de ir
hacia la III República", remata.
